El BBVA ofrece a Competencia trato especial a las pymes y condiciones blindadas a los clientes para salvar su opa sobre el Sabadell
El banco presidido por Carlos Torres presenta a la CNMC una oferta de compromisos muy similar a las planteadas en la fusión de Caixabank y Bankia. El organismo presidido por Cani Fernández avanza para decidir si aceptar las promesas de la entidad vasca o prolongar el análisis a una segunda fase
El BBVA ultima el trabajo con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para intentar obtener luz verde a la opa sobre el Banco Sabadell de forma inminente, en una primera fase. Para ello, el banco que preside Carlos Torres ha presentado a Competencia unos compromisos muy similares a los que esgrimió en 2020 CaixaBank en la fusión con Bankia, según fuentes conocedoras del proceso. Se trata de las concesiones (remedies, en la jerga) a las que se compromete el banco para que la compra del Sabadell no dañe la competencia y reduzca los derechos de los consumidores. Para ello, el BBVA ha realizado un análisis centrado por códigos postales, con promesas específicas sobre las pequeñas y medianas empresas y de mantenimiento de las condiciones comerciales durante los próximos años.
La primera fase del análisis de Competencia sobre la opa del BBVA al Banco Sabadell se acerca a su final. Aunque la ley prevé un plazo de un mes para esta primera etapa, lo cierto es que los trabajos de la CNMC se extienden desde el mes de mayo, hace cinco meses. Lo sensible de la transacción y el carácter hostil de la misma han dilatado la decisión de este organismo. La presidenta, Cani Fernández, justificó la dilación el mes pasado en el Congreso de los Diputados por el hecho de que el banco opado apure al máximo los plazos dados para presentar la documentación sobre la oferta, así como a los problemas por comparar la información presentada.
En esta primera fase, el BBVA debe remitir a la CNMC su propuesta de compromisos en materia de competencia. Para su elaboración, el banco ha planteado una propuesta basada en el de la fusión entre CaixaBank y Bankia de 2020. Mantiene muchos de los puntos a los que se comprometió la entidad que pilota Gonzalo Gortázar. Esta entidad planteaba cuestiones como el mantenimiento de las cuentas básicas —que la ley ya obliga a que ofrezcan los bancos—, comunicar todos los cambios a los clientes durante los 18 meses siguientes a la transacción, así como mantener durante al menos tres años la presencia física en aquellos municipios donde la entidad fusionada no tenga competencia.
El análisis de hace cuatro años se basó en los códigos postales, en aquellos en los que solo estaban presentes CaixaBank y Bankia, unos 86. En ellos el banco resultante se comprometía a mantener las condiciones comerciales durante al menos tres años y no cobrar a los clientes de Bankia por las operaciones en ventanilla. En el caso del BBVA y el Sabadell los códigos postales afectados se reducirían a la mitad, 41. En algunos de estos aspectos el BBVA plantea unos compromisos incluso más duros que los de CaixaBank.
Además, CaixaBank se comprometía a mantener durante 18 meses los acuerdos de cajeros de Bankia, que en el caso del Sabadell se limitan a su integración en Euro 6000. Igualmente a vender determinadas participaciones en sociedades en conjunto con otros bancos cuando la participación resultante de la transacción se eleven por encima de los umbrales máximos que establezcan sus estatutos sociales. En el caso de la operación del BBVA y Sabadell, la entidad de Carlos Torres deberá vender parte de la participación en Redsys (una plataforma de pago virtual con tarjetas de crédito y débito), en la sociedad de medios de pago Servired y en la plataforma de transferencias instantáneas electrónicas Bizum.
A mayores, los trabajos del BBVA en este término se referirán específicamente al segmento de pequeñas y medianas empresas. Es el principal nicho de negocio de Sabadell y el aspecto más sensible en cuanto a competencia, por el miedo a que la reducción de competidores de cuatro a tres limite el acceso de las pymes al crédito. En este aspecto el BBVA se compromete a mantener las líneas de crédito de los clientes de Sabadell durante los 12 meses después de la oferta.
El BBVA considera que el ejemplo de CaixaBank y Bankia es perfectamente comparable. De hecho, habitualmente defiende que la suma de Sabadell no alcanza la cuota de CaixaBank en ningún mercado ni llega a los umbrales mínimos que establece la Comisión Europea para poner una transacción en cuarentena. Pero lo cierto es que la posición de partida del mercado bancario español está más concentrado que hace cuatro años. Si la opa sale adelante, tres bancos (CaixaBank, el Santander y el BBVA con el Sabadell) controlaría el 70% del mercado de préstamos y depósitos.
La situación será más grave en algunas Comunidades Autónomas, fundamentalmente en Cataluña, Comunidad Valenciana y Asturias. La patronal catalana de la pequeña y mediana y empresa, Pimec, se ha mostrado especialmente contraria a la opa. Un informe elaborado por este organismo apunta a que la entidad fusionada y CaixaBank sumarían el 74% de las oficinas en Cataluña. Calculan que el crédito se reduciría un 8%, por unos 54.000 millones. Paralelamente, la autoridad catalana de competencia ha analizado la transacción según el índice Herfindahl-Hirschman (IHH), que mide el grado de concentración en un sector y considera que hay riesgos para la competencia cuando da una cifra superior a los 2.000 puntos y un incremento de más de 150 puntos. La autoridad catalana apunta que la transacción elevaría la concentración de 2.289 a 2.888, con un aumento de 599 puntos.
En este punto, la CNMC deberá decidir si acepta los compromisos presentados por el BBVA y da luz verde a la transacción. O si considera que puede haber un potencial daño de competencia y, por tanto, prolonga el análisis en una segunda fase. Esto supone que la CNMC deba escuchar a todas las partes implicadas (competidores, asociaciones empresariales, de clientes, partidos políticos...) antes de emitir un dictamen. Y después, las condiciones que imponga, deberán ser avaladas por el Consejo de Ministros, que las puede ampliar. Todo este proceso prolongará la decisión, al menos, hasta verano.
“La CNMC continúa trabajando en el análisis de los posibles problemas de competencia que podría generar la operación de concentración en determinados mercados. El procedimiento continúa en su primera fase. En este momento, la tramitación tiene carácter confidencial”, indica un portavoz de la CNMC. Fuentes de BBVA, por su parte, han declinado hacer comentarios.
Entre medias está también el papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este regulador deberá decidir si dar su visto bueno a la transacción antes de que se pronuncie la CNMC, algo que puede ocurrir con la ley en la mano. Una vez esta institución dé el sí a la transacción, se abrirá un plazo de entre 15 y 70 días en el cual los accionistas del banco deban pronunciarse sobre si acudir o no a la oferta.
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