El informe Draghi pide el fin del veto a las fusiones de las ‘telecos’, pero Bruselas no tiene la culpa
El escudo antiopas y la presencia de los Estados en el capital impiden las uniones transfronterizas entre las grandes compañías de telecomunicaciones de la UE
El Informe para el futuro de la competitividad europea, encargado por la CE a Mario Draghi, expresidente del BCE, hace suya la principal reivindicación de los operadores de telecomunicaciones europeos, entre ellos los españoles: levantar el veto o las fuertes restricciones que imponen las autoridades de Competencia de la UE a las compras y fusiones entre compañías del sector. El informe alude a las dificultades de escala que tiene las telecos europeas para competir con los gigantes de EE UU o China, en los que el mercado se concentra en tres o cuatro grandes empresas frente a los centenares que se reparten el negocio en Europa.
“Es necesario facilitar la consolidación en el sector de las telecomunicaciones para generar mayores tasas de inversión en conectividad. La iniciativa fundamental es modificar la postura de la UE respecto de la escala y la consolidación de los operadores de telecomunicaciones para lograr un verdadero mercado único, sin sacrificar el bienestar del consumidor ni la calidad del servicio. Para fomentar la consolidación, el informe recomienda definir los mercados de telecomunicaciones a nivel de la UE (en lugar de a nivel de los Estados miembros) y aumentar el peso de los compromisos de innovación e inversión en las normas de la UE para la autorización de fusiones”, propone Draghi.
Una tesis que suscriben de principio a fin las principales compañías de telecomunicaciones, y entre ellas, las dos españolas más importantes, Telefónica y Masorange. Pero lo que tanto el informe del expresidente del BCE como las propias operadoras obvian es que el principal obstáculo que ha impedido las grandes fusiones transfronterizas entre las telecos europeas no son los recelos de Bruselas sino los escudos antiopas con los que han blindado los Gobiernos a estas compañías (que coinciden generalmente con los antiguos monopolios), y la participación accionarial, cuando no directamente el control, de la que disponen los Estados en las mismas. Es decir, que si Telefónica quisiera fusionarse con Orange o con Deutsche Telekom para crear una compañía asimilable en tamaño a los gigantes estadounidenses (AT&T, Verizon y T-Mobile) o chinos (China Mobile, China Unicom y China Telecom), el escollo primordial sería poner de acuerdo a los gobiernos de esos países para sacar adelante la operación. Las condiciones que luego decidiera imponer la Comisión Europea serían solo una dificultad añadida.
En efecto, la Comisión Europea se ha mostrado muy restrictiva en las fusiones en el sector, bien paralizándolas, bien imponiendo fuertes condiciones (remedies) para su autorización. Por citar solo ejemplos con empresas españolas implicadas, están la prohibición de la venta de O2 de Telefónica a Hutchison en el Reino Unido en 2016, o las excesivas exigencias de venta de redes y de activos impuestas a Orange para la compra de Jazztel o en la reciente fusión que ha dado lugar a Masorange.
Por eso, Draghi apuesta en las conclusiones de su informe para que “la regulación ex ante a nivel de país se reduzca en favor de la aplicación ex post de las normas de competencia en casos de abuso de posición dominante”. En otras palabras, que se aprueben por defecto todas las fusiones y que, solo después si se demuestra que hay distorsiones en el mercado, se impongan condiciones a esa unión. También propone armonizar las normas y los procesos de concesión de licencias de espectro radioeléctrico a escala de la UE y unificar el diseño de esas subastas en todo la Unión.
Una reivindicación hecha a la medida de los operadores españoles. La patronal DigitalEs no ha tardado en felicitarse por la iniciativa de Draghi y ha recordado que la UE cuenta con 48 grandes operadores de redes móviles y 351 operadores virtuales sin red (OMV) frente a los tres operadores con red de EE UU y 70 OMV, y los 4 y 16 de China, respectivamente. De acuerdo con los datos de DigtalEs, las empresas de telecomunicaciones en Europa tienen una base media de 4,4 millones de clientes frente a los 95 millones de las que operan en Estados Unidos y los 400 millones en China.
“Los principales operadores inversores en redes de telecomunicaciones europeos han ido abandonado los mercados nacionales europeos al no poder alcanzar una escala suficiente para obtener un retorno de sus costes e inversiones”, señala el director general de la asociación, Miguel Sánchez.
Blindajes nacionales
Pero el informe Draghi y las propias empresas del sector olvidan que, incluso por encima de las restricciones comunitarias a esas fusiones, se encuentran las limitaciones nacionales, tanto las legislativas como las que tienen que ver con la estructura del capital. En el caso español, el Gobierno dispone de un escudo antiopas que desplegó en plena pandemia del coronavirus para proteger a las empresas estratégicas como Telefónica, y que obliga a pasar por la autorización previa del Consejo de Ministros en muchos supuestos. Desde la compra de infraestructuras o tecnologías críticas, cuando suponga una inversión de más de 500 millones de euros, supere el 10% del capital en la empresa española o se participe en su toma de control. Bajo esa norma, se puede vetar, por ejemplo, la toma del 10% de Telefónica por el grupo saudí STC, que está pendiente de la autorización del Gobierno.
Además, los Estados siguen estando presentes en el capital de los mayores operadores de telecomunicaciones europeos, herederos de los antiguos monopolios. Deutsche Telekom está mayoritariamente en manos públicas, con un 27,8% del capital; el Estado francés controla Orange, con su participación del 23%; y el Gobierno italiano aprobó en 2023 tomar una parte de hasta el 20% en la empresa conjunta que posee la red de Telecom Italia. En España, el Estado ha vuelto al capital de Telefónica 26 años después de su completa privatización en 1997. Y lo ha hecho convirtiéndose en el primer accionista de la operadora mediante la compra del 10% de la multinacional por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que también ha entrado en su consejo de administración.
Cualquier gran fusión transfronteriza aunque contara con los parabienes de la Comisión Europea chocaría de frente con los Gobiernos nacionales. De hecho, nunca se ha producido ni siquiera un amago de una unión de este tipo. Lo más parecido fue el intento de fusión de Telefónica con la holandesa KPN en el año 2000, cuando era presidente de la compañía, Juan Villalonga, y que fue frenado en seco por el Gobierno de José María Aznar, más concretamente, por su ministro de Economía, Rodrigo Rato.
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