KPMG advierte de riesgos en la licitación de servicios de autobús por más de 25.000 millones
Administraciones locales y autonómicas afrontan concursos millonarios marcados por las renovaciones de flota y la dificultad de estimar los costes operativos
El transporte de viajeros en autobús está en plena ola de cambio tecnológico y operativo, en respuesta a la emergencia climática y la búsqueda de mayor eficiencia operativa y calidad del servicio, y las Administraciones locales y autonómicas se enfrentan a licitaciones de líneas, por miles de millones, no exentas de incertidumbres. La consultora KPMG ha hecho público un informe en el que se llama a actualizar y dar mayor solidez a los pliegos para evitar desequilibrios económicos en futuros contratos, atender a las nuevas exigencias normativas o a las tendencias del mercado de la movilidad. También se aconseja ejercer un mayor control sobre el cumplimiento de los términos de los servicios una vez adjudicados.
El sector del autobús, en el que conviven más de 3.000 licencias de operación y unas 1.400 concesiones repartidas por todo el país, espera concursos a corto y medio plazo con ingresos totales por más de 25.000 millones. Estos están siendo promovidos por comunidades autónomas y ayuntamientos de todo calado. La recomendación que KPMG ha trasladado a distintas administraciones, tras pulsar la opinión de las empresas, va en el sentido de reforzar la seguridad jurídica de los pliegos en contratos que tienden a ser de servicios subvencionados (obligaciones de servicio público), frente a las concesiones, y por un plazo de diez años. Uno de los objetivos es reducir la fuerte litigiosidad habitual en el sector.
La Comunidad de Madrid es punta de lanza en estos momentos a través del Consorcio Regional de Transportes, que tiene lanzado un proceso en el que se repartirán más de 8.000 millones en ingresos a través de una veintena de lotes. Su nuevo mapa concesional para la renovación de las líneas de autobús interurbano está en proceso de información pública hasta el día 30. El servicio, con más de 300 millones de usuarios al año, se presta en la actualidad a través de 36 contratos con vencimiento el próximo 1 de diciembre. La inversión aparejada a las futuras adjudicaciones se prevé en 7.000 millones.
Andalucía pondrá en juego tres lotes de contratos puente para renovar 120 concesiones por cinco años y un valor que rondará los 800 millones, para después acometer concursos por un volumen similar al del caso madrileño. Y los gobiernos de Cataluña y Castilla y León también tienen la necesidad de renovar sus servicios. De sus consultas con las operadoras de autobús, KPMG ofrece una veintena de pautas a las Administraciones para reforzar las bases de los concursos antes de su publicación, para el propio proceso de licitación y el periodo de prestación de los servicios.
La primera de ellas es la de la creación de un observatorio permanente de costes del transporte regular de viajeros. Su misión sería ofrecer visibilidad sobre las exigencias económicas de un modo que transita hacia las cero emisiones, terreno en el que la experiencia es aún limitada. También se aboga por la elaboración de un pliego tipo de cláusulas contractuales, por parte del Ministerio de Transportes, que sirva de base para los concursos, o por la consulta preliminar al mercado antes de la elaboración de los pliegos.
El informe de KPMG pone de manifiesto las dificultades que encuentran comunidades y ayuntamientos para realizar los estudios de viabilidad económica-financiera de unos servicios en plena evolución. De este modo, se aconseja a las administraciones prever hasta el último céntimo de los costes de subrogación del personal o de las medidas de descarbonización. Y se hace hincapié en la necesidad de regular posibles modificaciones de los contratos por cambio de circunstancias, incluido el avance tecnológico, y la revisión periódica de precios y de las tarifas.
Otras recomendaciones pasan por el establecimiento de criterios claros de temeridad en las ofertas, o de medidas para ofrecer mayor peso a las propuestas técnicas y evitar que los concursos acaben convirtiéndose en meras subastas. El equipo de KPMG cree indispensables cláusulas como la de reversión de la flota no amortizada, las que regulen la ultraactividad de los contratos y el establecimiento de bonus que incentiven la calidad del servicio junto a las habituales penalizaciones previstas cuando este está por debajo de lo estipulado.
La renovación de líneas interurbanas y urbanas coincide con el diseño, aún por aprobar, de un nuevo mapa concesional de líneas de larga distancia por parte del Ministerio de Transportes. La nueva red dejará en manos autonómicas una parte de las 77 grandes líneas que dependen de la Administración General del Estado. Se trata de rediseñar rutas pensadas muchos años atrás y que, en algunos casos, han perdido su sentido ante los movimientos de la población. El departamento que lidera Óscar Puente también sondea con el sector la posible liberalización de algunas de esas rutas. En este sentido, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomienda la apertura a la competencia de líneas de más de 100 kilómetros, tal y como apunta la Comisión Europea.
El nuevo pastel del transporte en autobús en España, basado en gran parte en contratos subvencionados y sin riesgo de demanda, está generando interés entre fondos de inversión y operadores extranjeros, que se suman a grandes concesionarias como Alsa, Avanza y Samar. Y en los últimos años también han sido recurrentes las peticiones de la asociación de empresas de transporte discrecional Anetra y de la compañía Flixbus para que el servicio entre grandes ciudades pueda prestarse en libre competencia.
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