Las telecos recogen cable: de la gran inversión en fibra a las alianzas para ahorrar costes
Las compañías sellan acuerdos a contrarreloj para compartir o vender sus redes y reducir las inversiones ante la falta de rentabilidad. Competencia tendrá la última palabra
Ya en 2017, José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, no se cansaba de repetir en todas sus intervenciones que gracias al esfuerzo inversor de las operadoras nacionales había “más fibra desplegada en España que en la suma del Reino Unido, Italia, Alemania y Francia juntas”. La sentencia no era exagerada. Las principales compañías de telecomunicaciones —Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil— se lanzaron a una carrera frenética por llevar la fibra óptica a las principales poblaciones, sustituyendo las obsoletas redes de cobre (y su derivada conexión a internet por ADSL) y de cable coaxial.
En las ciudades más pobladas se superponían hasta tres redes distintas de fibra. Ninguna compañía quería depender de otra para diseñar su oferta de banda ancha hasta el cliente final, por lo que invirtieron miles de millones de euros en tender su propia red que llegara hasta los hogares (fibra hasta el hogar o FTTH, por sus siglas en inglés).
La fiebre de la fibra óptica estaba servida. A finales de 2023, había 78,3 millones de accesos por fibra, es decir, líneas susceptibles de ser contratadas por particulares y empresas, que representan el 84% del total de accesos de banda ancha, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Solo Islandia, Japón y Corea del Sur superan a España en penetración de fibra.
No obstante, con cifras de finales de mayo pasado, el número de clientes que realmente tienen contratada la conexión a internet por fibra asciende a 15,3 millones de unidades inmobiliarias (hogares, oficinas y empresas). Es decir, hay mucha red sobrante. Los usuarios han cambiado gustosamente su instalación y los routers de su obsoleta conexión de ADSL o cable por los de fibra, pero los ingresos de las compañías no han crecido con ese cambio de tecnología. Al contrario, en la mayoría de los casos, los paquetes convergentes de fibra y móvil cuestan menos que hace cinco años, aunque hayan crecido las prestaciones (velocidad de subida y de descarga). Es decir, que los ingresos de las operadoras se han mantenido estables, cuando no han decrecido. Y como quiera que financiaron las inversiones para construir esas redes fundamentalmente con préstamos, la deuda y los costes financieros se dispararon. Así que las empresas han decidido que toca recoger cable, mejor dicho, fibra, para ahorrar costes y monetizar esas redes.
Telefónica, Masorange y Vodafone están decididas a aligerar la factura de la fibra compartiendo sus redes actuales y las futuras inversiones. El pasado mes de julio, se desvelaron sendos acuerdos entre Masorange y Vodafone, por un lado, y entre Telefónica y Vodafone, por otro. Y, a la vuelta de vacaciones, Telefónica y Masorange tienen previsto anunciar el tercero de estos acuerdos. Eso sí, las compañías han cuidado las formas, evitando la firma de un pacto tripartito y utilizando en su lugar pactos bilaterales —todos con todos, pero de dos en dos— para evitar que la autoridad de Competencia les acuse de concertación.
Ventajas e inconvenientes
La fórmula incluye la creación de sociedades “independientes” que agrupan estos activos de red, y están abiertas a la entrada en su capital de otros inversores financieros o institucionales (fondos de inversión, de infraestructuras o de pensiones). Esas empresas, denominadas genéricamente fibrecos o netcos, serán las que suscriban los acuerdos de uso de red a largo plazo con los dos operadores de telecomunicaciones accionistas, asegurándose unos ingresos estables. A su vez, también podrán sellar contratos de alquiler mayorista con otros operadores de telecomunicaciones alternativos.
Los operadores y las compañías que les asesoran tratan de vender que en este tipo de acuerdos todo son ventajas. Los firmantes se ahorran la cuantiosa y, en muchos casos, inútil inversión de tender dos redes distintas de fibra para una misma población. Además, la entrada en estas fibrecos de un tercer inversor financiero les asegura una inyección de fondos inmediata que contribuirá a reducir su abultada deuda. Y, en último caso, siempre pueden vender más capital o incluso desprenderse del fibreco entero y hacer más caja.
Pero este movimiento de externalización de redes también tiene sus inconvenientes. El primero es que las compañías de telecomunicaciones transforman un activo propio en un gasto recurrente. Y de tener que costear solo el mantenimiento de la red propia, pasan a pagar a un tercero un cuantioso alquiler a largo plazo por el uso de la red. Por ejemplo, Telefónica, junto a sus socios KKR y Pontegadea en Telxius, vendieron a comienzos de 2021 a American Tower sus torres de telecomunicaciones para móvil en Europa (España y Alemania) y en Latinoamérica (Brasil, Perú, Chile y Argentina) por un importe de 7.700 millones de euros. Y, aunque la cifra es confidencial, en fuentes del mercado se estima que Telefónica debe pagar a American Tower más de 500 millones de euros todos los años por el alquiler de esas torres. Es decir, en 20 años habrá abonado más de 10.000 millones de euros, superando el precio de la venta de sus estaciones base.
Otro inconveniente, y no menor, es que ceden el control parcial o total de la red, que pasa también a estar abierta a terceros operadores. De esta forma, pierden la ventaja competitiva de poder redimensionar esas redes de acuerdo a las necesidades de sus abonados. Para evitar este peligro, algunos acuerdos —como el que están a punto de firmar Telefónica y Masorange— han transformado el tradicional contrato de alquiler (bit-stream) por otro modelo denominado IRU (Indefeasible Right of Use o Derecho de Uso Irrevocable). La parte que lo suscribe compra el derecho a utilizar una cierta cantidad de la capacidad de la red a muy largo plazo, normalmente a entre 20 y 30 años, y se obliga al comprador a pagar una parte de los costes operativos y de mantenimiento.
Así, por ejemplo, Masorange, al usar la red de Telefónica, podrá ahorrarse parte de los 4.000 millones de euros que se comprometió a invertir para que le fuera autorizada la fusión entre MásMóvil y Orange, puesto que ya no va a desplegar la red de fibra propia para seis millones de hogares como prometió, al alquilar la de Telefónica. En estos IRU, la contrapartida es que el que lo suscribe (Masorange, en este caso) paga un precio considerablemente menor por el alquiler que con el contrato estándar de bit-stream. Por último, hay que recordar que todos estos acuerdos de compartición y alquiler de red están sujetos a la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Hasta el momento, el regulador no ha tenido problema en dar su luz verde a contratos estándar mayoristas de alquiler. Pero los tres pactos bilaterales anunciados entre Telefónica, Masorange y Vodafone van a afectar a más del 90% del total de accesos de fibra óptica en toda España. Un porcentaje que tendrá que analizar la CNMC para no permitir una posición de dominio de mercado mediante una concertación disimulada bajo acuerdos entre dos partes. Las compañías se juegan miles de millones en esa decisión. Y es que de la fiebre de la fibra a que explote la burbuja hay solo un paso.
Una cascada de acuerdos
La cascada de acuerdos anunciada este verano entre los tres grandes va a cambiar completamente el panorama de la banda ancha en España por el volumen de líneas a compartir. Abrieron el fuego Masorange y Vodafone que el pasado 24 de julio desvelaban la firma de una carta de intenciones para la creación de una sociedad de red de fibra compartida que proporcionará acceso a servicios de fibra óptica sobre 11,5 millones de líneas a Masorange y Vodafone España, y a otras compañías. El preacuerdo contempla que Masorange sea el dueño del 50% de la sociedad, mientras que el otro 50% se lo repartirán entre Vodafone (10%) y un inversor externo (40%). Apenas una semana después, el 30 de julio, Telefónica y Vodafone anunciaban un acuerdo prácticamente calcado del anterior, aunque de menor alcance porque la sociedad conjunta cubrirá aproximadamente solo 3,5 millones de unidades inmobiliarias. El tercer pacto está a punto de anunciarse. Por el mismo, Masorange se compromete a alquilar a largo plazo (entre 20 y 30 años) la red de Movistar para 3,5 millones de unidades inmobiliarias adicionales a las que ya usa en arrendamiento actualmente, según fuentes conocedoras de la negociación. Además, ambas operadoras invertirán conjuntamente en el despliegue de nueva red de fibra para su uso compartido.
Aunque nadie se esperaba esta cascada de alianzas en un tiempo tan breve, ese movimiento de venta y/o externalización de la red de fibra ya se estaba gestando desde hace unos años. Entre 2019 y 2022, MásMóvil vendió red de fibra para dos millones de hogares a los fondos dueños de Onivia por más de 400 millones de euros. El operador amarillo también se desprendió en el verano de 2022 de una parte de la red de Euskaltel, que vendió por 580 millones a un consorcio de inversores vascos.
Por su parte, Telefónica creó en julio de 2022 Bluevía, una netco especializada en el negocio de fibra en zonas rurales, con el objetivo de llegar a cinco millones de hogares. Desde su comienzo, dio entrada a dos socios institucionales —Vauban Infrastructure Partners y Crédit Agricole Assurances—, a los que vendió el 45% del capital por 1.021 millones de euros.
Ni siquiera los operadores alternativos se libran de ese pinchazo de la burbuja de la fibra. Digi es la operadora que más crece, tanto en ingresos como en abonados. Aunque, por el momento, ha renunciado a disponer de una red móvil propia (usa la de Telefónica), está desplegando su propia red de fibra en las zonas más rentables (las que tienen mayor densidad de población). Pero ni siquiera el aumento de clientes le ha permitido autofinanciarse. En abril pasado, vendió por hasta 750 millones de euros un total de seis millones de accesos de fibra óptica a un consorcio formado por Macquarie Capital, Abrdn y Arjun Infrastructure Partners, principales accionistas de Onivia.
Finetwork también pisa fuerte gracias a sus bajos precios. Pero la operadora no ha tenido más remedio que renunciar a tener una red propia. En móvil se la alquila a Vodafone y en banda ancha, acaba de cerrar la venta de sus redes de fibra a la operadora de telecomunicaciones Adamo, controlada por el fondo de capital riesgo francés Ardian. Por su parte, Avatel ha completado este verano una nueva operación para hacer caja con su red de fibra óptica, desprendiéndose del 75% de los derechos de uso de una significativa por la que el fondo Inveready ha pagado 61 millones de euros. Y Lyntia, operador neutro de telecomunicaciones, adquirió redes de fibra a compañías locales en Andalucía y Valencia, y se hizo con la red del Grupo Evolutio.
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