Aena busca abogados de cabecera entre los mayores bufetes del país
Uría, Perez-Llorca, Clifford Chance, Gómez Acebo y Pombo, EY y Deloitte, entre los nombres candidatos a firmar acuerdos marco con el gestor aeroportuario
Una posición preferente para prestar asesoramiento legal y defensa jurídica durante un plazo mínimo de un año y un máximo de cuatro. Esta es la propuesta de trabajo que ha realizado Aena a los principales despachos de abogados, a través de la firma de acuerdos marco con ellos. A cambio, los bufetes que resulten adjudicatarios se comprometen a estar disponibles cuando el gestor aeroportuario lo precise. El presupuesto para este servicio externo, de apoyo a la dirección de Asuntos Legales y Corporativos para casos tanto en España como relacionados con la presencia internacional de Aena, es de 6,6 millones de euros (IVA incluido). La llamada ha sido atendida, según fuentes del sector jurídico, por un total de 15 a 20 firmas especializadas en muy distintas áreas del derecho.
Entre las casas que han presentado oferta están Pérez-Llorca, Uría, Gómez Acebo y Pombo, Clifford Chance, CMS Albiñana y Suárez de Lezo, Deloitte, EY, PWC o Ramón y Cajal. Aena ha dividido el concurso en una decena de lotes y ha recibido propuestas por todos ellos. De hecho, un mismo despacho podía presentarse a distintos lotes o apartados en los que prestar sus servicios, como así ha sido.
El anterior concurso de estas características fue licitado en 2021 y el presupuesto sube desde los poco más de cinco millones de euros de entonces. Distintas fuentes comentan que entre los grandes apenas han faltado Garrigues, Cuatrecasas y DLA Piper.
El gestor aeroportuario tiene abierto en estos momentos un litigio con la Secretaría General de Transportes y Movilidad en busca de recuperar, vía tarifaria, los ingresos perdidos por el derrumbe del tráfico aéreo durante la pandemia. También sigue en los tribunales el mandato del Congreso de los Diputados por el que Aena tuvo que rebajar los alquileres a sus inquilinos presentes en las terminales hasta que no se recuperara el tráfico aéreo tras el paso del Covid-19, a pesar de que los contratos obligaban al pago de una renta mínima garantizada. Además, el refuerzo del departamento jurídico se explica por proyectos de crecimiento como los planes inmobiliarios en distintos aeropuertos, las compras de activos en el exterior o los programas de ampliación de Madrid-Barajas o el buscado en Barcelona-El Prat.
Aena reconoce en los pliegos del concurso la limitación de sus recursos jurídicos internos. La figura del contrato marco para cada uno de los lotes le asegura contar con varios despachos por especialidad (hasta un máximo de tres por lote) a los que pedir asesoramiento o defensa a través de un concurso exprés cuando sea necesario. Estos socios legales estarán obligados a presentar oferta para prestar sus servicios en un plazo y a un precio determinados: para los trabajos considerados críticos el periodo de realización y entrega de los informes es de 6 a 24 horas, subiendo a un rango de 24 a 72 horas para trabajos urgentes, y a diez días hábiles para los encargos no urgentes. En cuanto a los honorarios, Aena pagará un máximo de 60.000 euros por informe jurídico en asuntos no estratégicos y hasta 175.000 euros por los informes que atañan a temas esenciales. Así hasta agotar los 6,6 millones de presupuesto.
Las cuestiones estratégicas, según ha explicado la compañía pública a sus potenciales representantes legales, son las que afectan a la cotización, la reputación de la compañía, al marco regulatorio de la actividad aérea, al modelo de negocio o a secretos comerciales, entre otras. Pese a contar con estos colaboradores, la cotizada se reserva el derecho a contratar asesoramiento y defensa fuera de los acuerdos marco, con lo que no ofrece total exclusividad.
En las bases del concurso se expresaba el veto a los bufetes que han tenido relación con litigios contra Aena iniciados en 2023. También se ha demandado una envergadura mínima, que va de los 50 a los 75 empleados, dependiendo del lote. Cada una de las ganadoras tendrá que poner a disposición de Aena un equipo mínimo formado por dos socios con 15 años o más de experiencia; dos abogados asociados con un mínimo de 10 años de carrera laboral, y un junior con tres años de bagaje en las materias relacionadas con el lote en cuestión. Las asesoras legales debían demostrar haber recibido en los últimos tres años más de una decena de encargos en el terreno en el que presentan oferta.
Doble condición
Además del volumen del grupo, parte de la complejidad de trabajar para Aena reside en su condición de sociedad mercantil estatal y cotizada, con peculiaridades del sector público y del mundo privado. Los diez lotes para los que se han pedido propuestas van desde el asesoramiento en derecho público y regulatorio hasta el derecho mercantil y la especialización en el sector inmobiliario, el derecho corporativo y sobre el mercado de valores, el apoyo legal en cuestiones financieras, competencia, normativa de la UE o en derecho penal.
Aena busca protegerse en procedimientos contenciosos y administrativos; blindar decisiones como la de invertir en el exterior o en cuestiones relacionadas con ayudas de Estado. Además, contará con consejo especializado en comercio electrónico y ciberseguridad; financiación y contratación de seguros; cuestiones ambientales, contratos de suministros o elaboración de pliegos, entre otras muchas materias de su día a día.
Fuentes conocedoras de las reglas del concurso comentan que obtendrán mejor puntuación los despachos que hayan ofrecido oficinas o firmas asociadas en países como Reino Unido, México o Brasil, donde Aena tiene actividad. También se valoran cuestiones como la experiencia de los abogados sobre el mínimo exigido o los certificados y reconocimientos profesionales.
Con las ofertas ya presentadas, las adjudicaciones deberían hacerse públicas en las próximas semanas. Entre las participantes, Clifford Chance asesoró el año pasado a Aena en el diseño de su programa de bonos Euro Medium Term Notes (EMTN) por 3.000 millones; Pérez-Llorca viene dando consejo en materia de gobierno corporativo; Uría estuvo detrás de la negociación del convenio colectivo en 2021, y Deloitte Legal fiscalizó los sistemas de control interno. Otra de las grandes, ausente en la pugna por los contratos marco de Aena, Garrigues, ayudó a la pública con los aspectos legales de sus planes inmobiliarios.
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