Los centros de datos se multiplican en España: ¿Habrá energía para todos?
Amazon anuncia una macroinversión en Aragón en sus ‘datacenter’, y otras empresas como ICG, Merlin, ACS e Iberdrola hacen lo propio. Ante este empuje, la industria presiona al Gobierno para lograr más capacidad en las redes eléctricas y absorber su alta demanda de energía
La presión sobre la inversión en redes eléctricas en España se eleva. Y es que los anuncios para la expansión de la industria de los centros de datos en el país no ceja. Lejos de ello, se dispara. Solo este miércoles Amazon desveló que invertirá 15.700 millones de euros en diez años para ampliar sus tres datacenters en Aragón y el fondo británico ICG otros 300 millones para crear Templus, una plataforma de centros de datos regionales, que arranca con cinco (en Madrid, Málaga, Sevilla, Ceuta y Mallorca) y prevé acabar el año con unos 10.
En el sector, además, se da por hecho que en los próximos meses se producirá “un trasvase de capacidad de cómputo de centros de datos de Centroeuropa a países nórdicos e Iberia porque el coste energético es mucho menor”, explica a CincoDías Ignacio Velilla, máximo ejecutivo de Templus y ex director de Equinix en España, una de las mayores empresas de centros de datos del mundo.
La industria de los centros de datos crece de manera explosiva en España. Según su patronal, Spain DC, en 2022 contaba con 150 megavatios (MW) de potencia total instalada y cerraron 2023 con 200 MW. La previsión es que en cinco años estén en 600 MW, lo que supondría una inversión de entre 6.000 y 8.000 millones, y que se creen 2.000 empleos hasta 2026 (e incluso unos 4.000 por el impacto de la IA). Pero esta estimación se queda corta, porque no incluye el despliegue de infraestructuras propias como la de Amazon –que, según cálculos del sector, podría alcanzar una potencia de entre 300 y 500 MW en Aragón–, o la anunciada por Microsoft.
Ante tal empuje, la industria de los centros de datos da la alarma. Advierte de que la falta de acceso a potencia eléctrica puede frenar su impulso, lo que lleva a formularse una pregunta. ¿Habrá suficiente energía en España para atender a tantas granjas de servidores? En el mundo hay actualmente unos 8.000 centros de datos; unos 100 en España. Y estas infraestructuras colosales ya devoran el 2% de la energía mundial (un 3% en el caso de la UE y cerca del 1% en España).
“Aquí no hay un problema de generación de energía”, dice Manuel Giménez, director ejecutivo de Spain DC. “En España se produce tres veces más energía de la que consumimos. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) tiene unos objetivos muy ambiciosos a 2030, y según la Secretaría de Estado se pueden cumplir, con lo que tenemos abundancia de energía. Lo que hay es un problema de acceso a la misma, y necesitamos que se nos resuelva para que llegue a los lugares donde tiene valor añadido”.
Por ello, las empresas de centros de datos se han dado la mano con las distribuidoras eléctricas para hacer lobby y reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que elimine los topes anuales a la inversión en distribución eléctrica y atienda la demanda de la industria de los datacenters.
Electrointensivos
Spain DC sostiene que España padece un grave déficit de infraestructura comparado con países de nuestro entorno. Países Bajos tiene una capacidad de 34,2 MW por millón de habitantes, mientras en España sería 10 veces menor. También la patronal de las eléctricas, Aelec, antigua Unesa, reclama 6.000 MW de capacidad de acceso a la red para atender la demanda de estos centros y de industrias que quieren electrificar sus procesos productivos. Si las compañías eléctricas –Endesa e Iberdrola, entre ellas– apoyan el negocio de los datacenters (los consumidores electrointensivos del futuro) es porque ven en él una oportunidad para dar salida al exceso de producción energética en un momento de hundimiento de la demanda eléctrica, que se sitúa en los niveles de hace 20 años.
En este contexto, ambas industrias lamentan que el Ejecutivo haya dejado a estos centros fuera de la propuesta de modificación extraordinaria de la actual planificación de las redes de transporte 2021-2026, resuelta recientemente y en la que el Ministerio de Transición Ecológica ha desoído las alegaciones de Spain DC sin que conste ninguna explicación que justifique el rechazo.
“Esta decisión pone en grave riesgo la digitalización de la economía española y la llegada de tecnologías de futuro, como la inteligencia artificial. España no puede perder esta oportunidad, que incluye elevadas inversiones, empleo de calidad, y que es clave para la descarbonización y la soberanía del dato”, continúa Giménez. Por ello, reclama al Ejecutivo que reconsidere su postura e incluya sus peticiones en la siguiente planificación 2026-2030, que se está tramitando en este momento y que debe aprobarse antes de este verano”.
El operador del sistema eléctrico, REE, que gestiona las redes de transporte en alta tensión y propone las inversiones (aunque la última palabra la tiene el ministerio), actúa con prudencia para evitar sobreinversiones que pagarían los consumidores en su factura de la luz, según fuentes del sector. Un punto que Giménez niega, pues, en su opinión, el mayor coste que está sufriendo España es generar tres veces la energía que consume. “No es una cuestión de peajes por cuanto cuando se desarrolle la red eléctrica habrá más consumidores con más cantidad de consumo y, por tanto, pagarán gran parte del peaje”, puntualiza.
Sobre la urgencia de la modificación puntual del plan 2021-2026, escasamente para dos años, REE ha considerado que no se justificaba su urgencia para infraestructuras cuyas inversiones son a largo plazo. Otra cuestión será la nueva planificación a 2030, en la que se contemplará la casuística de los centros de datos, consideran las mismas fuentes.
Algunos críticos puntualizan que “la red española tiene una gran capacidad y está muy mallada” y dicen que “el problema es que muchos de estos centros quieren o necesitan ubicarse en las grandes urbes”. Pero las empresas de datacenters defienden la necesidad de buscar un diseño de red que considere su requisito de instalarse en los lugares donde está el consumidor. Necesitan, dicen, estar muy cerca de los centros de actividad económica, pues es donde está la interconexión de todos los actores. De ahí que sigan reclamando más potencia eléctrica para Madrid, lo cual defiende el propio Gobierno regional.
“Funcionamos como una red neuronal”, dice Giménez, que hace un símil con el sector turístico. “¿España sería una potencia en turismo si no fuera por el hub de comunicaciones que es el aeropuerto de Madrid-Barajas? No. Y en esta industria ocurre igual. Las empresas se ubicarían allí donde el suelo es más barato y la energía más abundante, pero han de estar donde se produce la actividad económica”. Por ello, continúa, si España no desarrolla una red adecuada, estas instalaciones se irán a “nuestros grandes centros competidores de Europa”.
Garcerán Rojas, socio fundador y presidente de la ingeniería especializada en centros de datos Power Quality Control, lo tiene claro: con el tirón de la nube y la inteligencia artificial, “los inversores han decidido que estos centros son una actividad de futuro. Hace cuatro o cinco años un proyecto de 2 MW era grande, pero hoy se están preparando inversiones de 50 y 100 MW y esto no tiene vuelta atrás”. Así, a los jugadores tradicionales del sector, como Equinix, Digital Realty, NTT o Nabiax, se han sumado gigantes tecnológicos como Amazon, Google, Microsoft y Meta, y empresas ajenas hasta ahora a este negocio como la inmobiliaria Merlin y la constructora ACS, que quieren aprovechar sus activos (terrenos) e Iberdrola. La eléctrica acaba de crear una empresa, CPD4Green, para aprovechar su capacidad de generar electricidad, sus redes, su experiencia en contratar energía verde a largo plazo (PPA) durante 24 horas, amén de los terrenos que gestiona a través de su filial Iberdrola Inmobiliaria, para entrar en un sector que será gran demandante de electricidad. Eso sí, lo hará en minoría, por lo que busca socios financieros entre los grandes fondos de inversión, para que adquieran una participación superior al 50%.
En busca de ubicación
Según Rojas, actualmente se están haciendo muchos procesos de due dilligence por parte de inversores que están estudiando diferentes ubicaciones, “y lo primero que miran es la potencia eléctrica”. Buscan, dice, dos tipos de ubicaciones: zonas industriales venidas a menos donde la subestación eléctrica ya existe, y zonas donde hay un plan de nuevo desarrollo industrial, “donde hay o habrá con certeza infraestructura energética y la Administración puede apoyar la ubicación de los centros”.
Sea como fuere, el conjunto nacional de infraestructuras de datos ha ganado peso en Europa. Se estima que en el periodo 2022-2026 Madrid pasará de representar un 4,4% a un 11,2% de la capacidad eléctrica instalada para dar servicio a centros de datos en el conjunto de ciudades FLAP+M (Frankfurt, Londres, Ámsterdam, París + Madrid). No ha sido ajeno a ello el apoyo gubernamental, que ha considerado el sector como línea estratégica, primero en 2020 con el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad, la economía y los territorios, y ahora con la recién aprobada Estrategia de Inteligencia Artificial 2024.
El problema surge de la cantidad creciente de recursos energéticos e hídricos que consumen estos centros. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el consumo mundial de electricidad se disparará para 2026, al pasar de 460 TWh en 2022 a entre 650 y 1.050 TWh. Un escenario que está llevando a muchos gobiernos a intensificar el escrutinio sobre la construcción de estas infraestructuras por temor a que ejerzan una presión excesiva sobre los objetivos climáticos nacionales, las inversiones en redes eléctricas y los precios. Precisamente, uno de los atractivos de España es sus precios competitivos gracias al aumento de renovables.
Otras preguntas que surgen tienen que ver con el coste medioambiental que tienen los centros de datos, si es asumible para el país o será positivo. Emilio García, ex director de gabinete de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones, recuerda que España necesitaría un análisis específico sobre el coste medioambiental de estas infraestructuras similar al realizado por Arcep en Francia. Y cree que los resultados serán similares a los del país vecino, donde se ha visto “los porcentajes mínimos que estos centros suponen en el consumo de energía y agua global, 0,44% y 0,02%, respectivamente”.
No obstante, García opina que España podrá asumir una industria de centros de datos relevante si se promueven y planifican las infraestructuras verdes adecuadas (generación basada en renovables, reciclado de agua, desaladoras...). Recuerda que España está comenzando a hacer realidad la promesa de convertirse en la Arabia Saudí de las renovables, batiendo récord de renovable y las horas a precio cero en mercado mayorista. También existen datos que apuntan una optimización en el uso de recursos hídricos y que las desalinizadoras han conseguido producir alrededor de 1.800 hm3 de agua al año, revirtiendo el déficit de 1.300 hm3 causados por el cambio climático.
García ve igualmente acertado promover la cohesión territorial, para que se lleven inversiones hacia áreas necesitadas de desarrollo económico. “Podría ser necesario algún incentivo a la inversión, pero también han de implementarse y dotarse de los mecanismos de vigilancia pública que eviten un crecimiento excesivo de la inversión especulativa de carácter inmobiliario y la entrada de capital foráneo que conlleve riesgos geopolíticos y para la soberanía digital”.
Tanto Giménez como García y Rojas destacan entre los beneficios de la disponibilidad de una densa infraestructura de datos la resiliencia social (“basta ver el papel que cumplieron las infraestructuras digitales durante los confinamientos por la Covid-19″); el fortalecimiento de la autonomía digital estratégica (”los países deben disponer de sus infraestructuras soberanas de IA, y esas infraestructuras son los centros de datos”), su contribución al desarrollo económico (según Spain DC, la industria de los centros de datos aportan el 3,9% del PIB de España), y la contribución a la digitalización de la sociedad. Sobre este último punto subrayan cómo los principales destinos de inversión en CPDs en la UE coinciden con los Estados miembros que encabezan el índice de digitalización de sociedad y economía: estados nórdicos, Irlanda y Países Bajos).
Eficiencia energética
La Comisión Europea ha publicado el reglamento sobre la eficiencia de los centros de datos y la directiva de Eficiencia Energética está a su vez en fase de transposición en España. El Gobierno ha anunciado que se aprobará el correspondiente real decreto a finales de este año. Pero la industria española defiende que se vaya más allá de las exigencias que fija la propia directiva y que su aplicación se extienda a los centros de 100 KW, no solo a los de más de 500 KW.
Spain DC afirma que la industria del datacenter actúa como motor de crecimiento de la energía solar en España, pues las grandes empresas operan 100% con energía renovable gracias a los PPAs. Además, muchas trabajan con autoridades locales y regionales para el aprovechamiento del calor generado por sus infraestructuras. Rojas cree, por su parte, que “estamos empezando a atajar el problema con el chocolate del loro: la parte electromecánica, asociada al calor residual, al agua. Aunque es muy grande en términos absolutos, la más relevante tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos de TI (servidores, software)”, dice. También urge a desarrollar el almacenamiento de energía: “La intermitencia de la generación de renovables no casa con el consumo bastante estable y 24/7 de los datacenters, y hay que hacerlo casar por la vía del almacenamiento”.
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