Una legislatura decisiva para la autonomía digital estratégica de Europa
El sector de telecomunicaciones no podrá hacer frente al esfuerzo inversor que se necesita sin una profunda reforma que habilite las consolidaciones transfronterizas y fortalezca las empresas
La Unión Europea (UE) se enfrenta en junio a unas elecciones clave. El enfrentamiento geopolítico se ha recrudecido desde la última vez que los europeos acudieron a las urnas y existen dudas sobre cuál será la fiabilidad como aliado de Estados Unidos tras sus elecciones en noviembre. Un entorno en que el desarrollo de la autonomía estratégica europea, es decir, su “capacidad para actuar de manera autónoma cuando y donde sea necesario y, en la medida de lo posible, con los países asociados”, se convertirá en una prioridad en todos los ámbitos sectoriales.
Por su impacto transversal, Europa habrá de esforzarse particularmente para alcanzar la autonomía estratégica en el ámbito digital. La situación de partida es de debilidad. La estrategia tecnológica seguida por Europa en la última década, confiada a desarrollar un supuesto liderazgo regulatorio, se ha saldado con un retroceso en su autonomía. El ecosistema digital de la UE depende prácticamente en su totalidad de EEUU: en marzo de 2024, ocho de las diez compañías con mayor capitalización bursátil en el mundo eran empresas tecnológicas establecidas en EEUU, mientras entre las 20 primeras no había ninguna de este sector establecida en la UE.
Las áreas de actuación para reafirmar la autonomía digital estratégica han sido diagnosticadas en el primer informe de estado de la década digital. Europa solo la recuperará si consigue reforzar sus infraestructuras y tecnologías digitales críticas. Adicionalmente, habrá de demostrar su capacidad para hacer valer las leyes de Servicios Digitales (DSA) y de Mercados Digitales (DMA) como instrumentos para establecer unas condiciones de mercado justas en el entorno tecnológico.
En el ámbito de las infraestructuras digitales, se han cifrado en más de 200.000 millones de euros las inversiones requeridas para habilitar los despliegues de redes de fibra y 5G que respondan a los objetivos de la década digital. Las compañías de telecomunicaciones europeas están en una situación de extrema debilidad financiera para asumir esta demanda, con bajo ARPU, declive en ROCE y una dramática reducción del valor bursátil en las últimas dos décadas. El sector de las telecomunicaciones europeo no podrá hacer frente a este esfuerzo inversor sin una profunda reforma que habilite las consolidaciones transfronterizas y fortalezca las empresas.
La Comisión Europea ha publicado un libro blanco con ánimo de guía para la reforma del mercado de las telecomunicaciones. Sus planteamientos son criticables en varios aspectos. En primer lugar, presenta opciones de espíritu excesiva e injustificadamente centralizadoras (refuerzo del papel de la Comisión en la gestión del espectro, autorizaciones de operación de ámbito comunitario, productos mayoristas únicos …). En segundo lugar, realiza escasa autocrítica y renovación en los criterios seguidos para analizar las fusiones y adquisiciones sectoriales. Por último, no prevé incluir en la reforma medidas sobre el segmento de las infraestructuras de la nube, que identifica acertadamente como convergente y adyacente a las redes tradicionales. Una actuación necesaria sería aplicar la categoría de gatekeeper contemplada en la DMA a Microsoft, Amazon y Google también como empresas dominantes de la nube.
Junto con las infraestructuras digitales, las tecnologías críticas son el otro ámbito de cuyo desarrollo depende la autonomía digital estratégica de Europa. La Comisión ha identificado los semiconductores, la inteligencia artificial (IA) y la computación cuántica como las que presentan los riesgos más sensibles e inmediatos relacionados con la seguridad tecnológica de la UE. En el seguimiento del desarrollo mundial de las tecnologías críticas que realiza el Australian Strategic Policy Institute, ninguno de los 27 Estados miembros figura entre los cinco países más desarrollados dentro del ámbito de la IA, y tan solo Alemania figuraba en el grupo de cinco naciones más desarrolladas en las relativas a semiconductores y cuántica.
La pujanza de China en el desarrollo de las tecnologías críticas ha llevado a EE UU y la UE a una estrategia de colaboración competitiva dentro del Consejo de Comercio y Tecnología. Se han establecido en este foro grupos de trabajo para la cooperación científica, colaborar en el desarrollo de estándares, intercambiar mejores prácticas en programas de ayuda y auspiciar otros instrumentos de asistencia. Parece necesario y mutuamente beneficioso para ambas partes seguir esta línea. Sin embargo, la UE debería no limitarse a un alineamiento acrítico en las restricciones comerciales en semiconductores sobre China, esforzarse por equilibrar la relación en tecnologías cuánticas reforzando la inversión y no fiar su papel en la IA tan solo (una vez más) a la regulación.
Realizar una inversión suficiente es la clave para la implementación exitosa de las políticas en infraestructuras y tecnologías críticas digitales. Personajes ideológicamente tan alejados como Varoufakis (“En Europa no existen un Amazon o Meta por falta de inversión”) y Draghi (“Europa debería invertir 500.000 millones anuales para hacer frente a las transiciones verde y digital”) coinciden en la necesidad de reforzar la inversión tecnológica en Europa. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) ha permitido aliviar puntualmente esta carencia, facilitando que entre 2021 y 2027 los Estados miembros inviertan más 129.000 millones a la transición digital. Sin embargo, es insuficiente para continuar este impulso la plataforma de tecnologías estratégicas para Europa prevista para la próxima legislatura, que ha quedado como un sucedáneo de fondo soberano dotado con apenas de 10.000 millones de euros.
Finalmente, la UE habrá de demostrar que la DMA es una herramienta efectiva y eficiente para establecer mercados digitales abiertos y justos. Una rápida investigación y resolución equilibrada del caso abierto en marzo sobre Alphabet, Meta y Apple determinará que la nueva norma comunitaria sea un instrumento para refuerzo de la autonomía digital estratégica o una mera herramienta de litigiosidad fútil.
En definitiva, en la nueva legislatura europea la UE habrá de hacer real su autonomía digital estratégica, que puede ser facilitada con la aplicación efectiva de normas como la DMA. La cooperación con EEUU es necesaria, pero debe buscarse que sea desde una posición más equilibrada. Para ello, la UE debe dotarse de mecanismo de financiación que la facilite el desarrollo de sus infraestructuras digitales y en las tecnologías críticas.
Emilio García García es ex director de Gabinete de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
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