La juez del caso Alcoa alarga seis meses más la investigación para seguir con el rastreo de criptomonedas
La magistrada de la Audiencia Nacional espera nueva información sobre el desvío de fondos de las fábricas de A Coruña y Avilés y prevé practicar más pruebas tras interrogar a dos investigados
El conocido como caso Alcoa, que investiga el presunto desvío de 13 millones de euros de las antiguas fábricas de la multinacional en A Coruña y Avilés, ya bajo la denominación de Alu Ibérica, se alarga hasta finales de octubre. La juez de la Audiencia Nacional que dirige las pesquisas, María Tardón, ha acordado una nueva prórroga de seis meses de la causa ante la previsión de practicar más diligencias para aclarar si los dueños de las plantas de aluminio, vinculados al Grupo Industrial Riesgo, son responsables de delitos de organización criminal, estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida y contra la seguridad de los trabajadores. Entre dichas pruebas, la magistrada instructora espera un nuevo informe de la Policía Judicial sobre los fondos que desaparecieron de las plantas y que se destinaron a la comprar criptomonedas.
Con esta nueva prórroga, que se fija hasta el 26 de octubre de 2024, la investigación va camino de cumplir cuatro años. La causa se inició en diciembre de 2020, tras admitir a trámite una querella del sindicato Confederación de Cuadros Profesionales contra los responsables del Grupo Industrial Riesgo, a la que se se adhirió Comisiones Obreras, por presuntas irregularidades en la reventa de las fábricas. El fondo suizo Parter Capital, que en julio de 2019 compró a Alcoa las factorías, habría sacado 13 millones de euros de las fábricas asturiana y gallega (que en ese momento se renombraron como Alu Ibérica) para prestárselos a Riesgo, en abril de 2020, y garantizar que los segundos se hicieran con el accionariado de las fábricas. Las primeras diligencias se dirigieron a aclarar este hecho, pero los investigadores no encontraron evidencias de que el dinero fuera devuelto a las arcas de la compañía, sino que habría ido a parar a la sociedad Blue Motion Technologies, empresa que la firma suiza utilizó en su día para adquirir las plantas.
En este contexto, la instructora libró en marzo de 2021 una comisión rogatoria a Suiza para recabar información sobre este movimiento y acreditar el delito de apropiación indebida, que tardó más de dos años en cumplimentarse. En un principio, la Fiscalía del Cantón de Schwyz rechazó atender la solicitud de la magistrada de la Audiencia Nacional al no ver indicios de ninguna irregularidad, si bien tras una nueva petición más exhaustiva de los hechos sometidos a investigación, la autoridad helvética accedió a indagar en las cuentas de la compañía suiza. La respuesta llegó en octubre de 2023 y, según indicó la juez Tardón en un auto, constata que las sospechas son ciertas, pues uno de los investigados, Joaquim Magin, responsable de Capital System (vehículo inversor que el Grupo Riesgo utilizó para adquirir las factorías), transfirió 13 millones de euros a la cuenta de una empresa vinculada a Parter.
Mientras tanto, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) confirmó que parte del dinero desviado acabó en el mercado virtual. La Policía Judicial trazó el recorrido de, al menos, 285.000 euros de las fábricas que fueron a parar a la plataforma compraventa de criptomonedas Kraken Payward. En un informe, aportado al sumario de la causa en marzo de 2023, la unidad investigadora observó como, entre el 26 de noviembre y el 1 de diciembre de 2020, la trama dirigida por Víctor Rubén Domènech y Alexandra Camacho Carrascal hicieron pagos habituales desde Alu Ibérica a dos empresas vinculadas con la supuesta organización criminal, bajo los conceptos “pago de chatarra” o “pago de perfil tratado”, y que estas, a su vez, invirtieron cantidades similares en divisas digitales.
Más información y nuevos interrogatorios
Este hecho ha seguido en el foco de los investigadores, que buscan más indicios del uso indebido de las cuentas de las plantas —que ahora están en manos de Windar Renovables, en el caso de Avilés, y de Resonac, en A Coruña—, por lo que se ha solicitado más información a las compañías de intercambio de criptomonedas Binance y Payward Trading. Según consta en el último auto de la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, del pasado 25 de abril, al que ha tenido acceso CincoDías, el resultado de estos requerimientos justifica la prórroga de seis meses. “No es posible saber si de la contestación dada a los oficios dirigidos a las compañías (...) se va a derivar o no la necesidad de practicar nuevas diligencias de instrucción, pues no consta que la Policía Judicial haya presentado su informe relativo a la cumplimentación de dichos oficios”, explica la resolución.
Asimismo, la magistrada afirma que la investigación no está concluida ante la falta de realizar los interrogatorios de algunos de los investigados como Luis Losada, administrador de System Capital, la sociedad utilizada para cerrar la compra y gestión de las fábricas, y Francisco Javier Fernández de Bobadilla Lázaro, socio fundador y administrador único de Ackermann y Schwartz Attorney, despacho incluido en la estructura de la trama, a través de la cual se coordinaban las operaciones de criptodivisas.
Los interrogatorios se señalaron para el pasado 9 de mayo, pero, según advirtió la juez en su auto, las declaraciones podrían derivar en “la necesidad de practicar nuevas diligencias de investigación para confirmar o contrastar lo afirmado” en ellas. Asimismo, la magistrada indica que se debe dar la oportunidad al investigado de proponer más pruebas en ejercicio de su derecho de defensa, que “deberían ser acordadas salvo que fueran inútiles o perjudiciales”. Por todo ello, considera oportuno alargar la investigación medio año más hasta el próximo mes de octubre.
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