España pleitea en EE UU para no pagar los laudos por renovables

El Estado trata de evitar un embargo de sus bienes en el país

Infografía: Belén Trincado

El culebrón por el recorte a las primas de las renovables llega a la justicia de EE UU. Los primeros fondos que se han alzado victoriosos ante el Ciadi, la corte de arbitraje internacional que depende del Banco Mundial, han acudido a la justicia de EE UU para pedir que España pague las indemnizaciones a la que ha sido condenada, que por el momento ascienden a los 800 millones, o se le embarguen bienes por ese valor. El Estado, por su parte, trata de dilatar lo máximo posible ese proceso.

Por el momento España ha recibido 17 condenas del Ciadi por la decisión del Gobierno de Rajoy de recortar la rentabilidad garantizada por el Estado a las plantas de renovables. De estos 17 varapalos, en dos ocasiones los reclamantes –los fondos RREEF y Masdar Solar, respectivamente– decidieron renunciar a la ejecución de sus laudos a cambio de poder acogerse al blindaje de una rentabilidad del 7,4% a 25 años para las plantas renovables que propuso en 2019 la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para quienes renunciasen a pleitear con el Estado por la decisión de 2014. Cada uno de ellos ha renunciado a cobrar unos 60 millones.

La inmensa mayoría, por tanto, tiene pendiente el pago de multas que suman ya más de 800 millones, y que los expertos consultados elevan hasta los 7.000 millones cuando se fallen la veintena de procesos aún abiertos ante los tribunales arbitrales. A estas cantidades consignadas se deben sumar los intereses, que superan el 2% mensual.

El Estado español se niega a abonar las cantidades consignadas y esgrime una sentencia del TJUE que no reconoce la validez de los tratados internacionales entre países miembros de la UE, dado que los inversores que apostaron por las renovables españolas antes de 2014 lo hacían a través de filiales en Luxemburgo o Países Bajos por motivos fiscales.

Cada vez que España sufre un revés judicial ante este órgano la estrategia es siempre la misma. Los fondos acuden raudos y veloces a la justicia de EE UU para que inicie un procedimiento por el que, si España se niega a pagar, el juez acuerde un embargo de activos españoles en EE UU. España, por su parte, agota la vía para reclamar una anulación por otro tribunal del propio Ciadi, una especie de recurso de alza ante este tribunal de arbitraje. Por el momento prácticamente todos los expedientes acaban en la mesa de un juzgado del Estado de Columbia, que ha decidido suspender los procedimientos de embargo de bienes españoles hasta que el Ciadi pronuncie su decisión final ante los recursos de España.

Ha conseguido que el Ciadi anule un solo proceso, el de Eiser, por 128 millones. Pero el tribunal arbitral ha dado el visto bueno definitivo a otros cinco, los de Nextera, Antin, Watkins Holdings, Infrarred y JCG. Y el proceso judicial se ha reactivado de inmediato. Estos ya reclaman ante la justicia estadounidense el embargo de activos a España, pese a que el Estado plelea en cada momento paralizar los procesos. Las fuentes consultadas indican que es previsible que España recurra hasta las más altas instancias posibles cualquier tipo de decisión en su contra.

La elección de los tribunales estadounidenses no es casual. Los inversores tratan de evitar que la ejecución de los laudos recaiga sobre la justicia de cualquier país de la UE y que el tribunal competente desestime sus pretensiones en base a esa sentencia del TJUE. En el caso de Antin, que el fondo francés vendió el procedimiento a otros inversores, ha decidido acudir también a la justicia de Australia para presionar más a España.

La justicia de EE UU es también una de las más rápidas para ejecutar conflictos de este tipo. Pero los inversores eligen este país para reclamar fundamentalmente porque España cuenta con activos en EE UU que pueden ser embargados. La normativa internacional establece que en cualquier caso quedan libre de cualquier embargo los activos destinados a usos estatales, pero no así los comerciales. Es decir, los fondos no podrían embargar, por ejemplo, las dependencias de la embajada española en Washington, pero sí bonos de EE UU o dólares. “El primer paso es identificar cuántos bienes tiene España en EE UU que puedan ser embargables”, comentan fuentes jurídicas consultadas por este periódico.

Las fuentes consultadas coinciden en descontar que España recurrirá lo más posible y hasta las más altas instancias posibles para evitar el pago de estos laudos o que los fondos se queden con activos españoles en EE UU. Solo cuando el Estado haya agotado toda la vía judicial ven el momento en el que este conflicto con los principales inversores en renovables se puede resolver tras ocho años. Prevén que entonces se abra a pactar privadamente una indemnización, menor que la consignada por el Ciadi, pero que los fondos prefieran cobrar de una vez.

Los otros órganos de arbitraje

 

Estocolmo. Si bien la mayoría de los inversores afectados por el recorte a la prima de los renovables han optado por acudirir al Ciadi, el órgano de arbitraje que depende del Banco Mundial, algunos de ellos han optado por reclamar ante la Cámara de Comercio de Estocolmo. A diferencia del tribunal del Banco Mundial, en este caso las partes deben llegar a un acuerdo sobre cuál es la sede arbitral del procedimiento, mientras que el Ciadi no tiene sede y sus laudos se pueden aplicar a cualquier jurisprudencia. En el caso de los procedimientos cuya sede arbitral esté en Europa, los demandantes tienen complicado poder reclamar embargos de bienes por la posición del TJUE.

Uncitral. Mucho menos frecuente es que las partes acudan a Uncitral, el tribunal de arbitraje que depende de la ONU. Las reglas para aplicar en estos procedimientos deben ser pactadas entre las partes y, dada la complejidad del proceso, solo un par de fondos han reclamado allí contra España.