Abertis busca cerrar un pacto con Milei para esquivar un arbitraje millonario
El Ciadi celebra la primera reunión sobre la demanda contra Argentina ante el riesgo de resolución de dos concesiones
El pulso judicial entre la concesionaria española de autopistas Abertis y el Gobierno argentino de Javier Milei, con la petición de compensaciones económicas por parte de la empresa que opera dos autopistas en el entorno de Buenos Aires, ha comenzado y se disputa bajo arbitraje del Banco Mundial. Es en su Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con sede en Washington, donde el pasado 25 de enero se celebró la primera reunión, una vez que se conformó el tribunal el pasado noviembre. No obstante, la empresa va a insistir en buscar un acuerdo antes de que se produzca un fallo que podría ir para largo.
El Ciadi es el órgano previsto en los contratos firmados por Abertis con la Administración argentina en caso de disputa, y se ha llegado a esta instancia tras varios intentos en los que la dirección de la compañía ha pedido solución a la pérdida de valor de sus activos ante el bloqueo a la actualización de las tarifas. El valor de la inversión privada en Ausol y Grupo Concesionario Oeste (GCO) fue acordado con la Administración, cinco años atrás, en 750 millones de dólares (700 millones de euros). La intención de Abertis es, como mínimo, recuperar esa cuantía más el rendimiento que le otorgan los contratos. La defensa prepara en estos momentos un informe en el que se incluirá la cantidad reclamada, cifra que se antoja millonaria.
Las concesionarias Ausol y GCO no ven reflejado en los peajes la evolución de la inflación a pesar de que los referidos contratos de concesión prevén su actualización en consonancia con el IPC. La firma participada por la italiana Mundys y la española ACS cuenta con el 31,5% de Ausol, por el 19,82% en manos de la italiana WeBuild y el 14,12% del fondo argentino Natal Inversiones. El 34,47% restante cotiza en la Bolsa de Buenos Aires. En cuanto a la también cotizada GCO, Abertis es titular de un 42,87%.
La comunicación con los sucesivos gobiernos ha tenido sus altibajos. En los últimos años Argentina ha eludido el impacto que supondría, en plena depresión, la subida tarifaria en estas carreteras de pago. Y también ha frenado mecanismos de reequilibrio como puede ser una cuenta de compensación, en la que Abertis recoja la parte de ingresos que deja de percibir, o ampliaciones de plazos de explotación.
Abertis no está teniendo fácil abrir el diálogo con la Administración de Milei mientras se entra en las primeras fases del arbitraje en el Ciadi. En contra de esta nueva tentativa juega que el nuevo ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, fue destituido a finales de enero, apenas 45 días después de tomar posesión del cargo. De momento, la decisión es que las áreas de Obra Pública, Energía, Transporte, Minería, Telecomunicaciones y Vivienda se integren en el Ministerio de Economía que lidera Luis Caputo. El argumento para este adelgazamiento del gabinete de Milei fue el ahorro de costes.
Más de dos años de choque
La demanda de la firma de infraestructuras fue cursada a finales de agosto contra la decisión del anterior Ejecutivo, liderado por Alberto Fernández, de no dar validez a la extensión de plazo en Ausol y GCO. Eso sucedió en septiembre de 2022, cuando el Gobierno activó un procedimiento judicial para anular el acuerdo integral de renegociación que se había suscrito en 2018, bajo el mandato de Mauricio Macri, respecto a los intereses de Abertis. Este suponía la extensión de ambas concesiones hasta 2030. Y en ese acuerdo se mueve Abertis, cuya intención es la vuelta al escenario pactado con Macri.
La defensa de la española está en manos de los bufetes Freshfields Bruckhaus Deringer y Marval, O’Farrell & Mairal. La presidenta del tribunal, designada por ambas partes del proceso, es la española Deva Villanúa Gómez, que fue la persona más joven designada árbitro por la Cámara de Comercio Internacional, tal y como informó CincoDías. Por su parte, Abertis nombró como árbitro a la jurista Elisabeth Eljuri, que ha participado en una veintena de procesos internacionales. En cuanto al gobierno argentino, eligió como miembro de este cónclave a Loretta Malintoppi, premiada en 2021 como mejor árbitro por la revista especializada Global Arbitration Review.
La primera sesión, que se realizó por videoconferencia, ha servido para establecer las reglas que seguirá el procedimiento, como puede ser el idioma, el lugar de discusión y un calendario para el mismo. Abertis defiende ante el Ciadi que la rescisión de los contratos de concesión sería una violación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina, que data de 1991. De momento, sus concesionarias siguen operando y, aseguran desde Abertis, cumplen con el calendario de inversiones.
Ausol, conocida como la autopista Panamericana, sirve de acceso por el norte a Buenos Aires, mientras que la autopista General Paz es una carretera de circunvalación. La suma de ambas resulta 175 kilómetros de peaje y una plantilla que ronda las 1.100 personas. Las infraestructuras bajo gestión de Abertis conectan una veintena de municipios, como Caba, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, La Matanza, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas, Pilar, Escobar, Campana, Luján, Moreno o Morón.
Otras empresas españolas en el Ciadi
Abertis no es la única firma española que ha acudido al Ciadi para resolver sus controversias con aquellos Estados en los que ha hecho fuertes inversiones. Una de ellas ha sido el Canal Isabel II, que reclama una indemnización a Colombia por la expropiación de la filial Triple A, tras verse salpicada por la trama de corrupción Lezo. Este pleito, que fue instado por Canal Extensia, el brazo de la sociedad pública al otro lado del Atlántico, se encuentra en una fase inicial, cuyo único hito ha sido la formación del tribunal, el pasado 4 de diciembre. La cuantía de la reclamación aún no se conoce.
Poco más avanzado se encuentra el abitraje que inició la Comercializadora Mediterránea de Viviendas (Comervi), la constructora de Marina d’Or, para exigir a Marruecos 400 millones de euros por dos proyectos fallidos para la creación de dos ciudades satélites en Rabat y Tánger. La compañía firmó en 2004 un contrato con el Estado alauí para llevar a cabo el megaproyecto urbanístico, si bien las obras no finalizaron, ya que, según los demandantes, el Ejecutivo no cumplió con su parte del trato de dotar los nuevos núcleos urbanos de todos los equipamientos e infraestructuras.
En este listado también se encuentra Enagás, que busca recuperar 500 millones de euros por las inversiones en Gasoducto Sur Peruano, que fue paralizado en 2017 por el gobierno de Perú. Tras concluir sin éxito el intento de llegar a un acuerdo amistoso, la compañía que preside Antonio Llardén impulsó, en 2022, este arbitraje que se prevé que finalice en el primer semestre de este año, según comunicó en enero la propia energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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