La histórica batalla entre Santander y la antigua Gaesco por Colonial llega al Supremo 17 años después
La firma recurre ante el alto tribunal la sentencia de la Audiencia de Barcelona que le condenó a pagar 66 millones más intereses a la entidad que dirige Ana Botín
La batalla legal que mantienen el Banco Santander y la antigua Gaesco Bolsa por las acciones de Inmobiliaria Colonial se eleva a la máxima instancia judicial. La sociedad de valores recurre ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que, el pasado mes de noviembre, dio la razón al banco que dirige Ana Botín y condenó al grupo inversor catalán a pagar al banco 66 millones de euros, más intereses. Así, la futura resolución del alto tribunal marcará el punto final del litigio que enfrenta a ambas entidades desde hace casi 17 años.
Según consta en las últimas cuentas anuales del Banco Santander, Delforca 2008 (como se denomina hoy parte de Gaesco Bolsa, después de que GVC adquiriera los negocios rentables en el concurso de acreedores) y su matriz, Mobiliaria Monesa, han impugnado el fallo de la Audiencia de Barcelona. No obstante, fuentes del alto tribunal informan a CincoDías que el recurso aún no ha llegado al Supremo porque la Audiencia no ha remitido el expediente del caso. Una vez que los magistrados de la Sala de lo Civil reciban toda la documentación analizarán si cabe la revisión de la resolución y, por tanto, admite a trámite el recurso o, por el contrario, zanja la discusión.
El conflicto se remonta a la opa de casi 4.000 millones que, a mediados de 2006, lanzó el empresario sevillano Luis Portillo sobre Inmobiliaria Colonial, entonces participada por La Caixa, y en la que desembolsó 314 millones de euros en varias operaciones para adquirir acciones. Para ello, entre otros movimientos, firmó un acuerdo de equity swap (contrato de derivados) con el Banco Santander y en el que medió Gaesco Bolsa. Las ampliaciones de capital le permitieron tomar el control de la compañía hasta finales de 2007, cuando se desplomó en el mercado bursátil y estalló la burbuja inmobiliaria.
Ante las dificultades de Portillo para hacer frente el vencimiento de los derivados, la entidad liderada por Botín exigió al bróker catalán el abono de los mismos. Así, reclamó 66,4 millones a través de varios laudos arbitrales, que concluyeron sin éxito para el banco; y por la vía judicial, ante el juzgado de lo mercantil de Barcelona que estudió el concurso de acreedores de Gaesco Bolsa.
Por su parte, Mobiliaria Monesa señaló al Banco Santander como causante de la caída en bolsa de la inmobiliaria e instó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a que investigara a la entidad por una posible manipulación de la cotización. Asimismo, solicitó en un proceso civil la devolución de 57 millones de euros por daños y perjuicios.
Rechaza conflicto de interés
En su resolución, consultada por CincoDías, la Audiencia de Barcelona confirmó la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 10 de la ciudad condal que consideró que Gaesco debía pagar un total de 77 millones —los 66 millones reclamados más 11 de millones de intereses— al Banco Santander. Los magistrados consideran que en la actuación del primer banco español no hubo ningún conflicto de interés o infracción del principio de la buena fe contractual.
De este modo, rechazan los argumentos de Monesa y Delforca, que recurrieron la decisión del juzgado de lo mercantil, acerca de que la entidad no actuó como un mero intermediario financiero durante la vigencia del contrato. Los recurrentes sostienen que las operaciones de venta y préstamos que Santander realizó a finales de 2007 tuvieron una incidencia negativa en el mercado, al aumentar la presión bajista de la acción, y le reportó beneficios.
La Sección número 15 de la Audiencia de Barcelona subraya que la CNMV archivó el expediente abierto al Santander tras la denuncia de Gaesco al no ver mala praxis ni abuso de mercado y que la decisión ha sido ratificada por los tribunales. En este sentido, los magistrados apuntan que el órgano supervisor dio por acreditado que, a principios de diciembre de 2007, Santander tenía en cartera “un total de 66.186.899 acciones de Colonial (el 4,04% del capital social) y en ese mes, inmediatamente anterior al vencimiento de los swaps, el banco dispuso el 20% de las acciones (unos 13 millones), conservando el resto (52,9 millones)”. Es decir, el banco “mantuvo una cartera de cuatro quintas partes de los títulos de Colonial”, señala la sentencia, que añade que “no se han aportado en este procedimiento argumentos y medios de prueba que justifiquen el que nos apartemos de las conclusiones” de la CNMV.
Así las cosas, la Audiencia concluye que “es cierto que las ventas y préstamos de acciones de Colonial de Banco Santander en el mes de diciembre pudieron influir en la cotización de la acción”, si bien resalta que las operaciones se realizaron de “forma escalonada”. Para los magistrados, este hecho es un signo que “excluye, a priori, el interés del banco de perjudicar a la contraparte en los equity swap”, al igual que las ventas tuvieran lugar “en un contexto de caída generalizada en la cotización de los valores de las empresas inmobiliarias y, en particular, de Colonial, después de que Gaesco comunicara como hecho relevante la necesidad de cubrir pérdidas por un importe superior a los 40 millones de euros”.
Por último, la sentencia destaca que “una parte relevante” de las operaciones cuestionadas se produjeron “después del primer impago, como las realizadas en las sesiones del 27 y 28 de diciembre, lo que acrecentaba el riesgo de insolvencia de Delforca y la incertidumbre añadida de si la concursada podría hacer frente o no a las sucesivas liquidaciones”.
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