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España encabeza los países europeos con más arbitrajes sobre energías renovables

Italia y Rumanía se posicionan en segundo y tercer lugar, con mucha diferencia de casos, según el Índice de Cumplimiento de Resoluciones Internacionales

Aerogeneradores en el parque eólico Serra do Larouco, en Ourense.
Aerogeneradores en el parque eólico Serra do Larouco, en Ourense.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)
Nuria Morcillo

El Estado español es el país europeo más demandado por sus políticas en energías renovables. El recorte de las primas a inversores en este ámbito, con motivo de la reforma eléctrica que el Gobierno de Mariano Rajoy llevó a cabo en 2013, ha hecho que España encabece el listado de países con más pleitos por cuestiones referentes al Tratado de la Carta de la Energía (TCE), por delante de Italia y Rumanía. Así se desprende del segundo Índice de Cumplimiento de Resoluciones Internacionales, elaborado por el servicio de estudios de la compañía NL Consulting que dirige el jurista y académico holandés, Nikos Lavranos, experto en procedimientos de arbitraje de alcance internacional.

Según el informe anual, de los 109 casos que se han presentado en distintas cortes de arbitrajes bajo el paraguas del TCE –del que la Unión Europea y sus países miembros han anunciado la retirada, aunque su vigencia perdurará 20 años más–, casi la mitad han sido planteados contra España desde hace más de una década. En concreto, el número de demandas contra el Estado español asciende a 51, lo que supone el 47% del total. En segundo lugar, y con un gran margen de diferencia, se encuentra Italia, con 14 arbitrajes. La tercera posición es para Rumanía, con ocho causas.

De este centenar de pleitos presentados bajo el amparo del tratado internacional firmado en 1994, 74 tienen que ver con inversiones renovables y, como se observa, la gran mayoría están relacionados con la modificación de la legislación que el Ejecutivo popular llevó a cabo hace 10 años. En cuanto al resto, 17 están relacionados con aspectos sobre el sistema eléctrico; 12 se ocupan de explotaciones de petróleo o gas y seis versan sobre minería.

Centrándose en el caso español, el informe subraya que 25 de los arbitrajes ya han sido resueltos, aunque solo 10 de manera definitiva. Así, inversores perjudicados y fondos oportunistas que han comprado la posición de los reclamantes en estos litigios han visto reconocidas indemnizaciones por el importe total de 1.300 millones de dólares (aproximadamente 1.200 millones de euros). Vistos los resultados obtenidos, el estudio de Lavranos estima que, al menos, el 80% de estos expedientes se resolverán de forma satisfactoria para los denunciantes, elevando el monto final indemnizatorio hasta alrededor de 2.000 millones de euros.

Esta cifra coincide con las estimaciones del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que prevé que la factura total de 10.000 millones de euros que se calculó en un principio por el recorte de las primas a las renovables se reduzca considerablemente hasta dicha cantidad, según explicó a CincoDías. La disminución de los costes se debe también a que los servicios jurídicos del Estadolograron anular tres de los laudos y que tres de los reclamantes terminaron desistiendo de sus intenciones iniciales para acogerse al real decreto-ley que el Gobierno aprobó en 2019 para otorgar a las plantas afectadas una rentabilidad garantizada del 7,39% hasta 2031, a cambio de no seguir pleiteando.

Ranking mundial de impagos

En cualquier caso, el Estado español no ha ejecutado ninguno de los laudos, escudándose en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea limitó que los inversores de un Estado miembro de la Unión Europea puedan exigir una reclamación a otro Estado miembro y que la Comisión Europea tiene que autorizar el pago de la indemnización para que no se considere una ayuda de Estado ilegal.

En base a ello, el Índice de Cumplimiento de Resoluciones Internacionales destaca, por segundo año consecutivo, que España, a nivel mundial, es el país con mayor número de laudos pendientes de pago (15 firmes), a la par con Venezuela (15) y por delante de Rusia (9). Así, le sitúa en el tercer puesto en el ranking de indemnizaciones impagadas, siendo Rusia el primero (con 60.100 millones de dólares a deber), seguido de Venezuela (7.100 millones).

Asimismo, el documento destaca que a la suma de 1.300 millones de dólares que las distintas cortes de arbitraje han condenado a España a pagar a inversores, se deben añadir otros 270 millones en intereses generados y honorarios legales. Además, advierte de que los servicios jurídicos del Estado habrían gastado al menos 70 millones de euros en sus propios honorarios legales.

Embargos provisionales

Ante estos impagos, varios inversores y fondos han iniciado litigios en distintos países en busca del reconocimiento y ejecución de los laudos. Así, la justicia británica ha autorizado el embargo cautelar de 800.000 euros que el Estado tiene en cuatro cuentas bancarias en Reino Unido; la sede londinense del Instituto Cervantes; el Instituto Español Vicente Cañada Blanch, un colegio internacional que tiene como sede un antiguo convento dominico, con más de un siglo; y la sede del organismo de promoción económica de Cataluña.

También, ordenó el bloqueo provisional del cobro de parte de más de 850 millones de euros que España reclama por el hundimiento del Prestige frente a las costas gallegas en 2002, si bien esta medida quedó en el aire, el pasado mes de octubre, después de que la corte comercial del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales tildara de “incompatible” el ingreso de dicha compensación con el arbitraje británico que está en curso por este asunto.

Fuera de Europa, los fondos han abierto la vía de otros posibles embargos, como en Australia, donde se está pendiente de determinar si bienes españoles, como la filial de Navantia, pueden verse afectados. Mientras tanto, los tribunales norteamericanos estudian distintos casos abiertos en relación a dichas inversiones energéticas cuyas primas se vieron mermadas.

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Sobre la firma

Nuria Morcillo
Periodista de Tribunales con más de 10 años de experiencia. Tras dar los primeros pasos en El Mundo y ABC, llegó a la agencia de noticias Europa Press, donde comenzó a profundizar en el mundo jurídico. Después pasó por La Información, donde siguió especializándose en ese área. En CincoDías desde diciembre de 2022.
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