Energía

España pierde el arbitraje de la portuguesa Cavalum por el tajo a las renovables

El Ciadi dicta una condena parcial, pero da 28 días de plazo a las partes para fijar la cuantía

Planta fotovoltaica.
Planta fotovoltaica.

España ha perdido parcialmente otro de los laudos del medio millar de arbitrajes presentados por inversores afectados por el recorte de las renovables de la reforma energética del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. Se trata de la resolución de la demanda presentada por la portuguesa Cavalum SGPS ante el Ciadi (organismo arbitral del Banco Mundial) contra el Reino de España. Aunque España ha sido condenada a pagar, los árbitros dan 28 días de plazo a las partes para llegar a un acuerdo sobre la cuantía.

Se trata de una reclamación de 2016, defendido por el despacho Albiñana y Suárez de Lezo, por el recorte a la retribución de media docena de plantas fotovoltaicas ubicadas en el centro y oeste de España, así como de tres proyectos que tuvo que abandonar, los de Lobón, Solar Lobón y Solar de Botoa. Cavalum es una sociedad fundada por los ingenieros portugueses Carlo Cardoso y José Valentim Pereira da Cunha, con participaciones en más de media docena de instalaciones solares en España, y que reclama 60 millones de euros. 

Con este, son ya 17 los casos a favor de los inversores demandantes, que suman una indemnización de 1.035 millones de euros. Las reclamaciones totales superan los 10.000 millones de euros, según datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica. El recorte a la retribución de las renovables de 2013 afectó a 64.000 plantas.

Según la base de datos de Unctad (sin actualizar) son 13 los laudos resueltos: 12 en contra y uno a favor. Se trata, además del citado de Cavalum, de los arbitrajes de SolEs Badajoz (41 millones de indemnización); Nextera (290 millones); Antin (101 millones); Masdar (64,5 millones); Eiser (128 millones), que ha sido anulado; Novenergia (53,3 millones); 9REN (41,7 millones), Greentech (39 millones); Demeter y Cube (33,7 millones), Infrared Environment Infrastructure, (reclamaba 92 millones, pero no se conoce la indemnización concedida), Schwab Holding/OperaFund Ecoinvest (27 millones) y Watkins Holding (77 millones).

Además, el Gobierno ha recusado por supuestos conflictos de intereses a 13 árbitros, una decena de ellos en el Ciadi. De hecho, en junio se anotó su primera victoria en el Ciadi, que anuló el laudo dictado hace tres años en el que se le obligaba a pagar 128 millones de euros más intereses al fondo Eiser Infrastructure por los perjuicios causados por el recorte de las primas a las energías renovables.

El Gobierno acaba de recibir otro revés, con el fallo de uno de los tribunales del Ciadi que considera, en un fallo sobre un proceso abierto por una entidad alemana, que no solo los inversores o accionistas tienen derecho a reclamar indemnizaciones, sino también los bancos que los han financiado.

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