Masdar Solar renuncia a cobrar 80 millones de un laudo contra España
La compañía de Abu Dabi acudió al Ciadi por el recorte a la rentabilidad de las plantas renovables de 2013
La compañía Masdar Solar, de Abu Dabi, ha presentado formalmente su renuncia a percibir la indemnización que le reconoció un laudo condenatorio contra España y que ascendía a 80 millones de euros, acogiéndose a la fórmula que abrió el Gobierno para atajar la avalancha de litigios por el recorte a las renovables.
Así lo han indicado a Efe fuentes conocedoras de renuncias presentadas a raíz de que el actual Gobierno ofreciera a los inversores damnificados por el recorte en la retribución a las renovables, que hizo en 2013 el Ejecutivo del PP, que mantuvieran su rentabilidad en el 7,398 % hasta 2031, a cambio a renunciar a las cantidades que España les debía pagar en ejecución de laudos arbitrales que les habían sido favorables.
En la actualidad permanecen abiertos 48 procesos arbitrales contra España por el citado recorte, de los que 29 están pendientes de resolución y 19 en fase de anulación, o de anulación y ejecución.
La renuncia de Masdar es especialmente significativa porque ser la a primera vez que un demandante con un laudo condenatorio opta por la solución ofrecida por el Gobierno.
El laudo de Masdar era uno de los mayor cuantía e imponía una multa de 80 millones de euros a España.
El Gobierno tiene ahora que comprobar que la renuncia cumple con los requisitos legales.
Además, otros demandantes por el recorte a las renovables han comunicado su renuncia a continuar con los litigios en curso.
Es el caso de algunas empresas demandantes del laudo de The PV Investors, que han trasladado que quieren acogerse al régimen de remuneración más alto previsto en el real decreto-ley de 2019, que establecía la nueva rentabilidad y la solución para los inversores afectados por el recorte de las primas a las renovables.
El importe que tenía que pagar España en total en este arbitraje era de 91,1 millones de euros, el 5 % de lo que The PV Investors pidieron al principio, que ascendía a 1.900 millones de euros.
Dentro de los demandantes agrupados en ese arbitraje, a Element Power Holdings le correspondieron 2,2 millones de euros, pero ha renunciado a ser resarcido, mientras que otros que no percibieron cantidad alguna en ese procedimiento se han comprometido a terminar con el trámite de anulación que iniciaron contra ese laudo que les fue desfavorable, y a no reiniciar o continuar acciones.
The PV Investors fue el primer caso presentado en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía en contra de España en relación con la reforma energética de los años 2010 a 2014.
Sin embargo, el laudo tardó en llegar ocho años, después de que se hubieran dictado 18 de distintos tribunales relacionados con el mismo asunto.
También han comunicado su voluntad de renunciar los demandantes del laudo RREEF, en el que se condenó al Reino de España a pagar 59,6 millones de euros, cantidad muy inferior a la pedida inicialmente, que era de 441 millones de euros.
La renuncia presentada afecta al cobro de 1,1 millones de euros asociados a todas las instalaciones eólicas.
Otros demandantes, los del laudo Stadwerke, que pidieron la anulación del arbitraje que fue a favor de los intereses de España, han manifestado su intención de terminar anticipadamente el procedimiento de anulación y renuncian a reiniciarlo o continuarlo.
El plazo para presentar renuncias a las reclamaciones por el recorte a las renovables está abierto hasta el 18 de diciembre, ya que fue ampliado por el estado de alarma, que se aplicó en España del 14 de marzo al 20 de junio, incluidos, para contener la pandemia del coronavirus.
El Gobierno aprobó en noviembre de 2019 un real decreto-ley en el que ofertaba a los perjudicados por el recorte a las renovables de 2013, que afectó a 64.000 plantas y que generó contra España un reguero de reclamaciones en tribunales y cortes de arbitraje internacionales por alrededor de 10.000 millones de euros.
Para compensar a los afectados por el recorte, el Ejecutivo ofrecía la opción de mantener la retribución hasta entonces vigente, del 7,398 % o del 7,503 %, en función del tipo de instalación, hasta 2031, siempre que renunciaran a sus reclamaciones o a las compensaciones.
Los laudos condenatorios contra España de mayor cuantía pertenecen, en su gran mayoría, a una primera tanda de laudos publicados antes de noviembre de 2019, pues en los últimos meses se han producido seis laudos favorables a los intereses del país.