Cabify perdió 4,9 millones en España en 2022 por el fuerte aumento de la inversión
En el ejercicio precedente, sus números rojos habían sido de 348.000 euros
La compañía de multimovilidad Cabify perdió 4,9 millones de euros en 2022 en España, según se refleja en las cuentas de resultados de las tres sociedades en las que divide su actividad en el país: Cabify España, Miurchi Car y Prestige and Limousine. De estas, Cabify España, que opera el negocio de la compañía en A Coruña, Santander, Madrid, Sevilla, Málaga, Marbella y Murcia, registró unos números rojos de 5,85 millones. Las otras dos, por su parte, presentaron números positivos por casi 900.000 euros.
“El resultado del ejercicio vino motivado por una mayor inversión, donde destacan palancas para incentivar la demanda, como inversiones en marketing, y herramientas que incrementaron la oferta de vehículos a disposición de los usuarios, todo ello con el objetivo de mejorar la movilidad de las ciudades donde opera Cabify con alternativas de movilidad sostenibles y accesibles”, ha explicado la compañía a CincoDías.
El resultado de explotación, por su parte, también fue negativo con unos números rojos de 2,48 millones. En cuanto a la cifra de negocio, esta creció un 27,5% hasta los 199,5 millones, frente a los 156,5 millones obtenidos en 2021. Esto propició, según ha explicado Cabify en un comunicado, que fuese el año en el que más impuestos pagase desde su nacimiento en 2011. “Durante el ejercicio 2022 se abonaron 21,6 millones de euros de impuestos en España (IRPF, seguros sociales e impuestos indirectos), y más de 30 millones a nivel global”, ha indicado la empresa.
“En este sentido, cabe destacar que la compañía opera con sociedades locales en todos los países donde está presente (Argentina, Chile, Colombia, España, México, Perú y Uruguay) y que en los últimos 4 ejercicios ha pagado 96 millones en impuestos a nivel global, 57 de ellos en España”, ha añadido Cabify.
El 2022 estuvo marcado por el fin de la moratoria del conocido como decreto Ábalos aprobado en 2018. Dicho decreto daba cuatro años a los ayuntamientos y comunidades autónomas para que desarrollaran su propia regulación para las VTC, y durante ese tiempo estas podían seguir operando para recuperar sus inversiones. Las patronales del sector Unauto VTC y Feneval pidieron en 2022 que dicha moratoria se ampliase dos años más, algo a lo que el Gobierno no accedió.
Más tarde, en agosto de 2023, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por la empresa Vector Ronda (filial de Cabify), que solicitaba la responsabilidad patrimonial del Estado “en reclamación del perjuicio económico sufrido por la entrada en vigor del real decreto ley 13/2018 de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos en relación con las 2.192 autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor de las que es titular, sea directamente, sea a través de sus filiales al 100%”.
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