Rato denuncia la ilegalidad de los registros que dieron inicio a la causa sobre el origen de su fortuna
La defensa pide la nulidad de las pruebas clave y la libre absolución del exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del FMI
Rodrigo Rato, el que fuera vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar y director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha afrontado este viernes la primera jornada del juicio por, presuntamente, ocultar su patrimonio a Hacienda y defraudar 8,5 millones de euros. La primera sesión de la vista oral –que se prevé que se alargue cinco meses– se ha centrado en la cuestiones previas, un trámite en el que se fija el orden de la práctica de la prueba y en el que las defensas tratan de anular el procedimiento. Así lo ha hecho la abogada del exministro popular, que ha pedido la libre absolución tras denunciar una serie de ilegalidades en la actuación de la Oficina Antifraude, que dio origen al conocido caso Rato.
Rato llegaba a la Audiencia Provincial de Madrid al borde de las 10 de la mañana, hora a la que estaba programada el inicio de la vista oral –la tercera y última que tiene pendiente– y se ha sentado en el banquillo junto a otras 16 acusados. El que también fuera presidente de Caja Madrid y Bankia se enfrenta a una petición de alrededor de 70 años de cárcel que solicitó Anticorrupción, y a la que se adhirió la Abogacía del Estado, por una decena de delitos fiscales, blanqueo de capital y corrupción en los negocios.
Durante cuatro horas de exposición, la abogada María Massó, que ejerce la defensa de Rato, ha señalado que el procedimiento judicial que se inició hace más de ocho años no es válido por todas las irregularidades cometidas en su inicio. Según ha expuesto, el auto de entrada y registro en su domicilio y oficinas, dictado el 15 de abril de 2015 por el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid (en funciones de guardia en ese momento), “es nulo porque no cumple con los requisitos legales”. A ello ha añadido que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria recabó parte de la documentación sin la preceptiva autorización judicial. En concreto, “40.000 folios”, ha dicho la letrada, son los que deben ser expulsados de la causa de los 70.000 que consta en el sumario. “Se actuó totalmente de manera indiscriminada”, ha asegurado.
“La denuncia era mendaz”
De este modo, la abogada ha hecho un repaso cronológico de las primeras actuaciones llevadas a cabo. Así, ha destacado que las conclusiones del “Informe de Riesgos” de Antifraude, que dio origen a la denuncia que la Fiscalía presentó en los juzgados madrileños, eran “vagas, imprecisas y con falta de rigor”. Asimismo, ha subrayado que el relato de hechos del ministerio público era “mendaz”, “contradictorio y atípico”, puesto que “dice una cosa y la contraria”.
Según ha recordado, la Fiscalía atribuyó primero un delito de alzamiento de bienes “radicalmente falso” que, en pocos días, decayó al constatarse que Rato había satisfecho la fianza que la Audiencia Nacional le había impuesto en relación a su investigación por su actuación en Caja Madrid y Bankia, por la que fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el uso de las tarjetas black y absuelto por la salida a Bolsa de la última entidad.
A ello ha agregado que Anticorrupción, entre otros hechos, acusa por la ocultación de la titularidad de la sociedad británica Vivaway Limited, cuando el propio Rato lo declaró en su regularización de patrimonio a Hacienda, tras acogerse a la amnistía fiscal que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. De hecho, la letrada ha criticado que la Fiscalía haga referencia a las inversiones realizadas en sociedades offshore, cuando alguna de ellas se encuentran en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco. “¿Es Reino Unido o Luxemburgo un paraíso fiscal?”, ha ironizado.
“Casi el cien por cien es ilegal”
Tras ello, la defensa de Rato se ha centrado en las irregularidades cometidas durante los registros del 16 de abril de 2015 –y que se amplió hasta el día siguiente– y ha reprochado que se siguieran recabando pruebas después de que el juez de guardia diera por finalizada la actuación y mandara la causa a reparto para que otro magistrado analizara si procedía investigar al exbanquero, como finalmente decidió el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid.
En esta línea, se ha centrado en la actuación realizada por la ONIF el 23 de abril de ese año, sin luz verde de un juez, ya que el proceso aún no había recaído en un juez de instrucción. Así, ha denunciado que la finalidad del registro fue encontrar pruebas para montar una tesis acusatoria y por ello “se llevaron todo con la única finalidad de buscar el delito”, al tiempo que ha apuntado que la denuncia versaba sobre dos personas y tres ejercicios fiscales y terminó siendo una investigación “prospectiva” que salpicó a un centenar de sociedades y personas “sin ningún tipo de disimulo”.
Con todo ello, la abogada de Rato, que ha recordado que el exbanquero tiene todos sus bienes embargados desde mayo de 2018, ha cuestionado la validez del procedimiento, ya que tanto Anticorrupción como, después, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que trató de rastrear el patrimonio de Rato, se basó en la documentación aportada por Antifraude. “Casi el cien por cien de toda la documentación incautada es ilegal”, ha concluido.
Sobre la investigación en sí, que llevó a cabo el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, la defensa del exministro también ha invocado la vulneración del derecho a la defensa y a un proceso justo, ya que, según ha recalcado, Rato fue obligado a declarar sin conocer los hechos presuntamente delictivos que se le atribuyen, ya que le dieron acceso al sumario completo tres años después de que se iniciara el caso. Por tanto, entiende que todas estas diligencias también son “nulas”. Asimismo, ha asegurado que de los 11 delitos fiscales que se atribuyen a Rodrigo Rato, seis de ellos (correspondientes a los ejercicios que van entre 2005 y 2010) están prescritos.
La declaración de Catalá y la investigación al despacho de Montoro
La defensa de Rato ha solicitado de nuevo al tribunal que llame a declarar como testigos al exministro de Justicia Rafael Catalá y al exdirector de la Agencia Tributaria Santiago Menéndez -cuyos testimonios fueron denegados-, a raíz de los nuevos hechos que se han revelado sobre la investigación judicial por un presunto delito de revelación de secretos al despacho Equipo Económico, una consultoría fundada por el exministro de Hacienda Cristóbal, que impulsó la amnistía fiscal.
El que fuera titular de Justicia señaló, tras conocer el inicio del caso Rato, en abril de 2015, que Hacienda estaba investigando a "hasta 705 personas (...) que tienen que ver con la política, con las instituciones públicas" por acogerse a la amnistía fiscal. Asimismo, indicó que era "prematuro" afirmar que el expresidente de Bankia regularizó fondos de origen ilícito, por lo que instó a esperar al dictado de la sentencia, que más de ocho años después aún no ha tenido lugar.
Por todo ello, Rato considera pertinente la comparecencia de Catalá para aclarar por qué y cómo tenía conocimiento de todos estos datos que manifestó públicamente.
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