Rato se sienta hoy en el banquillo por el origen de su patrimonio: las claves del juicio
Se trata del último juicio que el expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno tiene pendiente y por el que Anticorrupción pide hasta 70 años de cárcel
El que fuera vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar y director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, vuelve a sentarse hoy en el banquillo de los acusados. En esta ocasión por el origen de su patrimonio y el presunto fraude a Hacienda de más ocho millones de euros. Por esta causa, el que también fuera presidente de Caja Madrid y Bankia se enfrenta a la petición de hasta 70 años de cárcel que la Fiscalía Anticorrupción pide como condena.
Cinco meses de vista oral. La Audiencia Provincial de Madrid comenzará a juzgar a partir de hoy a Rato, junto a casi una veintena de personas, por una decena de presuntos delitos fiscales cometidos entre 2005 y 2015, así como blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. El juicio está previsto que dure hasta finales de mayo de 2024. Las primeras sesiones de la vista oral estarán dedicadas a la fase de cuestiones previas, aquella en la que las defensas exponen sus argumentos para tratar de anular el procedimiento por posibles vulneraciones de derechos o tratan de acotar las cuestiones concretas a dilucidar. Así, el tribunal prevé escuchar primero a los testigos, tras el parón por las fiestas navideñas, y después comenzar a interrogar a los acusados, ya en abril.
Entramado extranjero. Anticorrupción acusa al exministro de Economía por esconder al fisco su patrimonio, a través de varias sociedades (la irlandesa Red Rose Investment, las panameñas Red Rose Finantial y Wescastle Corporation, y la británica Vivaway Limited) con las que realizó diversas inversiones mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco.
Asimismo, le atribuye la ocultación de cuentas en Estados Unidos y Suiza, que habrían estado operadas mediante otras cuentas abiertas en territorios de baja tributación como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao, y que se han servido, presuntamente, de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de trust y sociedades opacas.
Cuotas defraudadas. La Fiscalía detectó un incremento patrimonial no justificado entre 2005 y 2015, por más de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda. Así, el ministerio público concluyó que Rato tiene, en total, cuotas defraudadas de 8,5 millones de euros.
En dicho cálculo, Anticorrupción incluyó los servicios profesionales que Rato prestó a otras empresas, como por ejemplo a Telefónica, donde participó en los consejos asesores de la compañía en Latinoamérica y Europa, y que facturó a través de su empresa Kradonara (filial de Vivaway Limited); o por la realización de conferencias tras su regreso a España desde el FMI. A ello también sumó otras operaciones, como el cobro de 835.000 euros en comisiones, durante la presidencia de Bankia, de los contratos de publicidad que la entidad bancaria firmó con Publicis y Zenith sobre la fusión y salida a Bolsa del banco.
“Caza de brujas”. Durante toda la investigación, Rato ha cargado duramente contra Hacienda, la Fiscalía y los investigadores de la Guardia Civil que han tratado de rastrear su patrimonio. En numerosas ocasiones les ha acusado de haber llevado a cabo una “caza de brujas” y una investigación “prospectiva”. Así, tras no lograr que la causa quedara archivada, ahora reiterará ante el tribunal todos estos puntos para lograr la absolución. Para ello, negará la comisión de cualquier delito fiscal y alegará que declaró “voluntariamente” a Hacienda la titularidad de todas sus sociedades en el extranjero, tal y como ha expuesto en varios escritos presentados al juzgado instructor.
Ocho años de causa. Rodrigo Rato se sentará en el banquillo de los acusados ocho años después de que la Fiscalía de Madrid iniciara la investigación tras recibir una alerta de la Oficina Antifraude (ONIF) sobre posibles irregularidades en su patrimonio. Así, el 16 de abril de 2015, agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera registraron su vivienda, en el Barrio Salamanca de Madrid, y sus oficinas, dando inicio al conocido como caso Rato.
Amnistía fiscal. Solo 24 horas antes de los registros se había revelado que el ex vicepresidente del Gobierno era uno de las más de 700 personas que el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) investigaba por blanqueo de capitales tras acogerse a la amnistía fiscal que el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó en 2012.
Último juicio. Este procedimiento es el único que Rato tiene pendiente después de haber sido juzgado dos veces por su actuación en Caja Madrid y Bankia. Por el uso de las tarjetas black, la Audiencia Nacional condenó, en febrero de 2017, a cuatro años y medio de cárcel al exministro popular, una pena que fue confirmado en octubre de 2018 por el Tribunal Supremo. La condena firme obligó a Rato a ingresar en la prisión madrileña de Soto del Real, en la que permaneció hasta febrero de 2021, cuando se le concedió la libertad condicional por ser mayor de 70 años, haber pagado íntegramente la responsabilidad civil, y tras realizar un programa de justicia restaurativa.
Un mes después de entrar en el centro penitenciario, comenzó el juicio de Bankia, por el que se enfrentaba hasta 12 años de prisión. No obstante, la Audiencia Nacional determinó, en septiembre de 2020, que no se cometió ningún delito de estafa ni de falsedad contable. Esta sentencia fue ratificada por el Alto Tribunal en octubre de 2022.
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