BBVA rechaza dar permiso a sus empleados para testificar en el caso Villarejo
El representante legal del banco no accede a la petición del juez de dar dispensa de secreto profesional a sus trabajadores y tacha la petición de coacción
BBVA ha rechazado dispensar del secreto profesional a varios empleados del banco que el pasado julio fueron citados a testificar en el caso Villarejo y que se negaron a declarar por su obligación de guardar silencio. Entre estos trabajadores se encontraba la jefa de los servicios jurídicos de la entidad, María Jesús Arribas, cuya postura enfrentó, aún más, al banco con la Fiscalía Anticorrupción, y provocó la citación como testigo, el pasado 16 de octubre, del presidente del grupo bancario, Carlos Torres, que finalmente ha quedado sin validez en las actuaciones.
El representante legal del banco, Adolfo Fraguas, ha sido citado este viernes en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga los negocios privados del comisario jubilado José Manuel Villarejo, para que confirmara si el banco dispensa de dicho deber a estos empleados. Todo ello después de que la Sala de lo Penal estimara parcialmente un recurso de la entidad bancaria y anulara todas las diligencias que ordenó mediante una resolución posterior al acuerdo de la última prórroga de la investigación hasta enero de 2024. Entre estas pruebas figura la declaración del máximo responsable de BBVA, que ha sido excluida del sumario.
En este sentido, el magistrado instructor recuperó las diligencias que quedaron pendientes de realizar antes la ampliación del tiempo de investigación y recordó que varios interrogatorios no tuvieron lugar por dicha obligación de guardar secreto. Es por ello por lo que el juez Manuel García Castellón ha querido preguntar al representante legal del banco si sigue con la intención de colaborar con la justicia, tal y como la entidad ha manifestado en multitud de ocasiones, o es todo una apariencia, como asegura la Fiscalía Anticorrupción.
“Coacción difícilmente accesible”
Según han informado a CincoDías fuentes jurídicas conocedoras de la causa, Fraguas ha comparecido ante el letrado de la administración de justicia y el fiscal y durante la celebración de la vista ha leído un breve escrito, en el que afirma que la declaración tampoco tiene validez por no seguir el criterio establecido por la Sala de lo Penal y tacha la petición de “un importante grado de coacción difícilmente accesible”.
En dicho documento, que se ha presentado al juzgado y que ha podido ser consultado por este diario, BBVA enfatiza su derecho de defensa, como persona jurídica investigada por la contratación de los servicios del comisario jubilado, entre 2004 y 2017, y asegura ello no puede servir para cuestionar su nivel de colaboración con la investigación. “En ningún caso la colaboración puede suponer que exija a la persona jurídica investigada que releve del deber de secreto a sus abogados, ni que renuncie al derecho a comunicarse con sus abogados o estos con sus asistentes técnicos requiriéndole para que aporte las comunicaciones entre los mismos o el producto de su trabajo”, subraya el banco.
De este modo, el escrito firmado por el propio Fraguas contesta a las preguntas que el magistrado instructor formuló en su última resolución y por las que hoy ha sido citado. Además de la dispensa, el juez García Castellón, solicitó que BBVA aclarara si “autoriza expresamente” a PwC, la consultora que elaboró un forensic, en el marco de una investigación interna para depurar responsabilidades por los encargos a Villarejo y que en 2019 se entregó al juzgado, para que aporte documentación sobre dicho examen que no consta en la causa.
“Doctrina autorizada considera que no es admisible que, como condición de colaboración, se exija a la persona jurídica investigada tales renuncias, pues ello puede comportar un ‘importante grado de coacción difícilmente admisible’. Semejantes renuncias no pueden convertirse en la vara de medir de la colaboración”, concluye el escrito.
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