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Anticorrupción cierra filas en las dos causas sobre el Banco Popular

Los fiscales que analizan las ampliaciones de capital de 2012 y 2016 han analizado todas las pruebas para evitar criterios discrepantes en ambos procedimientos

Banco Popular
Una sede de Banco Popular en Lisboa. Reuters

La Fiscalía Anticorrupción intenta salvar los escollos que pueden existir en las dos investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional por las ampliaciones de capital que el Banco Popular acometió en 2012 y 2016. Según indicaron varias fuentes jurídicas a CincoDías, los fiscales de ambas causas se reunieron para analizar todas las pruebas y evitar criterios discrepantes sobre cuestiones comunes en los dos procedimientos penales.

La discusión tiene su origen en los distintos informes que los inspectores del Banco de España designados como peritos judiciales en estas causas han emitido a lo largo de las instrucciones de los dos procesos. Las diferentes conclusiones, algunas provocadas por una ampliación de los exámenes, a instancia de Anticorrupción, han obligado a los fiscales a cerrar filas para no emitir opiniones que puedan contradecirse y evitar que estas se conviertan en un flanco débil para las defensas de los investigados, entre ellos el expresidente del banco Ángel Ron, que se encuentra imputado en ambas causas.

La fiscal Anticorrupción encargada de investigar si el Popular engañó a sus inversores con datos falsos en el folleto de información de la ampliación de 2012 ha pedido el archivo provisional de estas pesquisas que llevan en curso poco más de un año. La solicitud se realizó tras conocer el último informe del órgano supervisor bancario, que certificó que la operación fue un “éxito” y rentable para los que participaron en ella.

Los pormenores de este escrito sobre el cierre de la causa es lo que han analizado con detenimiento los fiscales, según las fuentes consultadas, para impedir que esto obstaculice la tesis que Anticorrupción mantiene sobre los hechos acaecidos en 2016 –la causa principal, que se inició poco después de la quiebra de la entidad, en 2017–. En caso de que el juez instructor acuerde dejar al borde del banquillo a la entonces cúpula de la entidad, la Fiscalía tendrá que formalizar su escrito de acusación.

Déficit de provisiones

En el último informe del Banco de España, con fecha del pasado julio, los inspectores hicieron alusión a la afirmación que los peritos de la causa principal hicieron, en diciembre de 2021, sobre que el Banco Popular no hizo correctamente la clasificación como dudosos de una serie de operaciones vinculadas con Thesan Capital, la sociedad luxemburguesa utilizada para financiar a empresas españolas que ya eran clientes y que atravesaban una difícil situación económica. Según sus estimaciones, los riesgos debían ascender a 876 millones de euros, lo que generaba un déficit de provisiones de 520 millones de euros desde 2012.

No obstante, los expertos que analizaron el estado del Banco Popular en 2012 precisaron que la reclasificación de estos riesgos fue requerida por el Banco de España posteriormente. Asimismo, apuntaron que la ampliación de capital realizada, para cumplir los requerimientos de solvencia de las instituciones bancarias, “dejó al banco en una posición saneada que le permitiría obtener mejor rentabilidad en los años siguientes”.

De hecho, así lo reconocieron también los funcionarios del Banco de España que ejercieron de auxilio judicial para la causa relacionada con la operación del 2016. En un informe presentado en abril de 2019, destacaron que la evolución del Banco Popular hasta diciembre de 2016 fue “positiva”. A ello añadieron que el motivo de la resolución de la entidad, en junio de 2017, fue la falta de liquidez, pero no un problema de solvencia.

Esta conclusión fue modificada tres años después, una vez que el juez instructor José Luis Calama –a petición de la Fiscalía Anticorrupción– solicitó una nueva valoración con carácter “retroactivo” de la viabilidad de la ampliación de capital para ver si coincidía con las previsiones, no tan positivas, del Banco Central Europeo (BCE), que inspeccionó la entidad extinta. Pese a las reticencias de los peritos a hacer el nuevo examen, finalmente señalaron que la entidad debió declarar pérdidas en el ejercicio de 2015 de más de 1.000 millones de euros en lugar de 106 millones en beneficios.

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Sobre la firma

Nuria Morcillo
Periodista de Tribunales con más de 10 años de experiencia. Tras dar los primeros pasos en El Mundo y ABC, llegó a la agencia de noticias Europa Press, donde comenzó a profundizar en el mundo jurídico. Después pasó por La Información, donde siguió especializándose en ese área. En CincoDías desde diciembre de 2022.
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