El endiablado dilema de las ayudas energéticas
Sería de agradecer que el próximo Ejecutivo trabaje sobre cómo ayudar de forma eficaz a los hogares más castigados por la inflación
La retirada de las ayudas generalizadas a la energía ha sido una petición recurrente de organismos internacionales y economistas, a medida que el pico inflacionista se enquistaba en las economías occidentales, particularmente en las europeas. Hace justo una semana contábamos que el Gobierno baraja prorrogar las ayudas a la TUR del gas (que limita la subida de la tarifa regulada), pero con el fin de año decaería, también, la batería de rebajas fiscales aplicadas sobre la tarifa de la luz: bajada del IVA (del 21% al 5,1%), del impuesto especial eléctrico (del 5% al 0,5%) y la suspensión del impuesto de generación. Los cálculos apuntan a que la retirada de estos estímulos encarecería el recibo medio de la tarifa regulada de la luz un 26%. Aún no sabemos si para entonces habrá Gobierno constituido o un Gobierno en funciones previo a la repetición electoral, una cuestión clave.
En todo caso, se trata de una decisión política con notables aristas económicas. El argumentario de la oficialidad financiera es sencillo, y difícilmente rebatible: a medida que la inflación se extiende en el tiempo y permea a diversos sectores, las ayudas públicas a gran escala pierden eficacia. Abogan el Banco de España, así como otros organismos, por ayudas enfocadas a los colectivos vulnerables. Es decir, apoyar a los hogares que tienen dificultades para pagar la luz, la comida o el comedor del colegio, en lugar de subvencionar la luz (o los alimentos) a todos los hogares del país. Un argumento contra al que no es sencillo poner algún pero.
Ahora bien, la dificultad está en la ejecución. Calibrar los hogares en riesgo de exclusión no es tarea fácil desde un punto de vista operativo, como ha demostrado la (acertada) puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital. Más sencillas son las ayudas fiscales directas... que por su parte dejan fuera a los hogares sin ingresos. Adicionalmente, estas ayudas tampoco son inmunes al interminable fuego político, mucho más benigno cuando los beneficios se dirigen al público en general o, incluso, directamente a las rentas altas.
Retirar las ayudas directamente podría poner en una situación peliaguda a muchos miles de hogares. Pero dar una patada a seguir eleva el riesgo de que se vuelvan permanentes, un escenario indeseable. Por eso sería de agradecer que el próximo Ejecutivo trabaje sobre cómo ayudar de forma eficaz a los hogares más castigados por la inflación. Y, respecto a la retirada de las ayudas, cabe remitirse a las palabras de San Agustín: “Señor, hazme casto... pero no todavía”.
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