La reforma del bono de la luz, ¿tarde, mal y nunca?

La polémica sobre las bonificaciones en la factura de políticos madrileños abre la puerta a cambiar un modelo que proteja a los verdaderos vulnerables

Ha sido necesaria la filtración de que un alto cargo político con posibles, en este caso, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha cobrado el bono social térmico, para que la opinión pública y el Gobierno se hayan rasgado las vestiduras. En el primer caso, resulta comprensible la indignación ciudadana, pues es difícil descifrar el arcano de los bonos energéticos, cada vez más complicados y menos eficientes. Lo que ha resultado más sorprendente es el estupor mostrado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la noticia de que Ossorio, con un sueldo anual de casi 105.000 euros (más otros probables ingresos familiares) sea un consumidor vulnerable por ser familia numerosa. Una consideración que le otorga expresamente la regulación aprobada por el último Gobierno del Partido Popular ratificada por el actual Ministerio para la Transición Ecológica en 2018.

Aunque el departamento que dirige Teresa Ribera amplió a nuevos colectivos el derecho a la bonificación de la luz, no se atrevió a tocar la de las familias numerosas, los únicos beneficiarios a los que que no se aplica un criterio de renta para recibir el descuento del 40% en la factura de la luz, aunque sí se limitó a un volumen de consumo (4.761 kWh al año). Tras descartar la creación de un bono social para el gas natural, se creó el llamado bono térmico, un único pago anual que reciben de manera automática los consumidores con derecho previo al bono de la luz. El térmico lo pagan las comunidades autónomas mediante una transferencia del Estado, en función del grado de vulnerabilidad del usuario; de la disponibilidad presupuestaria y de las zonas climáticas predeterminadas por la regulación (media docena).

La mayor parte del territorio madrileño corresponde a la zona D (la penúltima con temperaturas más frías del país) lo que ha proporcionado este año a sus ciudadanos vulnerables 195 euros (cantidad que ha recibido su vicepresidente) y 313 euros a los vulnerables severos y quienes se encuentran en riesgo de exclusión social. Los Gobiernos regionales pagan esta bonificación a los consumidores cuyas listas les proporcionan las comercializadoras reguladas (COR), que son las encargadas de realizar los descuentos del bono de la luz a 1,9 millones de hogares.

Aunque estos últimos datos están a salvo de filtraciones, las listas en manos de las comunidades autónomas corren el riesgo de ser publicadas, como así ha ocurrido en Madrid, que a principios de este mes ha pagado el bono térmico correspondiente a este invierno (70 millones de euros) a los correspondientes beneficiarios (137.300).

La falta de equidad al otorgar el bono social de la luz a las familias numerosas en España sin tener en cuenta su renta, es algo que siempre ha reconocido el Gobierno internamente. Sin embargo, este confiaba en que las familias de altas rentas no lo solicitarían por “razones éticas”. Demasiado suponer cuando es un derecho que se ejerce en secreto.

El caso de Madrid ha puesto en evidencia que el sistema está lleno de ossorios: la propia Mónica García, portavoz de Mas Madrid en la Asamblea regional (pillada en un serio renuncio al disfrutar ella misma del descuento), o Rocío Monasterio, de Vox, lo reciben. Familias de altas rentas que gozan de unos descuentos importantes en sus facturas y que en el caso del térmico (por ser una partida cerrada) resta beneficios a los consumidores realmente vulnerables, gracias a una regulación que el Gobierno no se ha atrevido a tocar hasta ahora. Hay quien asegura que por temor a las asociaciones de familias numerosas, a las que se atribuye un poder nada despreciable y que han sido bonificadas en todas las tarifas sociales de la luz desde que estas se inventaran hace más de una década. La primera, en 2008, de la mano del entonces ministro de Industria socialista, Miguel Sebastián.

Tabla rasa

Muy llamativa resultó, después de que Infolibre desvelase el caso del vicepresidente madrileño, la reacción de Teresa Ribera anunciando una reforma inmediata del bono social para ligarlo, en el caso de las familias numerosas, a la renta, o la de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificando la actual regulación de injusta, como si les fuese ajena. Arrastrado por las circunstancias y en un momento preelectoral delicado, el Gobierno se ve obligado a unos cambios legales que o puede tener un coste en las urnas o, si se analiza desde una óptica populista, podría beneficiarle.

Todo apunta, no obstante, a que, lejos de una simplificación del sistema, como viene siendo habitual en la regulación eléctrica, al bono de la luz (ver gráfico) se le añadirá un nuevo parche para complicar su tramitación y su gestión por parte de las comercializadoras que lo tramitan. Fuentes del sector recomiendan, en línea con las consignas de la Comisión Europea, que ya ha advertido a los países miembro que tienen que ir eliminando las subvenciones justificadas por la crisis energética, que limiten las ayudas a los consumidores vulnerables. Y la vulnerabilidad la determina la renta per cápita familiar, subrayan.

El bono social español es un compendio barroco de supuestos y colectivos: los consumidores vulnerables, con derecho a un descuento del 65% (hasta la crisis de precios, era el 25%; los muy vulnerables, con el 80% de descuento y los que están en riesgo de exclusión social, que no pagan nada, y son atendidos por los servicios sociales municipales o autonómicos. En cada grupo, se establecen beneficiarios en función de la renta, el número de hijos menores (salvo las familias numerosas a las que no se aplica la renta) y del consumo. En las listas figuran víctimas de violencia de género, de terrorismo o pensionistas. Con un sistema que bonificara la factura en función de la renta per cápita familiar, hasta el volumen que determinase el Gobierno y limitando el consumo subvencionado, los verdaderos vulnerables quedarían protegidos. Empezando por las familias numerosas.

De momento, el Pleno del Congreso ha aprobado una proposición no de ley del PSOE para determinar el alcance y la eficacia de los bonos eléctrico y térmico y si estos son suficientes para paliar el coste de la energía en los hogares vulnerables. La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor de todos los grupos políticos y la abstención de Vox, ERC, Ciudadanos, PDeCAT y Junts.

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