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Las VTC interpondrán reclamaciones patrimoniales masivas a varias CC AA

Solo Moove Cars, participada por Uber, y Auro demandarán a las Administraciones por unas 2.250 licencias. La indemnización reivindicada ronda los 120 millones

Marimar Jiménez
Vehículo de Uber en Madrid.
Vehículo de Uber en Madrid.Pablo Monge

Las empresas con licencias de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) planean presentar en los próximos días o semanas reclamaciones patrimoniales masivas a las comunidades autónomas que no han regulado esta actividad después de que se aprobase el llamado Decreto Ábalos, en septiembre de 2018. Esta norma habilitó a las CC AA a regular el servicio de las VTC para transporte urbano (algo que hasta ese momento hacía el Estado) y otorgó un periodo transitorio de 4 años (a modo de indemnización) para compensar en tiempo unos derechos perdidos. No obstante, dicho Decreto-ley no efectuó ninguna previsión sobre las consecuencias de hacer desaparecer este servicio público tras ese plazo en caso de que llegase a omitirse toda regulación propia por cualquiera de las comunidades autónomas, aspecto que ahora es objeto de controversia judicial.

Las reclamaciones se producirán también contra aquellas comunidades que habiendo regulado han establecido condiciones que, según denuncian, les impide ofrecer el servicio y les expulsa del mercado. Con esta acción, muchas empresas buscarán que los tribunales les reconozca el supuesto perjuicio económico derivado del cambio normativo.

Solo Moove Cars, participada en un 30% por Uber y la mayor por número de licencias en el país (posee 4.300 de las 18.000 que hay, según los últimos datos del Ministerio de Transporte), planea interponer reclamaciones patrimoniales por 540 licencias en País Vasco, Castilla y León, Galicia, Murcia, Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, La Rioja y Navarra, comunidades que no han regulado.

Esta compañía ya ha presentado también reclamaciones patrimoniales en Cataluña, Baleares, Valencia, Galicia y Aragón, donde suman 1.490 licencias. En este caso, por restringir y dificultar la actividad en el área urbana, según cuenta a CincoDías Hugo Ruiz, director de Legal de Moove Cars, que asegura que tales reclamaciones -interpuestas según las comunidades iban aprobando sus normativas- están en diferentes fases: administrativa, contencioso...

Auro también va a interponer demandas de responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), en su caso por 220 licencias en Cataluña y Valencia, pues esta empresa cuenta con 2.080 licencias, pero 1.700 las tiene en Madrid y otras 100 en Andalucía, comunidades que sí que han regulado la actividad de las VTC.

Entre ambas compañías reclaman indemnizaciones que rondarán los 120 millones de euros, pues el valor de cada licencia varía según las comunidades. Ruiz explica que Moove Cars planea reclamar unos 40 millones por las 540 licencias apuntadas. A esa cifra se añaden los 53 millones que ya han reclamado a las otras 5 comunidades antes indicadas y en las que ya ha presentado reclamación. Por su parte, el director de Legal del grupo Auro, José Antonio Jordano, señala que reclamarán en torno a unos 100.000-110.000 euros por cada licencia, lo que situaría la indemnización que solicitarán en unos 24 millones.

Vecttor, 100% de Cabify y una de las top 3 por número de licencia junto a Moove Cars y Auro, no ha querido confirmar a este periódico si va presentar reclamaciones a las CCAA, pero fuentes del sector aseguran que “no sería extraño que lo estén valorando”, después de que este verano el Supremo desestimara un recurso presentado por la compañía, que solicitaba al Estado una indemnización de 237,5 millones. Moove Cars también ha interpuesto una reclamación al Estado de 317 millones por todas sus licencias (incluidas las de Madrid y Andalucía).

Ahora, apuntarían a las CC AA, pues la sentencia del Supremo respaldó el ‘Decreto Ábalos’ y rechazó indemnizar a la filial de Cabify. Las empresas se acogerán a que en su fallo este tribunal indicaba que “en efecto, el daño por el que se reclama -derivado, sustancialmente, de la imposibilidad de prestar el servicio de transporte de arrendamiento de vehículos con conductor en el ámbito urbano al amparo de la anterior autorización estatal, una vez concluido el periodo transitorio previsto en el Real Decreto-ley- no puede calificarse daño actual y efectivo, sino de futuro e incierto, pues dependerá de la regulación que adopten las Comunidades sobre las autorizaciones VTC”.

Además, añadía, que “el daño que de tal regulación -o de su omisión pueda derivarse no pueda imputarse al Estado (...), sino a la futura legislación -o falta de ella- que puedan adoptar las CC AA al regular las condiciones de acceso y prestación del servicio VTC en el ámbito urbano”.

“El plazo establecido por el Decreto Ábalos para operar en el ámbito urbano acabó el 30 de septiembre de 2022, y esa fecha nos marca el plazo de un año para poder reclamar la responsabilidad patrimonial contra las comunidades autónomas legisladoras, por falta de regulación de una materia que nos impide continuar con nuestro servicio”, aclara Ruiz, que añade que todas las empresas con licencias VTC afectadas por las comunidades que no han regulado o lo han hecho “restringiendo y dificultando la actividad, pueden reclamar”. En el sector se da por hecho que la mayoría lo hará. Y, si se quitan las comunidades de Madrid y Andalucía, el resto de autonomías suman más de 6.000 licencias.

Licencias vacías de valor

Moove Cars apunta que aunque en algunas CCAA donde tienen licencias no operan en este momento, reclamarán también, ”pues el perjuicio causado es el mismo: nuestra inversión ha quedado desvirtuada con el cambio legislativo. Adquirimos un activo (licencias con vigencia indefinida), que ahora nos han vaciado de valor al no poder operar. La merma patrimonial es la misma”.

Aunque la sentencia del Supremo antes citada concluye que el Decreto Ábalos no tuvo carácter expropiatorio porque las VTC “no consolidan derechos adquiridos, esto es, no proporcionan garantías de inalterabilidad del marco regulatorio existente al tiempo de su otorgamiento”, Emilio Domínguez, abogado experto en movilidad y transportes, asegura a este periódico que “esto no les va a aplicar a las CCAA que omitan regular o autorizar servicios urbanos en su territorio, porque una cosa es que la administración otorgante de la autorización pueda modificar condiciones del servicio autorizado y otra suprimir un servicio público por la vía de falta de regulación”.

Tanto Auro como Moove Cars cuentan con asesores jurídicos externos para presentar las reclamaciones, que se basan, dicen, en informes periciales. Desde ambas compañías aclaran que para presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial tiene que haber un daño, una causa y un hecho causal. “Y en nuestro caso se da. Existe el daño, porque las autorizaciones si no pueden prestar servicios urbanos carecen de utilidad, pues nuestra actividad es eminentemente urbana. Cerca del 98% de lo que prestamos son servicios urbanos”, coinciden. El sector de las VTC sigue intentando, entre tanto, llegar a acuerdos con las comunidades autónomas “para que se nos restañe el daño causado”, pero admiten no tener muchas esperanzas de que se logre.

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Marimar Jiménez
Redactora senior en la sección de Empresas de CINCODIAS. Sigue la actualidad del sector de tecnologías de la información y del ecosistema emprendedor español. Antes de incorporse al diario en 2000 trabajó en Actualidad Económica y los suplementos Futuro y Negocio en EL PAIS. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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