Airbnb se aferra a Bruselas para evitar otra sonada derrota como la de Nueva York
La ciudad más poblada de EE UU prohíbe los alquileres de pisos por menos de 30 días y solo permite los de habitaciones si el propietario está en el domicilio. La Comisión Europea acaba de limitar legislaciones restrictivas en Irlanda o Portugal.
Airbnb, la mayor plataforma para comercializar pisos turísticos en el mundo, con más de 6 millones de anuncios al cierre de 2022, ha sufrido uno de los peores reveses legislativos de su historia al ser expulsada literalmente de Nueva York, la ciudad más poblada de EE UU. El ayuntamiento neoyorquino ha aprobado una legislación hiperrestrictiva en la que impide alquiler pisos turísticos completos si no es por más de 30 días y solo permite habitaciones un tiempo inferior, siempre y cuando el propietario esté presente en la casa.
Pese a ello, Airbnb minimiza su impacto, puesto que los ingresos generados por los alquileres en esa ciudad apenas llegan a 79,3 millones de euros, un 1% de los 7.804 millones de euros que factura al año. Un portavoz de la plataforma asegura que el diagnóstico sobre la falta de vivienda y la carestía del alquiler en la capital neoyorquina, especialmente en Manhattan, es erróneo y ha estado influenciado por el lobby hotelero. “Menos de la mitad de los anuncios de Airbnb en Nueva York están en Manhattan, la zona con más problemas de vivienda, mientras que el resto se reparte fundamentalmente entre Brooklyn (37%) y Queens (13%)”, asegura.
¿Es posible que este tipo de legislaciones restrictivas aterricen en Europa y pongan orden al crecimiento descontrolado de las viviendas que denuncian los empresarios hoteleros? Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), remarca que hay tres tipos de legisladores en Europa (Comisión Europea, Gobierno estatal o ayuntamientos) que pueden regular el alquiler de corta duración. “Lo que no se puede hacer es simplificar y pensar que lo que hace un ayuntamiento puede afectar a todo un país”. Estalella remarca que Bruselas vigila cómo se anuncian y que no haya abusos. “Están atentos a la transparencia, al registro obligatorio de los anfitriones o al cumplimiento de la ley de comercio electrónico, pero no se meten en su fiscalidad o si son muchas o pocas. Eso les corresponde a los estados, que son los que fijan las normas de seguridad, los impuestos o los tamaños mínimos”. El secretario general de los hoteleros cree que la llave para limitar y poner orden en los pisos turísticos la tienen los ayuntamientos como ha sucedido en Nueva York. “Son los que pueden establecer zonas donde dar o no dar licencias o fijar un mínimo de días para limitar la actividad, pero siempre justificándolo y limitándolo a su ámbito”.
Los hoteleros creen que son los ayuntamientos, como los de Madrid y Barcelona, los que pueden parar el descontrol de pisos turísticos con límites
Una interpretación radicalmente opuesta a la de Airbnb, que se aferra a Bruselas para tratar de frenar las regulaciones que traten de limitar o acabar su actividad de forma injustificada o desproporcionada. Y para ello pone como ejemplo lo sucedido en Irlanda, cuyo proyecto legislativo trataba de buscar una solución a la falta de vivienda y a la carestía de la misma e identificaba a los pisos turísticos como los principales responsables, por lo que limitaba su actividad. En una carta remitida al Ejecutivo irlandés el pasado 5 de abril, la Comisión Europea reconocía cinco puntos de choque con la norma que prepara. Se trata de un reglamento aprobado el pasado 22 de noviembre y que se encuentra actualmente en tramite parlamentario. En la misiva también cuestionaba el hecho de que las restricciones de alquiler en viviendas principales mejoraran la oferta de vivienda, que asumieran que la limitación sobre Airbnb evitaría el alquiler, que fuera proporcional y el impacto negativo que tendría aplicarla de forma indiscriminada en zonas rurales, sin la presión de precios u oferta que en las zonas urbanas. El gigante de los pisos turísticos también se acoge al caso de Portugal, en el que el proyecto legislativo también recibió las advertencias de Bruselas, que está monitorizando el proceso, que no comparte esa norma y que ha solicitado que se le notifiquen algunos de los detalles contenidos en la misma en virtud de la Directiva de Servicios.
“Con esta propuesta de la UE, España tiene la oportunidad de abordar las preocupaciones causadas por la actividad especulativa en el mercado de la vivienda y el exceso de turismo. Airbnb quiere trabajar con los responsables políticos para que estas normas brinden a los ciudadanos la posibilidad de hospedar [en un momento en que muchos afrontan los crecientes costes de vida] y ayudar a dispersar el turismo fuera de los centros urbanos donde no hay hoteles”, recalca Georgina Browes, responsable de Políticas Públicas de la UE en Airbnb.
Estalella considera que el crecimiento descontrolado de los pisos turísticos nace en la nueva ley de vivienda. que considera descompensada en favor de los inquilinos. “Ha provocado que hayan salido miles de viviendas del alquiler tradicional y se hayan ido al turístico, sin restricciones y con más rentabilidad”.
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