El Gobierno irrumpe en Celsa y avisa que deberá autorizar el rescate
La Generalitat reclama negociar la solución final y la compañía, aún bajo el mando de los Rubiralta, cree que el escudo antiopas aún puede bloquear la transacción
El Gobierno marca terreno en el rescate de Celsa. El Ministerio de Industria ha aclarado que la operación de conversión de deuda en capital, por la que los acreedores de la siderúrgica se harán con su control, requiere la petición de autorización por el Consejo de Ministros. La Generalitat también ha afirmado que trabaja para mantener en funcionamiento la compañía.
La reestructuración de Celsa ha entrado de lleno en lo político, justo lo que querían evitar los fondos. Los acreedores obtuvieron el lunes una gran victoria sobre la familia Rubiralta, los fundadores y dueños de Celsa. El juez avaló su plan de reestructuración, que suponía una quita y una refinanciación de la deuda a cambio de que estos acreedores –capitaneados por Deutsche Bank, Anchorage, Capital Group y Attesor Capital, entre otros– tomasen el 100% del capital, desplazando a los Rubiralta.
La reestructuración, sin embargo, está aún pendiente de un último fleco por cerrar, la autorización del Consejo de Ministros. El Ejecutivo tiene la potestad de autorizar o rechazar la toma de más de un 10% de empresas estratégicas por parte de inversores extranjeros. Al tratarse Celsa de una compañía no cotizada, esta petición de autorización solo aplica a los inversores de fuera de la UE que tomen más del 10% del capital.
Hoja de ruta
Los acreedores no tienen claro si la norma les permite eludir este trámite. Se citaron a una cumbre ayer en la que plantear la hoja de ruta hasta que la decisión del juez se haga efectiva. Fuentes próximas confirman que han mantenido intensas negociaciones con los fondos durante los últimos meses precisamente para intentar allanar la autorización gubernamental. Entre las alternativas que han manejado está incorporar a un socio español de pedigrí que blinde la españolidad de la compañía o que los inversores no comunitarios cedan parte de su deuda a los europeos, de modo que se queden con menos del 10% y puedan burlar así el escudo antiopas.
El Gobierno ha salido rápidamente al paso para intentar taponar esta vía. En su opinión no hay nada que analizar, el Consejo de Ministros debe tener la última palabra sobre la reestructuración. Fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio han indicado a Efe que el Ejecutivo tiene previsto negociar con los nuevos propietarios de Celsa para garantizar la viabilidad futura de la empresa, así como el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y su continuidad en España, y confirma que esta operación necesita la autorización del Consejo de Ministros. Fuentes del Ministerio de Industria no han respondido a las preguntas de este periódico.
También la Generalitat ha querido opinar. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmado que el Ejecutivo catalán trabajará para “garantizar la integridad del proyecto y también el mantenimiento de los puestos de trabajo” de la compañía con su centro neurálgico en la planta de Castellbisbal (Barcelona). Los fondos ya han afirmado que sus planes pasan por mantener los más de 7.000 empleos y el centro de decisión en España.
Punto de inflexión
La compañía, aún controlada por la familia catalana, ha respondido al auto del juez un día después. Ha recordado que, en su opinión, los fondos aún deben someterse al dictamen del Gobierno para culminar la toma de la compañía. Es la última alternativa con la que aún podrían retener el control de la compañía tras el varapalo de la justicia y meses de tiras y afloja con los fondos al rechazar que tomasen ni una sola acción. Consideraban que habían comprado la deuda de los bancos con un elevado descuento, lo que los situaba casi como usureros, y les exigían asumir una quita de unos 1.000 millones sin contrapartidas.
La compañía también afirma que “velará por los intereses industriales, sociales y económicos que no solo afectan a la compañía sino a todo su entorno, cadena de valor y trabajadores”.
Los despachos de abogados observan con atención cómo se resolverá la cuestión. Es la primera gran reestructuración en la que se aplica la nueva ley concursal y en la que los acreedores aplican una de sus principales novedades, la capacidad de obligar a los accionistas a asumir un acuerdo impuesto por los acreedores. También es la primera vez que esta norma colisiona con el decreto antiopas y está por ver si el Ejecutivo puede moderar su aplicación.
“Única alternativa viable”
Luz verde al plan. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona dio este lunes vía a libre a los fondos de acreedores para tomar el control de la siderúrgica. En una sentencia, el magistrado Álvaro Lobato afirmó que esta medida es la “única alternativa viable a medio plazo” para garantizar el futuro de Celsa. Todo ello en base a que la deuda de la empresa es muy superior a su valor.
Transición. El juez encomendó a Lexaudit poner en marcha el referido plan de reestructuración, presentado en septiembre de 2022, coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva ley concursal, y realizar la transición hasta que los fondos cojan el mando de la empresa. Esta firma auditora fue designada judicialmente para mediar en este caso y para analizar la situación de la compañía. Concluyó que el valor de Celsa se sitúa en entre 1.800 y 2.800 millones de euros, unas cifras que fueron apoyadas por los fondos para continuar con su propósito.
Advertencias. La sentencia también contiene una serie de advertencias a ambas partes del conflicto. El juez, por un lado, recordó a los fondos que deben cumplir “estrictamente” todos sus compromisos para garantizar el futuro de la empresa catalana y aumentar su valor, así como mantener los puestos de trabajo. Por otro lado, apercibió a los aún accionistas de Celsa de que cualquier obstáculo o impedimento a la actuación de Lexaudit puede implicar la comisión de un delito de desobediencia.
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