El final del caso BBVA se complica tras la negativa a declarar de la jefa jurídica

El juez tiene que decidir antes del 29 de julio si vuelve a prorrogar la causa sobre la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo

Sede de BBVA, en Madrid.

La negativa de la jefa de los servicios jurídicos de BBVA, María Jesús Arribas, a declarar como testigo este viernes en la Audiencia Nacional complica el final de la causa abierta por la contratación por parte del banco del comisario jubilado José Manuel Villarejo, entre 2004 y 2017. La última prórroga acordada para esta investigación expira el próximo 29 de julio y el juez tiene que decidir si vuelve a ampliar el tiempo de instrucción o da por concluida la causa, que se inició hace casi cinco años.

La breve comparecencia de Arribas ante el juez Manuel García Castellón tras no responder a ninguna pregunta, alegando que está amparada por el deber de guardar el secreto profesional como abogada de la entidad financiera, concluyó con el aviso de la Fiscalía Anticorrupción de que se reserva su derecho a volver a pedir su testificar en un futuro.

De ello dependerá lo que determine la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tiene pendiente resolver el recurso que BBVA presentó contra la citación de Arribas y que tendrá que aclarar hasta qué punto el jefe legal de una compañía puede eludir un interrogatorio como testigo, condición que obliga a responder a todas las preguntas y a decir verdad.

Según explicaron fuentes jurídicas a CincoDías, el hecho de tener que esperar a conocer si la Sala de lo Penal avala o no esta declaración clave para la investigación abre la puerta a que Anticorrupción inste al juez instructor Manuel García Castellón a acordar una nueva ampliación de las pesquisas. Si la sala diera el visto bueno al interrogatorio de la jefa jurídica, su declaración podría provocar la práctica de nuevas diligencias de investigación, lo cual solo sería posible si el caso sigue abierto.

Posturas enfrentadas

BBVA argumentó en su recurso que la condición de Arribas como “abogada interna” y su participación en el equipo de defensa de la entidad, imputada en esta causa como persona jurídica, le impide declarar, ya que se vulneraría el secreto profesional y el derecho de defensa del banco.

Por otro lado, denunció que el verdadero motivo por el que Anticorrupción quiere interrogar a Arribas es fiscalizar el forensic que los abogados externos de BBVA, y con los que la directora jurídica tiene estrecha relación por su cargo, encargaron para depurar responsabilidades internas por los trabajos de Villarejo. Tanto la fiscalía como algunos investigados advirtieron de que esta documentación, aportada al sumario de la causa, no está completa.

En respuesta, Anticorrupción rechazó esta tesis y aseguró que, más allá de dicho forensic, Arribas tuvo conocimiento de los contratos con Villarejo antes de que se iniciara la investigación y durante su etapa como número dos del departamento que ahora dirige. Así las cosas, sugirió que si la jefa del área legal de BBVA no puede declarar, en su lugar debería ser citado el presidente del banco, Carlos Torres, quien, según indicaron, también tiene conocimiento de los hechos y no le ampara ningún derecho que protege la actuación de los abogados.

“El Consejo acordó, por unanimidad, facultar al presidente, Carlos Torres Vila, y a la directora de los servicios jurídicos, María Jesús Arribas de Paz, para que cualquiera de ellos indistinta y solidariamente pueda proceder a la designación de la persona representante del banco en esta causa en el mejor interés de la entidad. Se trata de una delegación como consecuencia, cabe inferir (y en punto a parte se desarrollará el porqué) del alto grado de conocimiento de lo que había pasado con Cenyt que tenían Carlos Torres Vila y María Jesús Arribas de Paz. No podemos compartir, que ello implique formar parte del ‘equipo de defensa’ pues, si la ejecución de la delegación la hubiese realizado Carlos Torres Vila, ¿formaría éste parte del equipo de defensa? o, en tal caso, habría de ser citado éste al no ser abogado ante la imposibilidad de su subordinada”, razonó Anticorrupción en un escrito presentado para pedir la desestimación del recurso de BBVA.

Los fiscales marcaron esta postura el pasado 14 de julio en un escrito, si bien este se dio a conocer justo un día antes de la comparecencia de Arribas. En cualquier caso, este planteamiento no ejerció ninguna presión y la directora global jurídica declinó responder a cualquier cuestión del ministerio fiscal, del resto de acusaciones y de las defensas de los exdirectivos de la compañía.

El juez Manuel García Castellón aceptó la petición de Anticorrupción de llamar a declarar a una decena de empleados de BBVA, entre los que se encuentra Arribas, para aclarar su vinculación con una serie de correos electrónicos relacionados con los pagos y contratos de Villarejo, en los que aparecen como emisores o receptores.

Apoyo del colegio y sin dispensa

La responsable del departamento jurídico de BBVA aseguró ante el juez que consultó con el colegio de abogados si podía acogerse al derecho a no declarar. La respuesta de la institución fue: “La consultante se encuentra obligada a guardar secreto profesional, obligación que no decae por el hecho de ser abogada interna de una sociedad”, confirmaron fuentes de BBVA.

Ante esta situación, el magistrado instructor dio la posibilidad a María Jesús Arribas de contestar solo a las preguntas que considerara oportunas, si bien la testigo se mantuvo firme en su criterio y rechazó todas las cuestiones.

Por su parte, la defensa del expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero, personado como víctima de los espionajes de Villarejo, cuestionó la postura de Arribas y le preguntó si, de acuerdo con el Estatuto de la Abogacía, pidió a BBVA la dispensa para evitar declarar sobre cuestiones que pudieran afectar al banco. La ejecutiva admitió que no solicitó ese permiso expreso.

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