El juez llama a declarar a la directora jurídica de BBVA, ejecutiva clave de Torres
El magistrado del caso Villarejo cita como testigos a una decena de empleados del banco por su vinculación con una serie de correos electrónicos
El juez que investiga a BBVA en el marco del caso Villarejo ha dado un paso más para aclarar el conocimiento interno que existía en el banco sobre la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo y ver hasta donde llegaba. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado instructor Manuel García Castellón ha citado a declarar como testigos a una decena de empleados de la entidad, entre los que se encuentra la directora de los servicios jurídicos, María Jesús Arribas, por su vinculación con una serie de correos electrónicos concretos que acaban de ser desencriptados y que están siendo analizados pormenorizadamente, según consta en un auto con fecha del pasado 26 de junio, al que ha tenido acceso CincoDías.
El testimonio de Arribas tiene cierta relevancia. En los casi cinco años de vida que tiene el denominado caso BBVA –la novena pieza separada de la macrocausa sobre los negocios privados de Villarejo, mientras estaba en activo en la Policía Nacional–, la directora jurídica del banco nunca había sido llamada a declarar antes, pese a la insistencia mostrada por uno de los investigados, el ex director de Riesgos de la entidad y ex presidente de Distrito Castellana Norte (DCN), Antonio Béjar, y la intención manifiesta de Anticorrupción de interrogarla.
El juez instructor rechazó en 2021 tomar declaración a la elegida por el presidente del banco, Carlos Torres, para sustituir a Eduardo Arbizu (investigado) al frente del departamento legal. Así, atendió a los argumentos de la entidad financiera –investigada como persona jurídica– acerca de que Arribas no tenía nada que aportar a la causa porque sólo se limitó a cumplir con un requerimiento judicial de enviar un “cuadro o tabla” en el que se indicaban los servicios pagados a las empresas de Villarejo, que percibió 10,3 millones de euros
La imputación llegó a planear sobre Arribas. Los fiscales plantearon la posibilidad de pedir su declaración como investigada, según avanzaba el análisis de la numerosa documentación de la causa y los correos electrónicos relacionados con la contratación de Cenyt, el entramado empresarial a través del cual Villarejo canalizó los diversos encargos de espionaje y consultoría.
Según consta en el sumario del caso, y publicó CincoDías, al inicio de la investigación interna que el banco realizó para depurar responsabilidades por la contratación de Villarejo, Arribas remitió al departamento de auditoría interna de BBVA una nota interna, el 14 de enero de 2019, en la que constató un listado de personas cuyos archivos y correos electrónicos debían examinarse, según su criterio. Carlos Torres y el que fuera su mano derecha durante años, Ricardo Forcano aparecían en la lista. No obstante, el forensic, que finalmente se encargó a la consultora PwC –y que fue monitorizado por los abogados del despacho Garrigues, que defienden al banco–, no realizó el análisis exhaustivo sobre estos dos altos cargos, pues, aunque se copiaron sus correos, estos no fueron ni “procesados” ni “analizados”.
Intervención directa en comunicaciones
En las próximas fechas –aún sin concretarse–, Arribas tendrá que comparecer en sede judicial, coincidiendo con un momento clave de la causa, ya que a finales del próximo mes de julio el instructor tendrá que decidir si vuelve a prorrogar la instrucción o la deja lista para juicio. El motivo de su declaración, indica el magistrado, será esclarecer su “intervención directa en comunicaciones que se relaciona, de modo inmediato, con los hechos objeto de instrucción”.
De este modo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha aceptado la petición de Anticorrupción, que interesó interrogar a una decena de empleados de BBVA que aparecen en una serie de correos electrónicos como “emisores y receptores”. Todo ello después de estudiar los últimos oficios de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional en los que se informa del contenido de numerosos archivos que hasta hace poco estaban sin descifrar.
Los fiscales destacaron la existencia de nuevos mensajes relacionados con facturas de Cenyt; con cuestiones sobre el Comité de Gestión del Cambio y posterior comunicación a proveedores y acreedores, entre ellos la empresa de Villarejo; sobre el control de acceso de visitas; contratos “críticos” del área de seguridad –donde se inició la relación con el comisario jubilado en 2004– ; o sobre actuaciones judiciales frente a Ausbanc e informes el líder de esta asociación de usuarios bancarios, Luis Pineda, entre otros. El juez ha puesto estos documentos a disposición de las acusaciones y defensas para su conocimiento.
Reactivación del caso Anbycol
La Fiscalía Anticorrupción no quiere que el caso Anbycol quede metido en un cajón. Tras la aparición de nuevos documentos que los agentes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional han logrado desencriptar, los fiscales del caso Villarejo han puesto el foco en nuevos archivos que permitirían seguir indagando en si el comisario jubilado José Manuel Villarejo trabajó para BBVA desde prisión, en la que entró de manera provisional en noviembre de 2017. Según consta en el sumario, el banco habría realizado unos últimos encargos a Anbycol, la empresa dirigida por Antonio Bonilla, un inspector muy cercano al agente encubierto.
En un informe firmado por los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro, el pasado 14 de junio, al que tuvo acceso CincoDías, entre los archivos que la Policía Nacional ha conseguido acceder, y que se han incorporado al sumario de la investigación que torna sobre BBVA, se encuentran facturas que Anbycol mandó a Cenyt, la empresa de Villarejo, así como las que ésta remitió BBVA en 2016. Asimismo, subrayó la aparición de varios correos electrónicos de mayo de 2018 que versan sobre “contrato Cenyt” o “la forma de finalización del contrato con Cenyt”, entre otros.
La Fiscalía lleva algo más de un año tratando de seguir la pista de Anbycol, al sospechar que los encargos a Villarejo no terminaron con su detención. La documentación que obra en la investigación, así como en el forensic que hizo BBVA, constata que la entidad habría hecho, entre 2016 y 2018, una serie de abonos, de los que no constan contratos, a la compañía dirigida por Bonilla, que anteriormente había actuado como director de Operaciones en el Grupo Cenyt.
El juez García Castellón decidió investigar estos hechos en julio de 2022 para aclarar si existían encargos verbales, si los pagos respondían a ofertas comerciales o servían “simplemente de cobertura para justificar las facturas y pagos”, ya que “se producen la misma dinámica” y están “directamente vinculados con las contrataciones de Cenyt”.
En este contexto, el magistrado citó a Bonilla y varios empleados del banco, así como al representante legal de BBVA, Adolfo Fraguas, quienes se acogieron a su derecho a no declarar.
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