Alemania descarta dar fondos extra para la nueva fábrica de Intel y agita el debate sobre los subsidios
La decisión siembra dudas a un proyecto clave para que la UE logre su autonomía estratégica. Las ayudas de los Estados resultan esenciales para alcanzar el los objetivos de la Ley de Chips
El ministro alemán de finanzas, Christian Lindner, ha descartado dar fondos extras a Intel para construir su nueva fábrica de chips en el Este del país, valorada en 17.000 millones de euros, lo que reduce las esperanzas de un acuerdo entre las partes, según ha informado el Financial Times. El medio asegura que la compañía debía recibir 6.800 millones de ayudas para su planta en Magdeburd, pero ahora exige unos 10.000 millones, argumentando mayores costes de energía y construcción. “No hay más dinero disponible en el presupuesto”, dijo Lindner al citado periódico. En anteriores declaraciones al mismo medio, el ministro señalaba que “no se dejarían chantajear por Intel”.
La decisión de Intel ha provocado una división en el Gobierno alemán, entre los que creen que Berlín debe buscar igualar los enormes niveles de apoyo brindados por la Administración de Joe Biden en la Ley de Chips estadounidense, que incluye 52.000 millones en fondos para impulsar la fabricación nacional de semiconductores en EE UU, y los que se oponen a incrementar los subsidios, pagados con el dinero de los contribuyentes. Los primeros, defienden su posición apoyándose en estimaciones económicas que sitúan en el entorno del 1% al 1,15% la pérdida de PIB en Alemania por la escasez de semiconductores de 2021 posterior a la pandemia por el Covid-19, unos 40.000 millones de euros. Los segundos, contraponen las estimaciones que valoran en un millón de euros la financiación pública a cada puesto de trabajo que se creará con el proyecto.
El desencuentro añade tensión a la puesta en marcha de un proyecto crucial para que la UE alcance su objetivo de autonomía estratégica, y logre duplicar su participación en el mercado de semiconductores (del 10% actual al 20%) para 2030. Intel ha reconocido que “hay una brecha de costes” y que están “trabajando con el Gobierno en cómo cerrarla”. Una opción que parece barajarse es que el Ejecutivo alemán ayude a la compañía proporcionándola electricidad barata para su planta de Magdeburgo.
Los problemas asociados al subsidio en la planta de Intel se conocen días después de que la Comisión Europea diera luz verde al mayor proyecto europeo de interés común (IPCEI) por el que 14 países de la UE, incluidos España y también Alemania, podrán destinar hasta 8.100 millones extras en ayudas a iniciativas para el desarrollo de la industria de microelectrónica. Una financiación con la que el bloque de países espera poder atraer otros 13.700 millones adicionales en inversiones privadas. Este IPCEI es adicional a la Ley europea de Chips, que busca movilizar 43.000 millones, pero para que ello ocurra dependerá de las decisiones de los Estados miembros, como la apuntada de Alemania o la anunciada el pasado 5 de junio por Francia con STMicroelectronics y GlobalFoundries.
El Gobierno galo desveló ese día una ayuda de 2.900 millones para la nueva fábrica de chips en Grenoble de ambas compañías. La subvención representa casi el 40% del coste total del proyecto, que asciende a 7.400 millones. Un salto cuántico en los subsidios públicos a la industria privada, como informó Les Echos, que citaba al ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, que dijo que la cifra era un récord desde hace muchos años.
Interés común
Con estas ayudas a STMicroelectronics y a GlobalFoundries, el Gobierno francés se asegura, entre otras cosas, el 5% de la producción de la nueva fábrica solo para compañías francesas “si Francia se enfrenta a una interrupción de la cadena de suministro”, y que las compañías continúen invirtiendo en el desarrollo de la próxima generación de tecnologías.
Junto a la vía rápida de financiación que implementa la Ley de chips europea, se necesita que los Estados miembros pongan dinero, y los casos apuntados son la cara y la cruz para avanzar hacia el objetivo. Conviene ver qué estrategias están adoptando otros aliados de EEUU, como Japón y Corea, para hacerse un hueco en la cadena de suministro, más ahora, ante la carrera de subsidios desatada por los gobiernos (en plena disciplina presupuestaria).
El primero está plantando cara en la guerra de los chips con Rapidus como buque insignia. Se trata de una nueva compañía, impulsada por empresas japonesas (Sony, NTT, Toyota, SoftBank, NEC y Kioxia), que abrirá una fábrica para producir chips de vanguardia. El proyecto ha sido apoyado con una ayuda pública inicial de 500 millones de dólares, pero el Gobierno nipón planea aportar una parte importante de los 54.000 millones que necesita para alcanzar la producción masiva en 2027. Japón también está dando cuantiosas subvenciones a firmas extranjeras, como Samsung, Micron Tecnology o la taiwanesa TSMC. La construcción de la fábrica de esta última en Kumamoto ha sido apoyada con al menos 3.500 millones de dólares de fondos públicos, el 40% del coste total y se trata de una joint venture con empresas japonesas.
Corea del Sur, por su parte, quiere aprovechar su gran parque tecnológico para atraer a firmas como ASML y estudia financiar infraestructuras esenciales (electricidad y agua) en lugares que sirvan de centros de producción de chips en expansión, como Pyeongtaek y Yongin, y ampliar exenciones fiscales para las inversiones.
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