Abogados que piden pasar sus ahorros al régimen de autónomos: ¿es legalmente posible?
Cinco mil profesionales del Movimiento J2 piden una compleja reforma legal para no tener que cobrar pensiones de 300 euros
Cientos de abogados reclamaron el pasado sábado en las calles de Madrid su derecho a poder jubilarse. Agrupados en el Movimiento J2, integrado por unos 5.000 letrados, denuncian pensiones irrisorias de 300 o 400 euros. Los afectados dicen estar atrapados por el sistema que existía cuando empezaron a trabajar y piden una reforma legal que permita una pasarela o ventana para pasar los fondos acumulados en la Mutualidad de la Abogacía al régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) como cotizaciones y años cotizados. De este modo podrían asegurarse la pensión mínima del sistema, actualmente de 783 euros sin cónyuge, de 743 euros con cónyuge o de 966 euros si se tiene un cónyuge a cargo.
Nueva regulación
La pasarela choca, en primer lugar, con un escollo legal. Y es que, como señala José Luis López Tarazona, letrado de la Administración de la Seguridad Social y presidente de la asociación profesional del cuerpo, la regulación actual no permite este traspaso. En su opinión, una eventual ley tendría que ser objeto de “muchos estudios económicos y un concienzudo análisis jurídico”. Para empezar, profundiza, “habría que valorar los activos que pasan a la Seguridad Social, así como las bases y años de cotización a tener en cuenta”. En todo caso, no cree que pudiera ofrecerse la pasarela solo a unos pocos. “No concibo una integración parcheada”, afirma. Desde el año 1995, explica López Tarazona, los abogados pueden incorporarse voluntariamente al RETA o mantener los dos sistemas porque “las pensiones son compatibles”. Incluso recuerda que la abogacía rechazó en su día solicitar su traspaso global al régimen público.
La Mutualidad de la Abogacía, ya convertida en aseguradora, viró en 2005 de un sistema similar al de reparto utilizado por la Seguridad Social a un modelo de ahorro personal o capitalización individualizada. Montse Domeque, abogada perteneciente al Movimiento J2, asegura que no tiene ningún documento “en el que nos dijeran que iban a cambiar a un servicio privado”. Muchos se quedaron como “mutualistas alternativos” confiando en las promesas de que les iban a quedar pensiones similares a las de RETA. “Ahora solo llegan a las mínimas aquellos que han hecho aportaciones extra”, lamenta la abogada. Muchos otros, cuenta, no se pasaron al RETA porque no querían perder lo acumulado. Ahora, dice, esos fondos están cautivos y no les queda margen para cotizar en el sistema público.
Precisamente, otro de los problemas para impulsar la reclamada pasarela es que se desconoce el volumen de los activos a la fuga y el impacto de esta operación. Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de Mutualidad de la Abogacía, afirma que están dispuestos a estudiar soluciones “siempre que la ley así lo permita y que estas no afecten negativamente al conjunto de los mutualistas”. En la actualidad, según las cifras que maneja la entidad, los mutualistas alternativos (aquellos que no se dieron de alta en el régimen público) representan un 31% del total de asegurados (66.000 de 210.211 abogados). Se ignora cuántos de estos mutualistas alternativos se llevarían sus ahorros con la pasarela.
El presidente de la Mutualidad recuerda que, en el supuesto de que la ley permitiera esa ventana, “los mutualistas han aportado históricamente cuotas inferiores a los cotizantes en el RETA y, por tanto, en el caso de trasladarse, deberán aportar al régimen público todo lo les hubiera correspondido”. Sanz Fernández-Lomana asegura que, en cualquier caso, se apoyará a los vulnerables con préstamos y ayudas.
Gobierno
Pese a la situación de impás legislativo a un mes de unas elecciones generales, Montse Domeque confía en conseguir el cambio no solo para ellos, sino para la generación anterior “a quienes les ha pillado de pleno”. Ya ha habido contactos con algunos partidos políticos, desvela mientras lamenta la tibieza de los colegios profesionales en este asunto. “Si es tu hucha personal no debería existir problema; nuestro afán no es cerrar la Mutualidad”, afirma.
El Consejo General de la Abogacía Española, por su parte, reclamará a la Seguridad Social que garantice a los afectados unas pensiones mínimas equiparables a las de los autónomos. El pleno de la institución considera que debe ser el próximo Gobierno el que asuma la responsabilidad de que todos los pensionistas que han cotizado los años requeridos por la legislación, independientemente de su régimen y modelo de cotización, tengan garantizados unos ingresos mínimos.
Una fórmula que el letrado de la Administración de la Seguridad Social no ve clara. “Han existido mecanismos legales suficientes y plazos razonables para que los profesionales se integraran en el sistema público”, concluye.
Próximos pasos
Diálogo. En las próximas semanas, anuncia el presidente de la Mutualidad Enrique Sanz Fernández-Lomana, se reunirán con los portavoces de algunas asociaciones como ALA (Asociación Libre de Abogadas y Abogados) y el Sindicato de abogados Venia “con el compromiso de abordar juntos los retos del futuro”. Según afirma, el pasado 10 de mayo intentaron ponerse en contacto por Twitter con el Movimiento J2, pero no obtuvo respuesta: “Desconocemos quiénes son sus líderes o portavoces para dirigirnos directamente a ellos”.
Reivindicaciones. Los mutualistas alternativos del Movimiento J2 quieren mejorar la fiscalidad de sus aportaciones. Y es que, como cuenta Montse Domeque, integrante del colectivo, a pesar de tener tintes de previsión social, Hacienda trata sus cuotas como un plan de ahorro puro y duro. La Mutualidad de la Abogacía está alineada con esta petición. “No solo estamos de acuerdo con esta reivindicación, sino que la impulsamos desde hace años. No es justo que la recuperación del fondo acumulado a la jubilación tribute como rentas de trabajo en vez de como ahorro”, afirma Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de la entidad.
Colegio de Madrid. Ante la polémica por las prestaciones de jubilación de la Mutualidad, la junta de gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid ha encargado la elaboración de informes jurídicos independientes para “decidir las actuaciones que corresponden en defensa de los intereses de sus colegiados”.
