Deflactar: qué es y cómo influye en la declaración de los autónomos
Hay gobiernos autonómicos que sí han incluido la deflactación en la declaración de la Renta
Deflactar consiste en transformar valores monetarios en otros. Su objetivo es eliminar el efecto producido por una subida de precios en valor monetario. En concreto, el término se aplica especialmente a los impuestos, concretamente, al IRPF.
Deflactar es una de las medidas posibles para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos que se ha generado como consecuencia de la inflación.
Los expertos de Hablemos de Empresas explican que el IRPF es un impuesto progresivo lo que significa que grava más cuanto más altos son los ingresos del trabajador o autónomo. Los ingresos se gravan, por lo tanto, en distintos tramos y a cada uno de ellos se les aplica un porcentaje de IRPF a tributar.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que los tramos no varían de forma automática, lo que significa que no tienen en cuenta la inflación. Estos ingresos se dividen en distintos tramos y a cada uno de ellos se le aplica un porcentaje de IRPF a tributar. No obstante, los expertos alertan de que los tramos no varían de forma automática, por lo que no tienen en cuenta la inflación, de manera que la persona que tributa aumenta su salario para compensar la inflación y mantener el poder adquisitivo.
Solo en algunas comunidades
Deflactar impuestos sería, por lo tanto, subir los tramos para ajustarlos a la inflación. En la práctica, esto supone que muchos contribuyentes, especialmente los que han visto aumentar su salario o pensión, no deben pagar más al no llegar al cambio de tramo del IRPF.
Hay que tener en cuenta que la actual campaña de la renta tiene entre sus novedades la inclusión de una deflactación, modificando los tramos de este impuesto, que se ha incorporado para intentar ajustar los efectos de la subida de precios.
El Ministerio de Economía y Hacienda no consideró, finalmente, que fuera necesario incluir la deflactación a nivel global. No obstante, Dicha medida, aunque no se está haciendo de manera generalizada, sí que se está aplicando en gobiernos autonómicos como son los de Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana.
