Avanzando hacia la especialización
Nos corresponde establecer un listado de especialidades y debatir cuál es la fórmula más adecuada para España
Con el recuerdo reciente de los debates y acuerdos alcanzados en el XIII Congreso de la Abogacía Española, celebrado estos días atrás en Salou, es palpable la sensación de que la profesión ha dado un firme paso adelante en muchos aspectos relevantes para su ejercicio, con una atención destacada a la definición y afianzamiento del sistema de especialidades en la abogacía, que se debatió junto con la formación continua. Como saben los colegiados y colegiadas, la formación continua dejó de ser una posibilidad que se ofrecía de forma voluntaria para convertirse en un deber tras la aprobación del nuevo Estatuto General de la Abogacía en 2021.
Por su parte, la creación de áreas de especialización en el ejercicio de la abogacía también ha evolucionado desde una opción interesante a, posteriormente, una necesidad en muchos ámbitos del ejercicio profesional. Pero sobre todo, se ha convertido en un derecho para los profesionales y en un compromiso de seguridad y transparencia de la abogacía con la ciudadanía.
Si bien este XIII Congreso mantiene aún cuestiones abiertas a un posterior debate, sí empezamos a tener claro que en los próximos meses debemos ser capaces de definir los campos de especialización que la sociedad demandará a la abogacía a medio plazo. Tendremos que establecer las especialidades reconocidas oficialmente y también las condiciones que permitirán obtener el título de especialista, sin que eso suponga en ningún caso una merma en el ejercicio generalista de la profesión, que es el que practican muchos de nuestros compañeros y compañeras y que sigue plenamente vigente en diferentes contextos profesionales.
Sí se ha consolidado la idea nítida de que la formación es una más de nuestras irrenunciables tareas cotidianas y que si, además, enfocamos la actualización de conocimientos hacia un área de nuestro interés, eso nos permitirá profundizar en un campo específico y, con un esfuerzo adicional, se podrá completar una formación que nos reconocerá como especialistas en determinada área de nuestra práctica cotidiana.
De igual forma que al dermatólogo se le reconoce un dominio en profundidad de las enfermedades de la piel y su tratamiento, la especialidad homologada de laboralista permitirá ofrecer al cliente plenas garantías de que el profesional de la abogacía que le atiende posee todos los conocimientos sobre derecho laboral necesarios para asumir la defensa de su asunto de la mejor manera posible. Siempre advirtiendo, claro está, de que la nuestra no es una profesión de resultados garantizados, como tampoco lo es, por cierto, la medicina.
Muchos de quienes han asistido al XIII Congreso y de quienes leen hoy este artículo se preguntarán por la concreción: ¿cuáles son las especialidades que se establecerán como posibles y cuáles los requisitos para obtener su reconocimiento? Tal y como se ha puesto de manifiesto en el desarrollo de las sesiones del congreso, son distintos los modelos que ya funcionan en varios países europeos, donde son mayoría los que establecen especialidades en base a criterios mixtos de experiencia y horas de formación. Algunos de ellos se expusieron durante las sesiones y otros quedan para un análisis más exhaustivo en las próximas semanas y meses.
Lo relevante ahora es, en primer lugar, la toma de conciencia sobre su importancia y sus beneficios tanto para el ejercicio de la abogacía en un futuro cercano como para la protección de la ciudadanía. Y, en segundo término, el respaldo mayoritario que la idea ha recibido de cuantos han mostrado, con su presencia y participación, la voluntad de influir en este proceso que despega tras el XIII Congreso.
A partir de ahora nos corresponde dar continuidad a las orientaciones recibidas en este congreso, lo que supondrá establecer un listado de especialidades y debatir, de entre las fórmulas que ya se utilizan en otros países, cuál es la más apropiada para España. O si necesitamos crear una nueva que se ajuste mejor al funcionamiento de nuestro sistema. Después será el momento de ponerlo en marcha. Implicará necesariamente mucho diálogo y trabajo, pero afortunadamente contamos con la ilusión de estar contribuyendo a mejorar el futuro de nuestra profesión.
Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.