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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Incentivos sencillos y un precio atractivo para popularizar el coche eléctrico

CINCO DÍAS

La industria del motor se ha embarcado en un pulso con Hacienda con el fin de mejorar el tratamiento fiscal de las ayudas del Plan Moves III para la compra de coches eléctricos y la instalación de puntos de recarga en España, dotado con 1.200 millones de euros. Desde Anfac, la patronal de los fabricantes, se reclama un cambio en el régimen fiscal de las ayudas, que es el mismo que el aplicado al Plan Pive tradicional, para que estas no se integren en la base imponible del IRPF y el comprador no tenga que declararlas como ingresos. Los cálculos de la industria cifran el retorno de las ayudas a las arcas de Hacienda en unos 270 millones de euros; también critican el itinerario de tramitación de los incentivos y el tiempo de espera necesario para recibirlos. Desde el sector se argumenta que el solicitante debe poner todo el dinero en el momento de la compra del vehículo o de la instalación del punto de carga, y que las ayudas tardan hasta un año en hacerse efectivas, en buena parte por un farragoso papeleo que no existe en otros países europeos.

La creación de ayudas para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables se articula a través de un plan coordinado por el IDAE bajo el paraguas del Ministerio para la Transición Ecológica. Como todo incentivo, el programa está pensado para ayudar a conseguir un objetivo concreto, que en este caso está fijado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC): lograr que España cuente con cinco millones de vehículos eléctricos en 2030. Alcanzar esa meta al ritmo actual parece difícil, una realidad de la que es consciente tanto la industria como el propio Gobierno, y exige hacer lo posible para que las ayudas se diseñen de forma atractiva y accesible. En ese contexto concreto, no es descabellado plantear una posible revisión del tratamiento fiscal de los incentivos, como también agilizar el papeleo y acortar el plazo de espera para acceder a ellos.

Aunque los incentivos a la compra favorezcan el crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos en España, esta no despegará mientras no se elimine una de sus grandes barreras: un precio que a día de hoy concentra las ventas en los segmentos de mayor renta e impide que estos modelos se popularicen entre compradores con menor poder adquisitivo. La receta para hacer crecer el parque en España y cumplir con los ambiciosos objetivos fijados para 2030 implica, por tanto, trabajar en dos frentes: un esfuerzo por parte de la industria para avanzar hacia un precio de venta más atractivo y unas ayudas a la compra que resulten ágiles y efectivas.

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