El Supremo encara fallos clave para las polémicas urbanísticas
La prórroga de la fábrica de ENCE o la reactivación de la ZAL del Puerto de Valencia, pendiente de resolución.
Las polémicas construcciones en parajes naturales o espacios protegidos durante la era dorada del ladrillo aún siguen coleando en los tribunales, en los que llevan años afincados. Muchas de estas han llegado ya hasta el Tribunal Supremo, que en 2023 tiene el reto de poner punto y final a gran parte de estas discusiones, mientras que en otras tan solo aclarará puntos concretos sobre la legalidad de las edificaciones, dando así paso a nuevos capítulos en las largas batallas judiciales.
Eso es lo que ha pasado recientemente con El Algarrobico. Los días del hotel Azata del Sol, situado en Carboneras (Almería), parecen estar contados, sobre todo después de que el Alto Tribunal ya declarase, hace tiempo, que estaba levantado en suelo no urbanizable y violaba la Ley de Costas. No obstante, distintos trámites administrativos y judiciales han ido retrasando su demolición.
El pasado 13 de diciembre, el Supremo lo volvió a posponer un poco más, al rechazar ordenar su derribo de manera inminente. Todo ello, después de que los magistrados ratificaran lo que ya dijo, en julio de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA): que la administración competente para revisar la licencia urbanística, que se concedió en 2003, es el Ayuntamiento, por lo que es éste el que debe abrir un procedimiento de revisión. Por el momento, el tribunal solo ha adelantado el fallo, es decir, todavía no se conocen los argumentos jurídicos que justifican dicha decisión.
Legalidad de licencias de obras
Este no es el único plan urbanístico polémico que se encuentra en manos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Los magistrados pusieron en la agenda de ‘asuntos pendientes’ de 2023 una controversia similar a la de El Algarrobico, y que también se localiza en la provincia de Almería. Se trata de la construcción de 129 apartamentos turísticos en Playa Serena, en Roquetas de Mar.
Tras más de 10 años de discusiones entre el consistorio y la Junta de Andalucía, el Alto Tribunal dilucirá si el gobierno autonómico tiene legitimidad para ordenar al Ayuntamiento que declare ilegal tanto el permiso obras (que se concedió también en 2003) como el relativo a la primera ocupación (de 2006) de lo que se conoció como residencial ‘Balcón de Golf’. Lo hará tras la admisión a trámite, el pasado noviembre, del recurso de casación interpuesto por el equipo municipal contra la sentencia del TSJA que dio la razón a los servicios jurídicos del Ejecutivo andaluz.
Pendiente de ver si el Tribunal Supremo acepta estudiar el asunto, o no, está el Ayuntamiento de Granadilla de Albona (Santa Cruz de Tenerife), que anunció su recurso contra la sentencia que la Audiencia Nacional dictó en octubre de 2022 para avalar la aprobación, en abril de 2019, del deslinde del tramo de costa de 3,2 kilómetros que va desde la Playa de La pela hasta la Punta del Médano, donde se erigió otro complejo hotelero que ha protagonizado otra de las históricas batallas judiciales que siguen vigentes, pese a que el Supremo ya dio luz verde a su demolición parcial, al considerar que había caducado la concesión para ocupar dominio público.
Ahora, el consistorio canario se aferra a su última oportunidad ante el máximo órgano judicial para lograr que la orden de la Dirección General de Costas, encarada a establecer el límite de su costa, que consiste en aumentar hasta los 100 metros de anchura la zona de servidumbre de protección, no tenga efecto. Así trata de salvar 92 propiedades, seis de ellas municipales, el hotel y comunidades de vecinos que aglutinan más de 1.000 titulares.
Consecuencias en el ámbito laboral
Los líos urbanísticos no solo afectan a viviendas y al turismo, sino que también alcanzan cuestiones laborales. Así ocurre con Ence, cuyos trabajadores y la propia compañía de celulosa están en vilo por la decisión que el Supremo tiene que adoptar sobre la prórroga hasta 2073 de la concesión de terrenos que ocupa la fábrica en la ría de Pontevedra.
La deliberación de los recursos que empleados y empresa presentaron contra otra sentencia de la Audiencia Nacional, que en julio de 2021 tumbó la extensión del tiempo de uso del suelo que el Gobierno de Mariano Rajoy dio en 2016, mientras estaba en funciones, estaba prevista para el pasado octubre, si bien la Sala de lo Contencioso notificó el aplazamiento del debate sine die ante la entrada de otro recurso, “de contenido semejante, para poder estudiar todos los escritos de manera conjunta.
Por último, el Alto Tribunal asumió en noviembre el examen sobre la anulación del Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia. Una asociación vecinal consiguió en abril de 2022 que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) lo declarara nulo por no realizar una evaluación ambiental estratégica ordinaria, sino simplificada.
El proyecto del enorme polígono, que nació en 1998, siempre causó rechazo entre los vecinos y grupos ecologistas, pero en 2018 la Generalitat Valenciana impulsó su reactivación. Tras este varapalo judicial, el gobierno autonómico y la sociedad que desarrolla la logística del puerto instaron al Tribunal Supremo a que revise la situación en la que se encuentra el suelo del ZAL (si es urbanizado o no) y declare si el tipo de evaluación ambiental a la que fue sometida es válida.
Conflicto medioambiental
Otro de los asuntos que tiene encima de la mesa el Tribunal Supremo es la denuncia que Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón interpuso en 2020 contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por el presunto incumplimiento del acuerdo de París, firmado en diciembre de 2015, y que entró en vigor en 2016, para frenar el calentamiento global. Entre los objetivos, se marcaron evitar un incremento de la temperatura global de 1,5 grados centígrados y la reducción de gases de efecto invernadero del 55% en 2030.
Según las asociaciones ecologistas, el Gobierno no ha ejecutado “su obligación de aprobar un Plan Nacional de Energía y Clima” para cumplir con los retos fijados. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo aceptaron estudiar el asunto, si bien, tras casi dos años con esta tarea, todavía no han alcanzado ninguna conclusión.
De hecho, el pasado mes de marzo, consideraron pertinente sumar al expediente otro recurso que las mismas organizaciones presentaron contra el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), aprobado en 2021, al entender que era insuficiente para reducir la contaminación. Ello ha provocado que la resolución sobre la presunta “inacción” del Gobierno se retrase. Según informaron fuentes jurídicas a Cinco Días, el tribunal aceptó a finales del año pasado realizar una prueba pericial, solicitado por una de las partes, para reforzar su análisis sobre el tema.