Ribera aprieta a los mayoristas del petróleo para evitar un fraude de casi 400 millones

Un centenar de operadores tendrá que poner garantías de tres millones para seguir vendiendo

Un operario carga un tanque de combustibes.Getty Images

El Ministerio para la Transición Ecológica saca hoy a información pública un real decreto para trasponer la normativa europea sobre reservas de hidrocarburos que supondrá un antes y un después en los fraudes en la venta mayorista de productos petrolíferos en España. La gran novedad de la norma es la obligación que esta impone a los operadores al por mayor de aportar una garantía de tres millones de euros para poner coto a la piratería en el sector, que en el terreno fiscal se traduce en un fraude en el IVA de unos 300 millones de euros, a los que hay que añadir otros 90 millones por el incumplimiento de la normativa sobre biocarburantes, según la memoria económica del RD.

 En la actualidad, en España están registradas 92 empresas mayoristas, por lo que la exigencia de avales ascendería a 276 millones de euros, según la memoria económica del real decreto al que ha tenido acceso CincoDías. Muchos de esos operadores son cooperativas agrícolas, pero, según fuentes políticas, los fraudes no se detectan entre ellas ni entre las grandes petroleras, sino entre empresas-chiringuito que, tras cometerlos, cierran y vuelven a abrir a los pocos meses.

De hecho, las principales compañías del sector, como Repsol, Cepsa o BP, vienen reclamando desde hace años la imposición de estos avales disuasorios “como la mejor manera de combatir el fraude”, señalan. Desde 2009, no es necesaria la autorización administrativa previa para ejercer como operador mayorista, sino que basta para ello una declaración responsable de cualquier sociedad mercantil, acreditando que tiene capacidad legal, técnica y financiera.

El fraude en el IVA se produce mediante la apropiación de las cuotas de este impuesto que los operadores deben ingresar por sus ventas de hidrocarburos a distribuidores minoristas (gasolineras). Los mayoristas adquieren el carburante sin soportar el IVA y posteriormente lo venden a estaciones de servicio, a las que se lo repercuten, pero sin ingresarlo a Hacienda.

El legislador considera que estos operadores también ejercen una competencia desleal, “dado que pueden vender el producto a los minoristas a unos precios inferiores a los que ofrecen los  que sí cumplen las obligaciones tributarias”.

Biocarburantes y reservas

Pero las malas prácticas no se limitan al ámbito fiscal. Muchos de estos operadores no acatan tampoco la normativa sobre mezcla de biocarburantes, lo que implica un problema medioambiental, al no incorporar, como exige la ley, el biocarburante en el combustible fósil que vende, con lo que se ahorra la diferencia de precio que hay entre uno y otro. En este caso, las estimaciones apuntan a un fraude de unos 90 millones, de acuerdo con el importe pendiente de aportar al fondo de pagos compensatorios por los sujetos que no han llegado al objetivo de biocarburantes.

Otro comportamiento detectado por el ministerio que dirige Teresa Ribera entre mayoristas es el incumplimiento del mantenimiento de las reservas mínimas de seguridad. Los mayoristas están obligados a mantener un volumen de existencias mínimas equivalente a 50 días de sus ventas o consumos.

El RD modifica los requisitos y la acreditación para obtener la condición de operador al por mayor de productos petrolíferos incluidos en el Estatuto que regula las actividades de distribución de combustibles y carburantes. En la memoria económica se justifica la necesidad de endurecer las condiciones para ser operador, “a raíz de los continuos incumplimientos observados, no solo de índole económico, sino también en materia de competencia y observancia de las normas tributarias tras la supresión en 2009 de la autorización administrativa previa”.

Estos incumplimientos, añade, “han llevado a un aumento de prácticas fraudulentas, como se ha puesto de manifiesto en los numerosos procesos de inhabilitación llevados a cabo en los últimos años, así como en la desarticulación por parte de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil de distintas tramas de fraude en el IVA y en otros ámbitos, de empresas que operan en este sector”. Y concluye que “las herramientas actuales se consideran insuficientes para poder frenar estas actividades”.

Tres meses para constituir las garantías financieras

Reservas. A 30 de junio, en España había registrados 92 distribuidores al por mayor de carburantes y combustibles. Las prácticas fraudulentas detectadas por la Administración desde que en 2009 se eliminó la autorización administrativa previa para obtener tal condición ha llevado al Gobierno a aprovechar la tramitación del real decreto que traspone la normativa europea sobre reservas mínimas de hidrocarburos, para imponer garantías económicas a quien quiera participar en ese mercado.

Trámite. El contenido del proyecto de real decreto no tiene efectos en sí en la actual metodología de las reservas de hidrocarburos. Pero sí por las nuevas garantías que se impone a los operadores. Estas se deberán constituir a favor del Estado y “podrán ser actualizadas de manera periódica en función de los objetivos y las obligaciones de los operadores”.

Tres meses. Quien no las aporte será “inhabilitado para ejercer la actividad de operador al por mayor de productos petrolíferos”. La norma da un plazo transitorio de tres meses, desde su entrada en vigor, para que las empresas actualmente inscritas, acrediten su constitución.