CEOE propone subir el salario mínimo un 4% y fuerza a Díaz a buscar un acuerdo
La patronal pide, además, poder indexar los contratos públicos al aumento de esta renta y una rebaja del 20% de las cutas agrarias; y los sindicaltos reclaman un aumento del 10%
Los empresarios no acudieron ayer a la convocatoria del Ministerio de Trabajo para recibir la comunicación del Gobierno sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), pero en contra del rechazo rotundo a que esta renta se eleve que se les presuponía a las patronales, CEOE y Cepyme sí presentaron por escrito su propia propuesta de incremento. Esto cambió el paso al Gobierno que ahora se verá más obligado a buscar un acuerdo entre todas las partes.
La ausencia empresarial era algo esperado después de que la patronal rompiera la semana pasada “toda interlocución” con el Ministerio de Trabajo al no considerarlo “un interlocutor fiable porque no cumple lo pactado”, indicaron fuentes patronales en referencia a la enmienda introducida en la Ley de Empleo que otorgará más poder a la Inspección en el control de las causas en los despidos colectivos, algo que se había acordado dejar fuera de la reforma laboral.
La más que previsible ausencia de la patronal dejó ayer vía libre a los sindicatos, que sí se personaron en la reunión y aprovecharon para reclamar a Trabajo un incremento del salario mínimo aún mayor que el que habían propuesto los expertos el lunes, cuyo informe apuntaba alzas de entre 46 y 82 euros más al mes (lo que representaba aumentos de entre el 4,6% y 8,2%, respectivamente). Así, nada más salir del encuentro, la responsable de política sindical de CC OO, Maricruz Vicente, pidió un aumento de entre el 8,2% y el 10% y UGT se mantuvo firme en ese último porcentaje, exigiendo como ha hecho desde el principio un salario mínimo de 1.100 euros en 14 pagas para 2023, 100 euros más que este año.
Sin embargo, las patronales CEOE-Cepyme aunque no acudieron a la reunión sí enviaron una carta a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con su propia propuesta de subidadel SMI y una explicación de su ausencia en la mesa distinta a la que dan los empresarios internamente. El motivo oficial fue que el encuentro coincidió con la primera reunión de la Junta Directiva de la patronal tras sus elecciones, explicó la propia Díaz en los pasillos del Congreso de los Diputados.
Dicha propuesta empresarial para el salario mínimo consiste en un incremento del 4% para el próximo año (1.040 euros al mes en 14 pagas). Pero ponen dos condiciones para que se de esta subida: la primera es que el Ejecutivo modifique la ley para indexar los contratos públicos a este aumento (y poder repercutir el alza del SMI en los contratos en ejecución); y, en segundo lugar, que el Gobierno aplique una rebaja de cotizaciones del 20% en el sector agrario, más afectado por el SMI, al igual que en el sector de empleadas del hogar.
En este escenario, la inesperada propuesta de CEOE-Cepyme abre la puerta, al menos una rendija, a que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tenga que intentar en mayor medida llegar a un acuerdo con ambas partes para subir el salario mínimo, a pesar de la oficializada ruptura de la interlocución entre los empresarios y el Ministerio de Trabajo. Así lo manifestó Díaz quien, visiblemente molesta, pidió a Garamendi que “deje de negociar en diferido” y “que se sume a la mesa y cumpla su función constitucional, como lo ha hecho hasta ahora”. Los empresarios tendrán oportunidad de volver al diálogo sobre el SMI a lo largo de la próxima semana, cuando según los sindicatos, se espera que el Gobierno tenga una propuesta de incremento de esta renta.
Las organizaciones empresariales hicieron ayer pública su propuesta asegurando que “son conscientes del impacto de la inflación en las rentas más bajas” al tiempo que “consideran que la prioridad de 2023 es el mantenimiento del empleo del colectivo afectado por el SMI, para lo cual es necesario llevar a cabo un incremento acompasado con este contexto”. Con ello sugieren que subidas superiores al 4% o sin las condiciones que pone CEOE podrían suponer destrucción de empleo.
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