CEOE rompe cualquier interlocución con Trabajo hasta que se rectifique la enmienda de los ERE
Yolanda Díaz asegura que el cambio legal ya se anticipó en el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo aprobado hace un año
La enmienda de la Ley de Empleo pactada ayer entre los grupos del Gobierno (PSOE y Podemos) y EH-Bildu que pretende modificar el Estatuto de los Trabajadores para dar más poder a la Inspección de Trabajo en el control de las causas de los despidos colectivos ha caído como una bomba en la patronal CEOE-Cepyme. Los empresarios consideran que dicha enmienda transaccional es "una traición al acuerdo alcanzado en la reforma laboral", según un comunicado emitido por la organización patronal.
CEOE recuerda que este asunto fue debatido en los trabajos de la reforma laboral, y apartado de mutuo acuerdo para el consenso, por lo que creen que la actuación del Trabajo a través de la enmienda de EH Bildu "supone una ruptura de la buena fe negocial". Por ello, y la espera de una rectificación, la patronal ha declarado que "rechaza la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla tramposa y contraria a la buena fe".
Con este comunicado los empresarios advierten de que podrían poner en pausa las negociaciones presentes y futuras, si bien cualquier decisión formal de levantarse de las mesas de negociación (como la del Estatuto del Becario ahora en marcha) u otro tipo de interlocuciones (como la comunicación de la próxima subida del salario mínimo interprofesional) se tomará, si llega el caso, por parte de la Junta Directiva de la patronal, que se reunirá el próximo 21 de diciembre.
Díaz responde
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha respondido hoy al enfado patronal asegurando que la enmienda se limita a trasladar al Estatuto de los Trabajadores algo que ya estaba incluido en el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2021 y cuyo contenido conocían --según ha dicho-- los empresarios y los sidicatos. Por ello, atribuyó las protestas de la patronal a "otros motivos y no a lo aprobado en la Ley de Empleo", apuntando sin decirlo a motivaciones de carácter político o incluso electoral.
Asimismo Díaz ha recordado que la polémica enmienda que otorga mayor control a la Inspección en los despidos colectivos "ha sido aprobada por una amplísima mayoría y con la abstención del PP", sugiriendo que ni siquiera los populares, más alineados con el lado empresarial, han rechazado este cambio en los informes de la Inspección en los procesos de despidos colectivos. Sin embargo, la realidad es que el PP sí ha votado en contra de la enmienda concreta sobre el control de la Inspección aunque se ha abstenido en la el conjunto del dictamen de la ponencia, que la Comisión mandará ahora al pleno.
La ministra también acusó a los empresarios de faltar a la verdad cuando dicen, en el comunicado que enviaron ayer, que el Gobierno y los agentes sociales dejaron la medida de la discordia al margen deliberadamente en la negociación de la última reforma laboral. “Eso no es verdad”, dijo y explicó que esa cuestión en concreto ni siquiera se trató.
Desde la patronal se advierte que la modificación conocida ayer "tiene como fin intervenir las decisiones empresariales, es contraria a la Constitución y al derecho a la libertad de empresa y contraviene la normativa europea, que no admite una regulación que sustraiga al empresario la facultad decisoria como establecen numerosas sentencias, entre ellas, la del TJUE de 21 de diciembre de 2016".
La nueva Ley de Empleo, que ha iniciado su tramitación en el Congreso de los Diputados, ha incluido una enmienda transaccional de EH Bildu con PSOE y Podemos para que, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se pronuncie sobre la concurrencia de las causas especificadas por la empresa en la comunicación inicial del Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
De salir adelante esta norma, esta modificación de la normativa laboral, no supondría recuperar la autorización administrativa --que era necesaria hasta 2012 para ejecutar un despido colectivo y que la reforma laboral del PP de ese año eliminó, facilitando la unilateralidad empresarial en los ajustes de plantilla de este tipo-- pero sí refuerza el control de la Inspección sobre las causas de un ERE, su acreditación y adecuación a lo alegado por la compañía para hacerlo.
La enmienda aprobada en la Comisión de Trabajo pretende modificar el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores relativo al despido colectivo de forma que "el informe de la Inspección se pronunciará sobre la concurrencia de las causas especificadas en la comunicación inicial y constatará si la documentación presentada por esta se ajusta a la exigida en función de la causa concreta para despedir".
