El Gobierno debe modular el alza del SMI, y a ser posible con consenso

Los expertos convocados por el Gobierno para estudiar qué subida del salario mínimo interprofesional (SMI) sería necesario adoptar en 2023 para que este alcance el 60% del salario medio neto al final de la legislatura han propuesto una horquilla de entre 46 y 82 euros más al mes, es decir, de entre un 4,6% y un 8,2%. La solución de los expertos, que incluye también dos propuestas intermedias con incrementos del 5,4% (54 euros más al mes) y el 6,6% (66 euros), no supera la inflación media prevista para este año, pero aumentará sin duda la ya amplia distancia que separa al Ejecutivo de la patronal en este terreno, al tiempo que se queda corta respecto a las reivindicaciones de los sindicatos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, adelantaba ayer que convocará a ambas partes el miércoles “para escucharles”, dado que la ley no obliga a negociar el incremento con los agentes sociales.

Más allá de la tensión que rodea ya la mesa de negociación, tras la ruptura de interlocución anunciada la semana pasada por la patronal, las posturas respecto al SMI están claramente definidas y no auguran un diálogo fácil. Mientras los empresarios sostienen que este no es el momento para aprobar más subidas, los sindicatos abogan por un aumento mayor del propuesto por los expertos, el cual cifran en un 10% más, hasta los 1.100 euros al mes, distribuidos en 14 pagas. Pese a lo irreconciliables que parecen a priori ambas posturas y pese a la potestad gubernamental de subir el SMI sin consenso, el Gobierno debe esforzarse por poner sobre la mesa de negociación una fórmula que permita acercar posiciones entre los agentes sociales respecto a la medida, dado que afecta a casi dos millones de trabajadores y se implantará en empresas de muy distintos sectores.

El alza del salario mínimo interprofesional no solo debe suavizar la brecha que media entre los sueldos más bajos y el alza constante de los precios, sino que ha de contribuir a reanimar el consumo en un entorno de ralentización económica que condiciona las decisiones de compra de las familias. Con todo, ese incremento no puede aislarse de una coyuntura económica fuertemente inflacionaria que está golpeando también a las empresas, especialmente a las más pequeñas, y que aumenta los costes del tejido productivo, sino que debe abordarse con prudencia, racionalidad y, en la medida de lo posible, con diálogo. Bajo esos parámetros, el reto del Gobierno pasa por modular una subida que evite encarecer en exceso la factura de la producción y dañar la competitividad, pero que no renuncie a aliviar la creciente presión de la crisis sobre los colectivos más desfavorecidos.