Las renovables chocan (otra vez) con la burocracia de las autonomías

El Gobierno ha advertido con acierto sobre su intención de no prorrogar los plazos de 80.000 megavatios en proyectos verdes

E l Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que marca la hoja de ruta para el sector en la presente década, deja pocas dudas sobre cuál es la aspiración del legislador, receptor final de los intereses de la sociedad española. Según ese documento de referencia, la generación eléctrica renovable en 2030 debe ser el 74% del total, un porcentaje “coherente con una trayectoria hacia un sector eléctrico 100% renovable en 2050”. Una apuesta ambiciosa, pero en línea con los tiempos y con la intención de convertir España “en un país neutro en carbono” en la mitad de siglo, con el hito reducir las emisiones al menos un 20% entre 1990 y el citado 2030. Las ineficiencias del modelo de Estado no deberían ser un obstáculo para alcanzar tan loable compromiso, con hasta 60.000 MW fotovoltaicos y 19.000 eólicos en peligro de quedar bloqueados en las grietas de la burocracia administrativa.

La cuestión es que si esa potencia no recibe antes del próximo 25 de enero la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de las comunidades autónomas –en el caso de plantas con menos de 50 MW– o del Ministerio –si superan esa capacidad–, habrá perdido los derechos para su puesta en marcha, pese a contar con la autorización de conexión a las redes que otorga Red Eléctrica (REE). El Ministerio ya ha dejado claro que cumplirá con la parte que le toca –la mitad de los megavatios en liza–, al tiempo que ha advertido con acierto, como estrategia de presión frente a la relajación de algunas administraciones, sobre su intención de no prorrogar los plazos. El mensaje es llamativo, en tanto no sería la primera vez que el departamento de Teresa Ribera se ve obligado, in extremis, a modificar el calendario como mal menor.

Los cuellos de botella en las tramitaciones autonómicas son bien conocidos. El ejemplo más representativo son los ingentes fondos europeos, vector de tracción para pymes y de modernización de las comunidades, pero que no terminan de aterrizar en la economía real. Otra víctima de unos funcionarios desbordados por la magnitud de la empresa, la realidad es que el dinero, ora agazapado tras el papeleo y los avales, no llega donde hace falta. Un fracaso en la gestión de los proyectos renovables no solo pondría de nuevo en solfa la operativa de un Estado tan descentralizado, sino que alertaría sobre la seguridad jurídica de un sector de sobra zarandeado, que conoce bien lo que supone cambiar las reglas de juego a mitad del partido. No hace tanto tiempo que lo sufrió en sus propias rentabilidades. Si una justicia lenta no es justicia, una administración premiosa es una lacra. Lo que está en juego es estratégico.