¿Qué trato fiscal tendrán las startups? ¿Qué empresas se pueden considerar como tal? Así es la nueva ley
Menos trabas burocráticas y más incentivos fiscales para favorecer la creación de un ecosistema de empresas emergentes
La Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, más conocida como 'Ley de Startups', ha superado este jueves en el Congreso de los Diputados su último trámite parlamentario. El Congreso ha avalado todas las enmiendas introducidas por el Senado excepto una gracias al apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, como PP, PSOE, Vox o Unidas Podemos. Se prevé que entre en vigor en enero de 2023.
Con los últimos cambios aprobados, se posibilita que el emprendedor en serie se pueda acoger a la ley de manera ilimitada, se añaden nuevos requisitos al proceso de certificación por parte de Enisa y se refuerza el carácter territorial del texto, en línea con la definición de territorio rural inteligente. A continuación, éstas son las claves del nuevo texto.
¿Cómo podrá ser calificada una empresa como startup? La condición de startup deberá ser acreditada por la Empresa Nacional de Innovación (Enisa). A las empresas emergentes se las define como compañías de nueva creación, de no más de cinco años de antigüedad, siete en caso de algunos sectores estratégicos, como la biotecnología; con sede social en España, que no hayan facturado más de 10 millones de eurosy que desarrollen un proyecto de emprendimiento innovador que cuente con un modelo de negocio escalable, entre otros requisitos. Deberá acreditar ese “carácter innovador”, entendido como el desarrollo de productos o prestación de servicios nuevos o mejorados. Para ello, se han incorporado siete líneas de criterios a valorar por Enisa, entre los que se incluyen el “grado innovación”, “grado atractivo de mercado”, “fase de vida de la empresa”, “modelo de negocio-escalabilidad”, “competencia” o “volumen de clientes”.
Además, la norma también incluye una disposición adicional para crear la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial y ampliar la modificación de la Ley de Auditoría de Cuentas.
¿Qué cambios fiscales introduce? El documento reforma el sistema tributario aplicable a estas compañías. Entre las principales medidas contempla una reducción del impuesto de sociedadesal 15% durante cuatro años. Prevé la eliminación de la obligación de pagos fraccionados o la posibilidad de aplazar la deuda tributaria.
La norma facilita el uso de las stock options como forma de retribución, habitual en esta clase de entidades. Eleva su exención fiscal de 12.000 a 50.000 euros anuales y se retrasa su tributación al momento en que se hagan líquidas, ya sea por la venta de las acciones o por una salida a bolsa. Igualmente, se flexibilizan las condiciones de generación de autocartera en sociedades de responsabilidad limitada.
La Ley también eleva la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación de 60.000 a 100.000 euros anuales. Un incentivo fiscal al que se podrán acoger inversores y emprendedores. Además, el tipo de deducción pasa del 30% al 50%.
En cuanto a la tributación del carried interest (comisión a éxito de las gestoras de capital riesgo) la exención será de hasta el 50%, aunque se mantiene su tributación como rendimientos del trabajo y no como rentas de capital mobiliario en el IRPF, como había pedido el sector. Asimismo, se elimina la doble cotización a la Seguridad Social para los emprendedores que mantengan de forma simultánea un empleo por cuenta ajena durante los tres primeros años.
¿Por qué será más fácil emprender a partir de ahora? La Ley tiene como objetivo esencial fomentar la agilidad administrativa, para lo que prevé una ventanilla única y telemática para la certificación de empresas innovadoras como startups españolas (ONE); la no obligatoriedad de obtener el número de identificación de extranjeros (NIE) para los inversores no residentes, exigiendo únicamente tanto a ellos como a sus representantes los números de identificación fiscal (NIF); y el coste mínimo de aranceles notariales y registrales.
¿Con qué finalidad nace esta nueva regulación? Fuentes del Ministerio de Economía explican que la norma pretende dar una mayor cobertura legal y respaldo económico a las empresas emergentes de base tecnológica y busca ayudar a construir un ecosistema empresarial capaz de convertirse en el motor de la modernización de la economía. En palabras de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, "se trata de una ley pionera que va a permitir “poner a España a la vanguardia en el impulso de este ecosistema y que muestra para qué sirve el debate real”.
¿Qué iniciativas contiene para atraer y retener al mejor talento? Los cambios introducidos durante la tramitación parlamentaria de la ley han servido para crear una nueva categoría de visado para nómadas digitales, llamado visado para teletrabajadores de carácter internacional, para ejercer una actividad laboral o profesional a distancia para empresas radicadas fuera del territorio nacional. La duración del visado será de un año. Además, se extiende el régimen fiscal especial por el que se pasa a tributar por IRNR (impuesto sobre la renta de no residentes) y no por IRPF (impuesto sobre la renta de las personas físicas) a, entre otros, nómadas digitales. La ley da facilidades para obtener el visado y la residencia a trabajadores altamente cualificados de startups, así como a trabajadores españoles no residentes durante al menos cinco años.
En el texto también se amplía un año más, hasta dos, el permiso previsto para que estudiantes extranjeros de educación superior puedan encontrar empleo o iniciar un proyecto profesional en España una vez concluyan sus estudios. Igualmente se fomenta la creación y potenciación de ecosistemas emprendedores en el mundo rural, y se favorece la creación de sandboxes para que España sea un lugar de pruebas y de innovación.
La norma reconoce la capacidad de la Agencia Tributaria para comprobar si se cumplen y mantienen vigentes los requisitos necesarios para beneficiarse de los incentivos fiscales y eleva el umbral de la penalización prevista para revertir estos beneficios cuando haya una condena a uno de los socios, que solo se aplicaría si el condenado cuenta con al menos un 5% del capital.
La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, aseguró recientemente que “el business case que se plantea el Gobierno es que en tres años tras la entrada en vigor de la nueva ley podamos conseguir un incremento mínimo del 20% sobre la inversión actual” en el sector del emprendimiento.
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