El Gobierno abre la puerta a que los tres nuevos impuestos temporales se conviertan en fijos

El Ejecutivo logra el aval a unos PGE con ingresos y gastos récord

El nuevo plan fiscal incluye cambios de calado en IRPF y Sociedades

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el jueves en el Congreso.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el jueves en el Congreso. GETTY

El Gobierno ya tiene el aval del Congreso a los Presupuestos de 2023 y a un plan fiscal que pivota sobre tres novedosas e importantes figuras tributarias. El Ejecutivo se asegura de este modo completar la legislatura y contar con unos ingresos récord que, en parte, se sustentarán con el nuevo gravamen a energéticas, a banca y a grandes fortunas. Pese a las modificaciones que han sufrido durante el trámite parlamentario, las cuentas públicas mantienen las grandes cifras. En lo relativo a los impuestos, sin embargo, el paso por el Congreso ha supuesto un rediseño de la tasa energética que disminuirá la recaudación prevista y la posibilidad de que los tres gravámenes –que nacieron con carácter temporal– se conviertan en permanentes.

Las cuentas públicas mantienen un techo de gasto récord de 198.221 millones y un gasto social inédito que alcanzará los 266.719 millones de euros. En paralelo, Hacienda sigue confiando en ingresar 289.233 millones, de los que 262.781 millones serán vía tributos. Los dos impuestos a energéticas y banca recaudarán algo menos de 3.500 millones anuales, mientras que el nuevo gravamen sobre la riqueza ingresará unos 1.500 millones de euros. Un pellizco nada desdeñable que podría pasar a ser fijo año tras año tras los últimos cambios en la Cámara Baja.

Energéticas

La aprobación de los nuevos gravámenes en el Senado se da por hecha y entrarán en vigor el 1 de enero de 2023. A partir de aquí, a las energéticas se les aplicará un tipo del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios anual de las compañías del sector que facturen más de 1.000 millones de euros anuales tomando como referencia los ingresos de 2019. Eso sí, a través de varias enmiendas encabezadas por el PNV, el Gobierno ha accedido a dejar fuera de la base imponible los ingresos de los negocios regulados, así como los obtenidos fuera de España. La recaudación, por ello, se quedará algo por debajo de los 2.000 millones anuales.

Aunque esta prestación patrimonial no tributaria se había diseñado inicialmente para estar en vigor dos años, una cláusula de Bildu pactada con el Gobierno obligará a realizar un estudio de sus resultados en el último trimestre de 2024 para evaluar “su mantenimiento con carácter permanente”.

Banca

Lo mismo sucederá con el gravamen sobre las entidades bancarias, que deberá revisarse también a finales de 2024 para valorar su carácter fijo, según otra enmienda pactada entre el Ejecutivo y la formación abertzale.

En este caso se aplicará una tasa impositiva del 4,8% sobre el margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras que en el año 2019 hubiesen ingresado más de 800 millones de euros, sumando estos dos conceptos. Como novedad respecto al primer diseño, también estarán afectados los bancos extranjeros con actividad en España. En el caso de los grupos consolidados, la carga solo se aplicará sobre el negocio generado en el país.

Riqueza

El impuesto solidario sobre las grandes fortunas, como se ha bautizado a esta figura, afectará a los patrimonios a partir de 3 millones de euros de riqueza neta, con un mínimo exento de 700.000 euros que elevará hasta los 3,7 millones de patrimonio el umbral a partir del cual se aplique. Entre otros detalles, sustituirá a Patrimonio en aquellas regiones que bonifiquen parcial o totalmente el tributo original y recaudará unos 1.500 millones anuales.

Al anunciar el gravamen el Gobierno afirmó que su vigencia duraría únicamente dos años. Con el paso de las semanas, sin embargo, PSOE y Unidas Podemos decidieron incluir una cláusula que permitirá al Ejecutivo prorrogar su duración o incluso convertirlo en permanente si así se considerase. Hacienda, de hecho, avisó a Bruselas en el Plan Presupuestario remitido en octubre de la posibilidad de llevar a cabo esta revisión.

Otros impuestos

El plan fiscal aprobado esta semana en el Congreso incluye, entre otras novedades, un importante cambio en el impuesto sobre sociedades que elevará la recaudación en casi 2.500 millones de euros. Con esta modificación, los grandes grupos consolidados (unos 3.600) tendrán limitada a la mitad la posibilidad de compensar las pérdidas de sus filiales, una de las ventajas fiscales más importantes dentro de Sociedades.

En el IRPF, por su parte, las cuentas públicas contemplan un incremento impositivo sobre las rentas de capital superiores a los 200.000 euros, pasando del 26% al 27%. Para las plusvalías superiores a 300.000 euros, el nuevo tipo se situará en el 28%.

Otra de las medidas del paquete fiscal es una extensión de las reducciones por rendimientos del trabajo en el IRPF que se aplicará a las rentas por debajo de los 21.000 euros anuales. Hasta ahora, la reducción se aplicaba a las rentas inferiores a 18.000 euros. En paralelo, se ampliará el mínimo exento de tributación de 14.000 a 15.000 euros.

Medidas sociales

La tramitación parlamentaria ha incorporado al proyecto de Presupuestos más de 300 enmiendas, varias de ellas con un marcado carácter económico.

Entre otros cambios, Gobierno y Bildu acordaron prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2023 el aumento del 15% en las pensiones no contributivas, además de la ampliación durante todo el ejercicio próximo del tope del 2% a la actualización de los contratos de alquiler. Esta última medida trata de evitar que los contratos de alquiler que se renueven actualicen sus precios conforme a un IPC que continúa en tasas anuales inusualmente elevadas.

Las enmiendas también han dado luz verde a la gratuidad de las líneas estatales de autobuses durante 2023 y una serie de inversiones extra en infraestructura en diferentes zonas de España.

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