Cláusulas de garantía: la tercera vía para desencallar el pacto de salarios entre patronal y sindicatos
Los negociadores de los convenios tiran de imaginación y diseñan un sinfin de cláusulas de garantía para pactar un amplio abanico de compensaciones salariales por la inflación
Salarios o conflicto. Este es lema que repiten miles de sindicalistas de UGT y CC OO estos días en las decenas de asambleas orquestadas por toda España ante las numerosas negociaciones de convenios colectivos atascadas por cuestiones salariales. La inflación, que cerrará el año en una media de alrededor del 8,5% está llevando a muchos trabajadores al límite, pero también a las empresas, que argumentan que acuciadas por los aumentos de los costes energéticos y de insumos no pueden afrontar también los incrementos de costes laborales que demandan sus plantillas para no consagrar la fuerte pérdida de poder adquisitivo que sufren desde hace un año.
El atolladero en el que está una buena parte de la negociación colectiva, que no ha hecho más que empezar, afecta tanto a convenios sectoriales como de empresa. Pero, sobre todo, ha impedido que las cúpulas patronales y sindicales hayan cerrado el Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC), una guía general de recomendaciones salariales, de empleo y condiciones laborales en general destinada a los negociadores de los convenios que, desde que se recuperó en 2001, facilita anualmente la negociación de miles de convenios que protegen a más de once millones de asalariados. El ANC de este año, debía de ser, además, la base del tan ansiado pacto de rentas orientado a frenar y acabar con el azote inflacionista.
Pero al poco de iniciarse las conversaciones entre los técnicos de CEOE-Cepyme, CC OO y UGT la negociación saltó por los aires en la primavera pasada por una desavenencia hasta ahora insuperable: la exigencia sindical de que el ANC incluyera la recomendación de que los convenios incluyeran cláusulas de revisión o garantía salarial que compensaran las pérdidas de poder de compra revisando los salarios inicialmente pactados con el resultado final de la inflación. Esta exigencia topó con una negativa no menos taxativa de los empresarios a aceptar estas cláusulas indexadas a la inflación.
Así, unos y otros han llegado hasta la fecha de hoy sin una guía general para la negociación colectiva que, sin embargo, prosigue su curso en sectores y empresas y ha logrado que se sigan firmando numerosos convenios. De hecho, unos 8 millones de asalariados han cerrado ya sus condiciones laborales para este año. ¿Cómo han salvado la negociación salarial? La respuesta es con multitud de diseños distintos de cláusulas de garantía salarial adaptadas a las circunstancias de cada actividad o compañía.
De hecho, las fuentes de los sindicatos y las patronales consultadas admiten que la vuelta a la negociación de un acuerdo salarial global entre las cúpulas empresariales y sindicales solo será posible si ambas partes se abren a pensar y negociar un modelo lo suficientemente amplio y flexible para aplicar este tipo de cláusulas.
Para ello, los negociadores del ANC tendrían un amplísimo catálogo de modelos de cláusulas de revisión salarial en las que fijarse. Solo tendrían que analizar los convenios que se están firmando. El sector del metal, por ejemplo, está entre los más dinámicos y ejemplares en materia de negociación colectiva y sus más de 50 convenios provinciales son una muestra de cláusulas bien distintas. La última publicación sobre la Negociación Colectiva en la Industria del Metal de 2021 elaborada por la patronal Confemetal reúne todas estas cláusulas que van desde las más sencillas como la del metal de Lleida que se activa si el IPC supera el 2% y se activa a partir del momento en el que se supera. Otras, también sencillas pero de mayor cobertura como la del convenio de Castilla y León que aplica un aumento inicial de los salarios del 2,5% y si el IPC supera ese porcentaje se compensa el exceso con efectos a 1 de enero, de forma retroactiva. Pero también hay otras cláusulas más complejas como la del metal de Huesca con varios plazos de revisión, distintos porcentajes de compensación (ver tabla).
En el diseño de una cláusula de garantía se puede jugar con la cuantía que se compensa según el exceso entre lo pactado inicialmente y la inflación; los periodos de IPC a computar; los plazos para abonar las revisiones de los salarios etc. Esto supone un sinfín de posibles diseños de cláusulas que podrían desencallar las negociaciones de mayor nivel entre empresarios y sindicatos y hasta propiciar un acuerdo.
Es más, fuentes patronales aseguran que una vía que podría allanar estas conversaciones sería la que ofrece el pacto firmado entre el Gobierno y los empleados públicos, (aumentos adicionales del 0,5% si la suma del IPC de 2022 y 2023 supera el 6%; ,y otro 0,5% si la suma de 2022, 2023 y 2024 rebasa el 8%). Mirándose en este mismo espejo del pacto salarial de los empleados públicos, Podemos fue ayer más lejos y reclamó al Gobierno que impulse un acuerdo estatal de “distribución de rentas” similar al de la función pública. Si bien, esto supondría un grado de injerencia tal en la autonomía colectiva de patronal y sindicatos que no parece en absoluto viable.
Uno de cada cuatro asalariados protegidos
Ante todo esto, la búsqueda de un diseño de cláusula de garantía que permita llegar a un Acuerdo de Negociación Colectiva entre las cúpulas de los interlocutores sociales parece la única salida viable para reencauzar las relaciones laborales y sellar cierta paz social. De momento, aproximadamente el 25% de los más de 7,5 millones de trabajadores que ya han negociado sus condiciones laborales para este año están protegidos por una cláusula de revisión (alrededor de 1,86 millones de asalariados).
De este total, poco más de la mitad cuentan con una cláusula diseñada para actualizar con la inflación (todo o en parte) sus salarios del año siguiente; mientras que la otra mitad reciben la compensación pactada por la diferencia entre la subida salarial inicial y el IPC (generalmente de diciembre) con efectos retroactivos desde principios de año.
No obstante, desde el Banco de España han calculado recientemente que 2022 terminará con uno de cada cuatro asalariados protegidos por estas cláusulas pero, a tenor de su ritmo de crecimiento, la inercia negociadora de los convenios hará que en 2023 este porcentaje de trabajadores protegidos se elevará al 45%.
Otras causas para no negociar
Los sindicatos están aumentando sus presiones a los empresarios para que se sienten otra vez anegociar un acuerdo de convenios de ámbito estatal. Pero el discurso público de los empresarios sigue siendo su negativa a la petición sindical de cláusulas indexadas al IPC. Sin embargo los sindicatos aseguran que están dispuestos a escuchar un cambio de postura en la patronal si se abre a negociar otro otro tipo de cláusulas. Esta situación apunta a otras cuestiones que impiden que se reanuden estas negociaciones, como podría ser el proceso electoral que vive CEOE, que elegirá a su presidente el próximo 23 de noviembre, lo que podría estar frenando a Antonio Garamendi, de momento único candidato a la reelección, a sellar un nuevo acuerdo que pudiera no ser entendido por una parte de sus bases.
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