Galán cumple ahora con BlackRock tras superar el Rubicón judicial
Los fondos de inversión demandaban desde hace tiempo mejoras en la gobernanza
Corría el mes de septiembre de 2021. Pedro Sánchez viajaba a Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas. En aquellos días, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, hacía también su particular road show neoyorquino. La compañía dejó constancia entonces de una reunión con el CEO de Qatar Investment Authority, Mansoor bin Ebrahim Al Mahmoud, dentro de la Semana del Clima organizada por el organismo multilateral. Pese a la coincidencia de fechas, sin embargo, no hubo encuentro. El presidente del Gobierno evitó participar en el foro empresarial en el que podía coincidir con el ejecutivo salmantino y, en su lugar, envió al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Galán, que en otro tiempo había escenificado su cercanía a Sánchez y Moncloa en diferentes actos políticos, estaba imputado por el ‘caso Villarejo’. El Ejecutivo, incluso antes de la guerra de Ucrania, había constatado como la hidráulica -la energía de cabecera de Iberdrola- marcaba precio en el pool, con la electricidad por las nubes. No era la mejor foto.
Las cosas no mejoraron rápido. En diciembre, el regulador del Estado de Nuevo México rechazaba la compra de PNM Resources por parte de Avangrid, la filial estadounidense de la eléctrica. El varapalo no era menor, en tanto afectaba a una operación que superaba los 8.000 millones de dólares y cuyo freno limitaba uno de los principales vectores de crecimiento de la firma. Resultó todavía más inquietante que el regulador se refiriera a los problemas judiciales de la compañía en España como un factor de incertidumbre. La sombra de la duda, al menos sobre el presidente, solo empezó a disiparse a partir del pasado mes de junio, cuando el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón archivó la causa contra Galán, un año después de ser imputado por su presunta implicación en los encargos de la eléctrica al excomisario. La decisión fue confirmada este mismo mes de octubre por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
No es casualidad que este martes, apenas dos semanas después de finiquitarse un periplo judicial que tanto ha condicionado el devenir de la multinacional y su presidente, Iberdrola anunciase la creación del puesto de consejero delegado. Con la medida, la casa responde a un compromiso alcanzado hace meses con los fondos de inversión que se integran en el capital y que habían demandado desde hace tiempo mejoras en la gobernanza de la eléctrica. No comulgan con que el presidente atesore todos los poderes, lejos del modelo anglosajón de un chairman (presidente no ejecutivo) y un CEO (encargado de la gestión). Fuentes próximas a la compañía atribuyen la designación a esa demanda, que los inversores han evitado verbalizar en público -que no entre bambalinas- mientras ha durado la imputación de la cúpula para no ejercer más presión sobre la compañía. Aunque el movimiento tiene mucho de maquillaje, en tanto las decisiones clave seguirán recayendo en la presidencia ejecutiva que mantiene Galán, al menos se da respuesta formal a las reclamaciones de inversores y ‘proxy advisors’, que también solicitaban un plan de sucesión transparente. En el accionariado de Iberdrola figuran gigantes como BlackRock (5,25%), Norges Bank (3,1%) y la citada Qatar Investment Authority (8,7%).
Para entender los tiempos, resulta clave apuntar que Galán afronta su reelección en la Junta General de Accionistas del año que viene, cónclave al que aspiraría a llegar con los deberes hechos después de la elevada reprobación que sufrió por la política retributiva de la cúpula en el último encuentro. Visto con retrospectiva, también es relevante recordar cómo Armando Martínez, el nuevo consejero delegado, ascendió hace ahora un año al cargo de director general de Negocios, una rampa de salida perfecta para terminar de dar el salto a CEO cuando el calendario lo permitiera. Hombre de la casa, con experiencia internacional, será un apoyo para la ejecución de las políticas que emanen de la presidencia.
Galán, cuya gestión histórica no solo viene avalada por la última línea de los resultados sino por la capitalización de la compañía, apacigua ahora a sus accionistas mientras mantiene abierto en canal el frente político. Fuentes de las propias compañías eléctricas admiten sotto voce que ya no saben qué provisionar en sus balances a costa de los beneficios extraordinarios registrados este año por el alza de los precios. El impuesto a esas ganancias extra que diseña Teresa Ribera y los decibelios de la disputa definirán si hay margen para un nuevo tiempo.
