Basta ya de populismo fiscal

En la batalla que se ha desatado en el área tributaria, el oportunismo elude el verdadero debate: la eficiencia del gasto

Estoy ya cansado de tanto populismo fiscal de unos y de otros. Seamos serios, por favor. El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo de titularidad estatal. Esto significa que solo el Estado puede eliminarlo. Las comunidades autónomas no tienen competencia para ello. Y si lo hacen, es un fraude a la Ley Orgánica de Financiación Autonómica. Fraude que ha sido consentido por unos y otros Gobiernos, hasta llegar al mercadillo fiscal barriobajero de hoy. Cómo cuesta reconocer los errores, que van desde Montoro a Montero; ahora se habla de armonización.

Es cierto que las comunidades autónomas no eliminan el impuesto, sino que introducen una bonificación del 95%/100%. Sin embargo, estaremos de acuerdo en que dicha estrategia pretende tan solo eludir la falta de competencia para eliminar el tributo, ya que el resultado que se consigue es el mismo. Se trata, insisto, de un fraude de ley consentido. Fraude que, si los ciudadanos lo hiciesen, serían llevados al paredón de las torturas y recaería sobre ellos el peor de los males.

Es tal la mentira, que ya nadie se acuerda de la verdad.

Pero sigamos. El populismo fiscal de unos y otros elude el verdadero debate: el del gasto. Reducir los ingresos es posible, pero reducirlos es reducir también el gasto o mejorar su gestión. En este sentido, la competencia entre comunidades autónomas debería centrarse en la excelencia, calidad y eficiencia de los servicios públicos que estas tienen la obligación de prestar, y en la excelencia de los proyectos de sociedad que cada una de ellas lidera en su ámbito de competencias.

Lo mismo ocurre con el Estado: la legitimidad para crear o aumentar impuestos exige eficiencia en el gasto. Y ocurre que los números no lo avalan. Tenemos un déficit estructural crónico y un endeudamiento al alza. A pesar de ello, se aprueba el mayor techo de gasto de la historia.

La situación se agrava todavía más si se observa que la recaudación caída del cielo por la inflación no ha mejorado nuestra situación económica. No hay que olvidar, tampoco, los fondos procedentes de la UE. España está, además, incumpliendo la propia Constitución, en la medida que sobrepasa los límites de endeudamiento que nosotros mismos nos hemos autofijado. Lamentable.

Eso sí. Exigencia máxima al contribuyente. Y no a la deflactación.

¿Se puede en este contexto subir los impuestos? En mi opinión, no si antes no se justifica la excelencia en la gestión del gasto y la necesidad de mayores recursos. De lo contrario, la bola de nieve aumenta y el riesgo de alud es ya evidente.

Los impuestos, recordémoslo, tienen la finalidad de sufragar el gasto público. Sin gasto, no hay ingresos. Lo primordial, pues, es centrarse en el gasto, y no en los ingresos. Solo justificada su eficiencia, se está legitimado para solicitar a los ciudadanos un esfuerzo. Antes, no.

A lo anterior hay que añadir la manipulación ideológica de los impuestos y su utilización como lucha de clases. ¡A por los ricos!

Pues no. Los impuestos no están concebidos bajo tales principios. La justicia en la imposición reside en la progresividad del sistema tributario en su conjunto. Progresividad que significa que todos hemos de contribuir en función de nuestro nivel de riqueza. No los ricos: todos. Principios constitucionales de generalidad e igualdad.

Lo que ocurre es que, si analizamos la progresividad en su conjunto, esto es, cuánto se paga en su conjunto en función de los diferentes niveles de renta, se concluye que la progresividad está mal distribuida porque se concentra mucho más en las rentas bajas y medias que en las altas. Claro que pagan más quienes más tienen, pero no lo suficientemente más en términos de progresividad.

Esto exige redistribuir bien la progresividad adoptando las medidas que sean necesarias. En este contexto, sí que puede tener sentido un impuesto sobre las grandes fortunas. Pero lo que no cabe, es aprobarlo fuera de un contexto global de profunda y necesaria reforma de nuestro sistema tributario. Parches, pues, no. Y mucho me temo que el parche que se propone tiene tan solo su fundamento en una cuestión ideológica y populista. Las elecciones aprietan.

Pero, además, hay que tener en cuenta el principio de eficiencia que exige que la progresividad no sea tal que distorsione las decisiones de los ciudadanos. Es obvio que todo impuesto distorsiona las decisiones de trabajo, ahorro, e inversión. Lo que se exige es que tales distorsiones no sean de tal magnitud que impacten negativamente sobre el conjunto de la sociedad.

El debate, pues, no es sobre los ricos. Es, primero, y fundamentalmente, sobre la eficiencia en el gasto, y después, y solo después, sobre la necesidad de mejorar la progresividad del sistema en su conjunto sin convertirlo en ineficiente. Y todo, claro está, promoviendo y premiando la necesaria creación de riqueza. Sin esta, la caja está vacía.

El debate que está en la calle está gravemente distorsionado por la ideología de unos y otros. Centra su foco en los ricos poniéndoles nombres y apellidos. La banca, las eléctricas y los ricos. Se olvida que los impuestos no son nominales, sino innominados. Todos hemos de contribuir. No solo algunos. La clave no es, por tanto, la cualidad del sujeto que ha de pagar, sino su nivel de renta. Se identifica, además, empresario con riqueza y esta como algo que hay penalizar. Se hace un discurso en el que se vislumbran rasgos de envidia y rencor que nos recuerda, si me permiten, a Robin Hood. Es una verdadera cruzada. ¡A por ellos! Y se olvida, insisto, el elemento principal; el más importante: el gasto.

Basta ya de populismos. Los ciudadanos nos merecemos respeto, rigor, ejemplaridad, objetividad, y transparencia. De lo contrario, acabaremos en una verdadera lucha de clases culpa de unos y otros.

 Antonio Durán-Sindreu Buxadé es Profesor UPF y Socio Director DS