El impuesto a las grandes fortunas sustituirá a patrimonio en las regiones donde se bonifica, como Madrid
Hacienda recaudaría unos 2.300 millones, 1.100 millones más que lo habitual Montero anuncia un tributo temporal a partir de enero de 2023
Hacienda gravará de forma temporal a las grandes fortunas que consiguen escapar del impuesto sobre el patrimonio gracias a su residencia fiscal. Según explican fuentes conocedoras, lo hará creando un tributo especial que afecte también a las regiones que bonifican en su totalidad Patrimonio, como hace Madrid desde hace años y harán Andalucía y previsiblemente Murcia a partir del ejercicio próximo. Esta fórmula, explican, es la más lógica desde el punto de vista de la arquitectura fiscal.
La ministra del ramo, María Jesús Montero, pidió ayer en el Congreso un “mayor esfuerzo” a los grandes patrimonios y avanzó que “el Gobierno está trabajando” en la posibilidad de crear un nuevo impuesto especial para los más ricos, en línea con la propuesta de Unidas Podemos. La nueva figura impositiva, de la que todavía no se conocen detalles, entraría en vigor en 2023, una vez que los técnicos del ministerio diseñen su articulado.
Según explica el secretario general del sindicato de los técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, “creemos que este impuesto temporal será un gravamen de naturaleza estatal para quitar competencia normativa a las comunidades” y así evitar su supresión. Tampoco habría cesión de esos ingresos a las autonomías, “ya que no tendría lógica darle lo recaudado a una región que previamente ha eliminado el impuesto”. A su vez, con el objetivo de evitar una doble imposición en las regiones que no eliminan Patrimonio, “se descontará lo pagado hasta el límite de lo que resulte del gravamen”. Es decir, con esta fórmula los contribuyentes de las comunidades sin bonificaciones no abonarían el tributo dos veces.
Desde Gestha estiman que estos cambios permitirían ingresar unos 1.000 millones de euros más al año que lo que recauda a día de hoy Patrimonio. En total, cerca de 2.300 millones al año. La cifra final es el resultado de sumar a los 1.200 millones de euros que se obtuvieron en 2020 gracias a este impuesto los 1.100 que dejó de ingresar Madrid, la única región que entonces bonificaba totalmente esta figura impositiva.
El impuesto sobre el patrimonio afecta con carácter general a los contribuyentes que poseen bienes por un valor superior a los 700.000 euros, excluyendo la vivienda habitual hasta 300.000 euros. Sin embargo, desde Gestha creen que podría aumentarse este umbral de patrimonio hasta una cifra superior, que parta del entorno de los dos millones.
Alberto García Valera, socio responsable del área de Tax Policy, también ve posible que Hacienda opte por una suerte de rediseño de Patrimonio y por unos umbrales más elevados. Es la opción “más lógica, dado que es poco probable que se graven más todavía los rendimientos del trabajo”.
Una posibilidad, prosigue, es modificar la Ley 19/1991 del Impuesto sobre el Patrimonio para eliminar la posibilidad de que haya bonificaciones, “pero es poco elegante con las autonomías”. Lo más sensato desde el punto de vista jurídico, añade, es un impuesto especial sobre el patrimonio de carácter extraordinario bien argumentado y que, para evitar la doble imposición, establezca una deducción sobre lo ya gravado. Tiene un elemento de justificación económica más complejo, señala, pero “si se articula correctamente sí puede tener encaje constitucional”.
Con esta medida, el Ejecutivo central responde a las autonomías gobernadas por el Partido Popular y sitúa la fiscalidad en primera línea de batalla de cara a las elecciones generales que se celebrarán el año próximo.
La ofensiva fiscal, sin embargo, va más allá de la tasa temporal sobre los grandes patrimonios. Fuentes de la Comisión Europea han recordado esta semana al Gobierno que tiene comprometida una reforma tributaria que, según el componente 28 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia firmado con Bruselas, debe ver la luz a principios de 2023. En el ojo del huracán se encuentra la polémica armonización fiscal entre comunidades autónomas, que evitaría que ciertas regiones bonifiquen en su totalidad impuestos como Patrimonio o Sucesiones y Donaciones.
Según explican desde la Comisión, el diseño de esta reforma está "en curso" y tiene el objetivo principal de coordinar y unificar a nivel regional los tributos de carácter estatal para evitar una competencia fiscal a la baja entre autonomías, algo que también sugirió el grupo de expertos que redactó el Libro Blanco para la reforma fiscal. Las mismas fuentes comunitarias insisten en que "hay que dar apoyo a los hogares más necesitados y vulnerables" en un contexto de subida de precio. "Hacen falta más ingresos y hace falta que la recaudación sea lo más eficiente y eficaz posible".
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