El Gobierno prepara un impuesto para las grandes fortunas “temporal” y aplicable desde 2023

Montero elude dar detalles sobre la futura tasa, porque "hay que dejar que los técnicos trabajen"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE

España gravará de forma temporal a las grandes fortunas que consiguen escapar del impuesto sobre el patrimonio. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este jueves que "el Gobierno está trabajando" en la posibilidad de crear un nuevo impuesto temporal para las grandes fortunas, en línea con la propuesta de Unidas Podemos. La nueva figura impositiva, de la que todavía no se conocen detalles, entraría en vigor previsiblemente a partir del 1 de enero de 2023. El Ejecutivo central, de esta forma, responde a las autonomías gobernadas por el Partido Popular y sitúa la fiscalidad en primera línea de batalla de cara a las elecciones generales que se celebrarán el año próximo.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Montero ha defendido la necesidad de "pedir un mayor esfuerzo" a quienes tienen beneficios extraordinarios, como las empresas energéticas, y a las "mayores rentas", según recoge Efe.

Montero ha eludido dar detalles sobre el eventual futuro impuesto, porque "hay que dejar que los técnicos trabajen", pero ha apuntado que sería temporal, igual que los gravámenes a las energéticas y la banca, que estarán vigentes durante dos años y que prevén recaudar unos 7.000 millones de euros.

La ministra también ha mostrado su intención de que el impuesto esté en vigor a comienzos del próximo año, aunque "habrá que ver la tramitación". Tampoco ha desvelado si la tasa se incluirá en los Presupuestos de 2023, aunque ha sugerido que no se recurrirá a las cuentas públicas para lanzar el gravamen.

Este gravamen sería diferente al actual impuesto sobre el patrimonio, que grava la riquza por encima de los 700.000 euros, excluidos 300.000 euros de la vivienda habitual con carácter general. El gravamen sobre el patrimonio, de acuerdo con la ley de financiación autonómica, está cedido a las comunidades autónomas, por lo que algunas como Madrid (y próximamente Andalucía y Murcia) lo bonifican en su totalidad, eliminándolo de facto.

La ofensiva fiscal, sin embargo, va más allá de la tasa temporal sobre los grandes patrimonios. Fuentes de la Comisión Europea han recordado esta semana al Gobierno que tiene comprometida una reforma fiscal que, según el componente 28 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia firmado con Bruselas, debe ver la luz a principios de 2023. En el ojo del huracán se encuentra la polémica armonización fiscal entre comunidades autónomas, que evitaría que ciertas regiones bonifiquen en su totalidad impuestos como Patrimonio o Sucesiones y Donaciones.

Según explican desde la Comisión, el diseño de esta reforma está "en curso" y tiene el objetivo principal de coordinar y unificar a nivel regional los tributos de carácter estatal para evitar una competencia fiscal a la baja entre autonomías, algo que también sugirió el grupo de expertos que redactó el Libro Blanco para la reforma fiscal. Las mismas fuentes comunitarias insisten en que "hay que dar apoyo a los hogares más necesitados y vulnerables" en un contexto de subida de precio. "Hacen falta más ingresos y hace falta que la recaudación sea lo más eficiente y eficaz posible".

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