Los jueces braman por la momificación del CGPJ y denuncian las contradicciones del PP y del PSOE
La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente dan su opinión en Cinco Días
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva 1.371 días momificado. El mandato del órgano de gobierno de los jueces expiró el pasado 4 de diciembre de 2018. Tres años y nueve meses después, el PP y el PSOE siguen sin resolver la situación de colapso a la que se enfrenta la cúpula judicial, que se volverá a hacer patente este miércoles en la apertura del año judicial que preside el Rey en el Tribunal Supremo.
El bloqueo no es baladí, pues el CGPJ se encarga, entre otras funciones, de proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, del resto de sus magistrados o de dos miembros del Tribunal Constitucional. Mientras los primeros deben juzgar después a los diputados y senadores que resultan encausados o resolver los asuntos que afectan al Gobierno, los segundos controlan la constitucionalidad de las leyes que aprueban las Cortes Generales. De ahí el interés político que ha despertado desde su diseño en el artículo 122 de la Constitución de 1978, pese a que no es un órgano jurisdiccional, que juzga y hace cumplir lo juzgado, sino de carácter administrativo.
La situación actual, sin embargo, ha rebasado todos los límites, según explican a Cinco Días las cuatro asociaciones judiciales más importantes del país. “Lamentable” o “alarmante” son algunos de los adjetivos con los que la definen desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria, con 1.400 asociados, y perteneciente al llamado sector conservador, a Juezas y Jueces para la Democracia (JyJD), la tercera, con cerca de 500 asociados, y de carácter progresista. “Que los principales partidos sean incapaces de ponerse de acuerdo para la designación de los vocales del CGPJ va en contra de la Constitución y daña la imagen de la institución”, sentencia Chus del Barco, presidenta de la APM. Por su parte, Ascensión Martín, portavoz de JyJD, califica el bloqueo de “anormalidad democrática” e insta al PP a desatascar “de inmediato” el órgano de gobierno de los jueces.
La parálisis se remonta a un WhatsApp enviado en 2018 por Ignacio Cosidó, exportavoz de los populares en el Senado, a sus 146 compañeros de la Cámara Alta. En él les detallaba los flecos de un acuerdo alcanzado con los socialistas para repartirse el nombramiento de los vocales del CGPJ y para controlar “desde detrás” varios órganos clave del Tribunal Supremo. La transcendencia pública del mensaje desembocó en la ruptura de las negociaciones. Desde entonces, el PP, que tras las elecciones de 2011 aglutina la mayor parte de los sillones del actual consejo en funciones, ha cortado en varias ocasiones las conversaciones.
Críticas al PP y al PSOE
“El PP lleva años bloqueando la renovación con argumentos políticos. Y el Gobierno tiene prisa en hacerla porque piensa que no hay correspondencia con la mayoría parlamentaria” que le han dado las urnas, considera Jorge Fernández Vaquero, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda del país con cerca de 900 integrantes. Pero ambos partidos “han destruido el funcionamiento institucional del CGPJ porque lo han convertido en una herramienta para sus propios intereses” en lugar de respetar la separación de poderes, puntualiza.
En sentido parecido se pronuncia Fernando Portillo, su homólogo en Foro Judicial Independiente (FJI), que aglutina a más de 300 asociados. “No nos fiamos de las razones del PP porque cuando ha gobernado no ha reformado la ley para que sean los jueces quienes elijan a parte de los vocales del CGPJ”, como propuso en su momento la dirección de Pablo Casado al justificar su no a la renovación. No obstante, el juez decano de Melilla también critica al PSOE por la reforma impulsada el año pasado junto a Unidas Podemos para impedir que el órgano, de mayoría conservadora, hiciera nominaciones en funciones. “Quedó en evidencia que quieren un CGPJ que haga los nombramientos que a ellos les interesan”, explica.
Precisamente, esta situación ha colocado a diferentes salas del Tribunal Supremo al borde del colapso debido a la imposibilidad de sustituir a los magistrados que fallecen o se jubilan. Es lo que sucede en la sala de lo contencioso-administrativo, que se encarga de resolver los asuntos que afectan al Gobierno, o en la de lo Social, que dirime las controversias entre empresas y trabajadores.
Vuelco en la mayoría del Constitucional
El Ejecutivo, sin embargo, ha tenido que recular a propósito de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que agotaron su mandato el pasado junio. Como dos de estos juristas que deben ser sustituidos han de ser propuestos por el CGPJ y otros dos por el Gobierno, lo que dará lugar a un tribunal de mayoría progresista, el PSOE impulsó hace unos meses una reforma para permitir que el órgano los designe, a pesar de que en un principio había vetado la posibilidad de hacerlo por estar en funciones.
“Todo lo que contaban en la ley de 2021 se lo cargan en 2022 para cambiar la mayoría del Tribunal Constitucional. Donde dije digo, digo Diego y que el CGPJ nombre lo que a mí me interesa”, critica Chus del Barco, la presidenta de la APM. Una opinión que contrasta con la de Ascensión Martín, portavoz de JyJD, quien reconoce que “legislar según cada momento no es bueno para nadie”. Pero, ante la resistencia del PP, “¿qué haces?”, cuestiona.
Actualmente, el máximo intérprete de la Constitución, de mayoría conservadora, debe dictar sentencia sobre leyes tan importantes como la del aborto, que impulsó el Gobierno de Zapatero en 2010; la de la eutanasia, promovida por la coalición de izquierdas; o la de educación, conocida como Ley Celáa. De ahí se puede extraer el interés del Ejecutivo en cambiar las fuerzas del tribunal, que el año pasado declaró inconstitucional su estrategia jurídica frente a la pandemia.
Precisamente, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha convocado este jueves un pleno extraordinario para debatir el nombramiento de estos dos magistrados ya que el 13 de septiembre es el plazo máximo para hacer las designaciones. No obstante, puede ocurrir que para entonces no haya acuerdo entre los propios jueces, aunque el Ejecutivo ha deslizado que en ese caso designaría a sus dos candidatos.
Esta delgada línea entre la política y la judicatura coloca a la Justicia española en una posición cada vez más delicada, que se observa en el exterior con atención. La Comisión Europea le ha pedido a España, por tercer año consecutivo, proceder a la renovación del CGPJ “con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después”, un proceso para cambiar la forma de elección de los vocales. Y ello “en línea con los estándares europeos para que no menos de la mitad de los jueces sean elegidos por sus pares”.
El reparto de cromos del CGPJ
Elección. La Constitución dice que el CGPJ está integrado por veinte miembros, de los cuales doce son escogidos “entre jueces y magistrados, en los términos que establezca la ley orgánica”, y “cuatro a propuesta del Congreso y cuatro del Senado”, entre juristas de reconocida competencia, por amplia mayoría de tres quintos. No obstante, la ley del Poder Judicial también ha conferido al Congreso y al Senado la elección de los miembros que deben ser escogidos entre jueces. Sin embargo, la forma en que se elige a estos doce miembros se puede cambiar modificando la propia ley.
Perversión. Esta reforma es la que defiende la mayoría de las asociaciones, quienes critican que desde 1985 el PSOE y el PP han convertido la fórmula de elección en un “reparto de cromos”. “Tú nombra a tus candidatos, que yo los voy a aceptar aunque me parezcan nefastos, que yo nombro a los míos aunque a ti te parezcan nefastos”, resume Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la AJFV. El magistrado apunta que el entendimiento entre las fuerzas debería centrarse “en el perfil profesional” de los vocales y no en el sentido de su “adhesión política”. Y señala que “los jueces que se prestan a esto son absolutamente corresponsables” de la perversión del sistema.
Reforma. Para que el CGPJ no estuviera copado sistemáticamente por una posible mayoría conservadora de jueces, situación que evita la elección por los partidos, y fuera más representativo de la sociedad, de la que emanan todos los poderes del Estado, Fernando Portillo, portavoz de FJI, dice que se podría introducir “un sistema de votación proporcional donde estén representadas todas las sensibilidades”. A su juicio, “el problema actual es la politización” de la cúpula judicial, pero si no se cambia el sistema, “nada impide que en el futuro pueda repetirse”.