La mayoría de las asociaciones judiciales son críticas con la concesión del indulto solicitado por la familia de Griñán

Las opiniones no se dirigen contra él personalmente, sino contra lo que representa: una autoridad pública condenada por malversación

José Antonio Griñán sale de la Audiencia Provincial de Sevilla el día que fue notificado de sentencia de los ERE. Alejandro Ruesga
José Antonio Griñán sale de la Audiencia Provincial de Sevilla el día que fue notificado de sentencia de los ERE. Alejandro Ruesga

La mayoría de las asociaciones judiciales se muestran críticas ante la eventual concesión de un indulto parcial a José Antonio Griñán por parte del Gobierno. Las opiniones dentro de la judicatura no se deben a que el beneficiario de la medida de gracia, que su familia solicitó este jueves en el Ministerio de Justicia, pueda ser él personalmente, sino a lo que representa, pues la condena ha sido a quien fuera una autoridad pública por malversación. El delito, que no exige para su comisión un enriquecimiento personal, está considerado una forma de corrupción política, pues castiga la administración desleal o la apropiación indebida del patrimonio público.

En este caso, el Tribunal Supremo ratificó el pasado mes de julio la condena al expresidente socialista de la Junta de Andalucía, de 76 años, que le había impuesto la Audiencia Provincial de Sevilla por la gestión irregular de fondos públicos para el rescate de empresas privadas en crisis. El fallo de los ERE lo aboca así a entrar en prisión para cumplir una pena de seis años por ser responsable de un delito de prevaricación (dictar resoluciones arbitrarias a sabiendas) en concurso con otro de malversación de caudales públicos.

No obstante, según ha manifestado su abogado, José María Calero, la defensa trabaja en diferentes vías para sortear la cárcel, como presentar un incidente de nulidad de actuaciones, recurrir al Tribunal Constitucional o solicitar un indulto parcial al Gobierno por razones de “humanidad y equidad”. Los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, así como la expresidenta andaluza y sucesora de Griñán, Susana Díaz, apoyan la petición, que finalmente ha sido presentada al Gobierno sin esperar al contenido de la sentencia, tal y como había previsto la familia en un principio, ya que el pasado julio solo se dio a conocer el fallo.

Chus del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria dentro de la judicatura, con 1.400 asociados, y perteneciente al llamado sector conservador, considera que el indulto ya de por sí es “una institución caduca, del antiguo régimen, que supone una excentricidad en el Estado de Derecho”. Y ello porque a través de esta medida de gracia la autoridad competente perdona a una persona total o parcialmente la pena a la que ha sido condenada en virtud de una sentencia firme. “Debe ser de carácter restrictivo”, sostiene, por ejemplo, “para el caso de un crío de 20 años que roba algo y diez años después, cuando ya tiene su vida hecha, le ordenan entrar en la cárcel”, pues esta decisión iría en contra de la reinserción social del reo que persigue el derecho penal. “Lo que no entiendo es que se indulte a un político por destinar dinero de la caja pública a captar votos. El Gobierno, este o el que sea, no puede indultar a los políticos por delitos de corrupción. ¿Los políticos no están sometidos al imperio de la ley?”

En sentido parecido se pronuncia Fernando Portillo, portavoz de Foro Judicial Independiente (FJI), la cuarta asociación judicial por número de integrantes, con más de 300. “Nos parece que la figura del indulto en general es heredera del absolutismo y que tiene poco encaje en el sistema constitucional”, sostiene. Aunque también reconoce su “uso excepcional en determinados casos”, considera que “no tiene sentido que en los delitos de corrupción el Poder Ejecutivo se perdone a sí mismo”. “Si se indultase a Griñán nos parecería mal, pero no por ser él, sino porque es un delito de corrupción”, recalca.

Confianza en las instituciones

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda del país con cerca de 900 integrantes, explican que “no tendrían nada que decir” si finalmente el Gobierno de Pedro Sánchez decide indultar parcialmente al exdirigente socialista. No obstante, consideran que los indultos a políticos condenados por corrupción no ayudan a mejorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Jorge Fernández Vaquero, su portavoz nacional, argumenta que “la Constitución permite la figura del indulto, aunque no puede ser arbitrario ni utilizarse con finalidades espurias, cosa que no podemos decir que suceda en este caso porque no podemos saberlo. El Gobierno puede decidir indultar. Desde ese punto de vista no hay reproche”. No obstante, “la decisión de indultar a cualquier político quizás no ayuda a fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema. La baja confianza de la ciudadanía en las instituciones es uno de los problemas que tiene España como democracia”, advierte.

Por su parte, Ascensión Martín, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JyJD), la tercera asociación judicial, con cerca de 500 asociados, y de carácter progresista, explica que la facultad de indultar pertenece al Ejecutivo, aunque "hay indultos que nos gustan más y otros menos". Por lo tanto, “como asociación respetaremos lo que diga el Gobierno”, como también “respetamos la sentencia”.

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