La rebaja del IVA del gas es un parche oportuno, pero insuficiente

La decisión anunciada ayer por el Gobierno, en medio de la creciente presión por la escalada del precio de la energía, de aprobar una rebaja temporal del IVA del gas, que pasará del 21% al 5%, estará en vigor, en principio, hasta final de año y tendrá como objetivo rebajar la factura de la calefacción constituye una medida oportuna y objetivamente necesaria, aunque no resuelva un problema que va más allá del efecto puntual de un parche de contención. Según las estimaciones que maneja el Ministerio de Hacienda, el impacto recaudatorio de la decisión oscilará entre los 190 millones y los 200 millones de euros durante los tres meses de aplicación, que se sumarán a los 600 millones que cuesta trimestralmente la rebaja total del IVA eléctrico. La factura del conjunto de las medidas tributarias que afectan al recibo eléctrico y al gas ronda ya los 8.000 millones de euros al año. Si a esa suma se se le añade la bonificación a los carburantes, el mordisco anual total superará los 13.000 millones.

Pese a ello, desde el punto de vista financiero, el Gobierno tiene margen de maniobra para acometer esta nueva rebaja fiscal. Las espaldas de Hacienda están preparadas para compensarla con los ingresos extraordinarios derivados de la inflación –un colchón reforzado por la negativa del Gobierno a abordar una deflactación de la tarifa del IRPF–, y con los derivados del tributo temporal sobre la banca y las energéticas. Como ventaja añadida, la rebaja del IVA de gas no solo supondrá un respiro para las cuentas de los hogares ante la llegada del frío invierno, sino que ejercerá también un efecto moderador en la presión inflacionista que soporta la economía española.

La actual crisis energética que sacude a Europa es consecuencia del uso del gas como arma estratégica por parte de Rusia en el marco del conflicto de Ucrania, pero también el fruto evidente de la miope política energética de la UE, especialmente en el caso de países como Alemania, agravada por la lenta capacidad de reacción de gobiernos y autoridades europeas. A la espera de que Bruselas lleve a cabo la intervención en el mercado eléctrico, anunciada con carácter de emergencia, los estados miembros deben afrontar los rigores del próximo invierno mediante una política que fomente, por un lado, el ahorro energético y suavice, por otro, la carga financiera de familias y empresas. La rebaja anunciada por el Gobierno, que se enmarca en esa línea, constituye un paso más en el lento rosario de medidas adoptadas en los últimos meses por el Ejecutivo. Una estrategia que sigue apostando por el parche puntual, en lugar de haber adoptado en su momento una estrategia integral contra esta crisis, que habría permitido ahorrar más tiempo y dinero.