Relevo generacional

Por un pacto de Estado en materia de función pública: no hay relevo para la generación del 'baby boom'

No hay respuesta institucional ante el problema que algunos ya han bautizado como la Gran Jubilación

Empleados públicos.
Empleados públicos. EUROPA PRESS

Mi padre se jubiló el año pasado. Mi madre hace unas semanas. Los dos pertenecen a la generación del baby boom (aquellos nacidos entre los años 1957 y 1977) y representan la tangibilidad de un problema que yo mismo comencé a estudiar en mis primeros días de colegio: el del envejecimiento poblacional y la demografía.

España es un país cada vez más mayor. La pirámide demográfica aspira a transformarse en una guillotina feroz y afilada, con capacidad suficiente para desmembrar impía ámbitos sociales tan sensibles como el sistema de pensiones, la sanidad o la función pública. Es cuestión de tiempo.

En el caso de la administración pública, y pese a las últimas ofertas de empleo público, la única certeza es que en pocos años la jubilación masiva de los funcionarios dará lugar a un escenario desértico, incierto y arriesgado, en el que la prestación de los servicios públicos, si no hacemos nada para remediarlo, se verá dañada por un grave defecto de personal. Nos estamos quedando sin médicos, sin profesores, sin jueces, sin arquitectos… ¿Y cuál es la respuesta institucional ante este problema que algunos ya han bautizado como la Gran Jubilación? Ninguna. El poder político, fiel a la liquidez de los tiempos y al cortoplacismo tacticista, sólo es capaz de proponer y aprobar reformas parciales, limitadas, y que además son explicadas a la ciudadanía sin ninguna pedagogía, escondiéndose en un rincón el tamaño de un asunto que poco a poco va creciendo, sin pausa, elevando con él la credibilidad de su amenaza.

Los efectos del envejecimiento de la función pública deben propiciar un debate político serio y provechoso sobre qué podemos hacer para que la administración siga sirviendo sin merma de garantías ni prestaciones al conjunto de la ciudadanía. Es preciso hacerlo de forma urgente, aparcando tópicos y sectarismos ideológicos, y abrazando consensos sobre elementos que son indiscutibles para todos nosotros: el valor de la digitalización, los enfoques orientados al rendimiento y la productividad o la atracción del talento joven a través de redefiniciones estatutarias.

Las administraciones públicas son fundamentales para la competitividad de los países. Confieren seguridad jurídica, salvaguardan la paz social y atienden a las necesidades básicas de todos. Igual que la educación, la sanidad o la justicia, o precisamente porque la función pública está presente en todas ellas —es su “cuerpo humano”—, es inaplazable la consecución de un pacto de estado que, respetando el marco competencial, permita una revisión profunda de las bases del funcionariado y su adaptación al tiempo presente. Una adaptación que será crucial para poder seguir mirando al futuro y continuar encontrando en el horizonte las fortalezas públicas que nos identifican como sociedad.

Ahora o nunca.

Es con la complejidad de las circunstancias con la que debe emitirse el juicio sobre la acción (o la pasividad) política. Sabemos hacia dónde transita la sociedad española, sabemos el riesgo real que suponen las jubilaciones masivas que ya se están produciendo, la tensión cada vez más elevada en muchos servicios. Por ello, y porque la administración es un asunto de todos, urge el diálogo, pero sobre todo el consenso responsable y efectivo.

Urge un pacto de estado en materia de función pública.

Ahora o nunca.

Álvaro Perea González es letrado de la administración de justicia.

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