La construcción urge a Adif la reforma de sus pliegos ante el riesgo de mayor judicialización

El sector ve en peligro la ejecución de los fondos europeos mientras la litigiosidad crece un 10% en el último año

Trabajos de montaje de vía, en febrero de 2020, en el corredor de alta velocidad Madrid-Galicia, ya en operación.Efe

La relación entre Adif y sus contratistas de obra pasa por un momento de tensión más allá del efecto del encarecimiento de los materiales de construcción. Entre las compañías, según fuentes del sector, preocupa una creciente litigiosidad debido a “la imposición de condiciones exorbitantes en los pliegos”. Este mensaje se están trasladando al administrador de la infraestructura ferroviaria, pero se va a insistir en la petición de reformas.

El choque está provocando, aseguran, la ralentización de concursos; entorpece la ejecución, y se teme que no pueda aprovecharse óptimamente la inyección de fondos europeos. Entre las patronales se habla de la urgente necesidad de rebajar ciertas exigencias en los procesos de licitación.

Adif reconoce que la litigiosidad se ha incrementado un 10% en el último año, lo que deriva en demoras en la tramitación de expedientes de contratación y una prolongación en los plazos de ejecución. El motor de la obra pública dice tener sentencias favorables en más del 90% de los casos ante el recurrente uso de los tribunales, por parte de las constructoras, para variar la letra de pliegos y contratos.

No ha sido así la semana pasada en el tira y afloja por un macroproyecto. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) recurrió en marzo contra distintos puntos del pliego para el soterramiento de la línea R2 de Cercanías en Barcelona a su paso por Montcada i Reixac y la construcción de una estación. Su valor roza los 400 millones y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha fallado a favor de la citada CNC, otorgando la nulidad de puntos en los que se requería responsabilidad solidaria a todas las entidades en la ejecución del contrato en caso de integración de la solvencia técnica con medios externos. Un extremo que, según defiende la CNC y ha acreditado el TACRC, es exigible únicamente cuando el contratista recurre a otras entidades o medios externos para mostrar solvencia económica y financiera (artículo 75.3 de la Ley de Contratos del Sector Público).

El otro punto de disensión era el del imperativo de tener adscritos a la obra los medios materiales necesarios para su ejecución durante los seis años de plazo previsto. En su recurso, la CNC habló de un requisito “desproporcionado” y no justificado. Fue tras la lectura del recurso cuando Adif argumentó ante el tribunal que la adscripción de medios durante toda la obra no supone la exclusividad de utilización en esa actuación sino una garantía de prioridad de uso frente a cualquier otro proyecto.

Se trata, según la empresa pública, de evitar que la falta de disponibilidad de medios entorpezca la evolución de una actuación de alta complejidad técnica. Pese a esta explicación a posteriori, el TACRC aprecia la falta de justificación en el expediente administrativo y también anula esta cláusula.

Temas pendientes

Además de este tipo de fricciones, se acumulan las demandas judiciales presentadas por las constructoras ante la desestimación de reclamaciones, en ocasiones por silencio administrativo. Un problema ante el que se urgen mecanismos ágiles para resolver incidencias en los contratos. Adif, por su parte, afirma que mantiene un intenso diálogo con el sector constructor y achaca buena parte de las disensiones al difícil contexto para las infraestructuras. También se arroga el mérito de ser uno de los primeros organismos en aplicar el Real Decreto Ley que lleva a la revisión de precios en la contratación de obra pública.

Otras peticiones a esta referencia del Ministerio de Transportes son una mayor apuesta por proyectos de obra de alta calidad para evitar posteriores problemas en la ejecución; la actualización de la base de precios para el diseño de pliegos ajustados al mercado, evitando distorsiones en las ofertas y posteriores desajustes de presupuestos; un menor peso de las propuestas económicas en la puntuación de ofertas, y el veto a las pujas temerarias que pueden acabar con obras adjudicadas a pérdidas.

Adif cree, por contra, que la nueva fórmula de valoración de la oferta económica está disminuyendo la dispersión en las puntuaciones y hace que las bajas vayan disminuyendo hasta el entorno del 15% en los últimos concursos. Un nivel que no cree excesivo.

Años críticos entre pandemia e inflación

Plazos. En un momento de dificultad para presupuestar una obra por el alza de precios en los materiales y en la energía, las empresas reclaman a Adif que demore lo menos posible las adjudicaciones desde la apertura de las ofertas. El plazo máximo es de dos meses salvo que se indique otra cosa en los pliegos.

Ejecución. Sobre un presupuesto de inversión de 13.400 millones entre 2019, 2020 y 2021, las mayores constructoras se quejan de que el grupo Adif presenta una ejecución media cercana al 40%. El impacto de la pandemia en los trámites administrativos fue indudable en 2020, pero las compañías también lo achacan a la litigiosidad y la paralización de obras por falta de mecanismos de revisión de los contratos. Adif subraya que su ejecución mejora un 30% entre enero y abril respecto al mismo periodo de 2021.