Bruselas cuestiona la toma de Air Europa por IAG por el dominio en rutas domésticas y a América
La Comisión Europea exige más cesiones al grupo liderado por Luis Gallego
La Comisión Europea no ve nada clara la absorción de Air Europa por IAG, grupo matriz de Iberia. Ni siquiera la ve tras las cesiones que le han planteado las aerolíneas implicadas. “Estos compromisos fueron considerados insuficientes”, señala el Ejecutivo comunitario, hasta el punto de que no ha discutido el asunto con otros “actores del mercado”, un paso habitual en estos procesos. Por eso, Bruselas ha concluido que la operación planteada “puede restringir la competencia [...] en las rutas dentro de España, con destino a España y procedentes de España” y, a la postre, pueda elevar “los precios y disminuir la calidad de los servicios”.
IAG, cuyo primer ejecutivo es el español Luis Gallego, puede intentar hacer cambiar de opinión a la Comisión. El propio departamento de Competencia, que es el que tiene que dar su visto bueno a la operación, aclara que la aerolínea “tiene ahora la oportunidad de responder al pliego de cargos y solicitar una audiencia oral”. No obstante, también apunta el comunicado emitido este viernes por la tarde que las compañías tienen “la posibilidad de presentar medidas para resolver los problemas preliminares de competencia señalados por la Comisión”. Tendría que hacerlo antes del 10 de junio, porque la fecha límite para que el Ejecutivo de la Unión tome una decisión es el 15 de julio.
Si las empresas españolas se deciden a dar este paso, serán medidas adicionales. Ya en febrero remitieron su primera propuesta de concesiones después de que en su análisis inicial la Comisión detectara riesgos para la competencia porque “podría reducir la competencia en el mercado de los servicios de transporte aéreo en varias rutas nacionales”. Este viernes ha insistido en esos peligros, por lo que si el grupo hispanobritánico que posee aerolíneas como Iberia, British Airways, Aer Lingus y Vueling quiere sumar a Air Europa a esta lista deberá ceder todavía más.
Entre los daños a la competencia que sigue apreciando Bruselas incide en que aprecia una posición de dominio en rutas domésticas sin alternativa en la alta velocidad ferroviaria, en los vuelos a Baleares y Canarias y en conexiones entre Madrid-Barajas y América. También ve problemas en “rutas de corta distancia que conectan España con países de Europa y Oriente Medio”.
IAG, por su parte, tiene hasta el 10 de junio para completar el lote de remedies (concesiones), esencialmente rutas y horarios que está dispuesta a entregar a aerolíneas rivales. “El proceso entra ahora en los meses decisivos durante los que la Comisión evaluará las soluciones que estamos planteando. Nuestra propuesta es muy sólida y creemos que logrará responder a todas las preocupaciones de la Comisión”, ha señalado la empresa nada más conocer el pliego de cargos que le ha enviado Bruselas.
Los cálculos de Iberia son que su oferta inicial “supone la cesión a otros competidores del 40% de los vuelos que operó Air Europa en 2023 con el compromiso de que ninguna ruta quede operada exclusivamente por Iberia y Air Europa”. Entre esos competidores -a los que la Comisión también consulta en este tipo de operaciones- y potenciales compradores de las rutas que ceda IAG es muy probable que estén Air France o Lufthansa, que miran con apetito el mercado americano.
A partir de ahora, el segundo intento de toma de Air Europa por IAG entra en su fase decisiva, justo en la fase en que ya descarriló la primera vez. En noviembre de 2019 se planteó esta fusión, una operación valorada entonces en 1.000 millones. Pocos meses después llegó la pandemia y cambió radicalmente el escenario, a esto hay que añadir las objeciones que ya vio la Comisión Europea hace cuatro años, lo que acabó por llevar a IAG a desistir de la compra en octubre de 2021.
El segundo intento se puso en marcha en febrero del año pasado, pero el precio fue mucho más bajo: 500 millones. La documentación de este movimiento corporativo no llegó a Bruselas hasta el pasado diciembre. Fue entonces cuando se puso en marcha el engranaje administrativo en la Comisión para analizar la operación y ver si hay riesgos para la competencia.
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